El Proyecto de Ley Corta de Pensiones que el presidente Sebastián Piñera firmó este lunes plantea que un mayor número de adultos mayores reciba la Pensión Básica Solidaria, que el monto de esta se ubique sobre la línea de la pobreza y que además se amplíe la cobertura de las lagunas previsionales. Nada de esto puede ser calificado como negativo. Sin embargo, la propuesta tiene letra chica que debe ser revisada con detenimiento porque podría generar múltiples perjuicios en diversos sectores de la economía.
¿De dónde provendrán los 1.100 millones de dólares anuales que se requieren para que la ley pueda materializarse? Esta es una de las preguntas que respondieron para El Líbero Tomás Flores, economista del Instituto Libertad y Desarrollo, y Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE, quien además formó parte de la comisión que en su momento creó el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para estudiar el asunto.
Una de las principales críticas que efectuó Flores al proyecto consistió en que el fisco no está aportando ningún tipo ahorro para lograr los beneficios previstos en la norma, sino que la plata provendrá enteramente de los contribuyentes.
«Toda la cuenta de esta propuesta la están pagando los contribuyentes. A mí me hubiera gustado que a lo menos hubiera habido cierto ahorro fiscal para financiar esto, que dijeran: de estos 1.100 millones de dólares, a lo menos hay 200 millones de dólares que los va a colocar el fisco en términos de ahorros que va realizar», explicó el especialista.
Son cuatro las principales alertas que los economistas advierten que hay que tener en cuenta al momento de discutir el proyecto:
Perjuicios para la compra de vivienda por parte de los sectores más vulnerables
La eliminación de la exención tributaria para el sector construcción, especialmente para las viviendas de menor valor, no fue evaluada de manera positiva por estos especialistas.
«Hay un problema en el sentido de que parte importante del financiamiento, más de 600 millones de dólares, vienen del sector de la construcción. Al eliminar el beneficio tributario que tiene ese sector para viviendas de menor valor, esto provocará que justamente las viviendas de hasta 60 millones de pesos suban de precio. Las viviendas de mayor valor no se van a ver afectadas, entonces creo que es una debilidad de la propuesta el hecho de que parte sustancial del financiamiento proviene de subirle el precio a las viviendas a las familias que son de clase media baja», explicó Flores.
Para Cifuentes, eliminar la exención sí sería una solución, siempre que esos mismos recursos se emplearan para otorgar subsidios directos para la compra de viviendas. «Se está eliminando la exención, pero no para favorecer la vivienda, entonces ahí hay un problema porque el acceso a vivienda es ya difícil y con esta eliminación se va a dificultar aún más», indicó la especialista.
Servicios que pagan cero de IVA tendrán que pagar el 19% correspondiente al impuesto
El cobro del impuesto al valor agregado por la prestación de servicios es otro de los temas álgidos de este proyecto. «Es razonable gravar con IVA los servicios, pero esto no se puede hacer de la forma en que lo está planteando el proyecto de ley. Es un cambio muy profundo de la estructura tributaria chilena y hay que hacerlo en forma gradual, porque servicios que en este minuto pagan cero de IVA van a empezar a pagar 19% y eso es un cambio demasiado significativo. Creo que esto es algo que habría que ir haciendo en Chile en forma gradual, tanto en términos de los sectores que quedan cubiertos, como en términos de la tasa», aseveró Cifuentes.
La economista explicó que por definición el IVA es un impuesto que grava a los bienes y servicios que se consumen en una economía y que en ese sentido el sistema tributario chileno ha sido hasta ahora un poco «anómalo». «Lo que uno observa en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es que los servicios están gravados con IVA y se determinan excepciones a esa norma. En Chile es al revés, hay excepciones que se gravan», indicó.
Flores también se pronunció con respecto al impuesto a los servicios. «Hoy día efectivamente una sociedad de profesionales, periodistas, ingenieros, abogados, prestan sus servicios exentos de IVA, a través de un instrumento que en Chile se llama factura exenta de IVA. Todas esas sociedades, en virtud de esta propuesta, tendrían que pagar este impuesto y tendrían que enfrentar esta carga, mientras que los servicios médicos, por ejemplo, seguirían exentos. Esto produciría, a mi juicio, una arbitrariedad», dijo.
¿Cómo quedaría el secreto bancario?
«En la actualidad no existe una obligación para los contribuyentes de informar al Servicio de Impuestos Internos sobre sus ingresos no constitutivos de renta. Lo anterior se debe a que no existe una norma que autorice a la autoridad tributaria para solicitar dicha información. Para solucionar esta situación, se incorpora una norma que faculta al Servicio de Impuestos Internos solicitar información a los contribuyentes sobre sus ingresos no constitutivos de renta».
Esto fue lo que indicó el Ejecutivo con respecto a la forma como se abordaría este tema en el proyecto en cuestión. Precisamente un asunto que se debe mirar con lupa en el texto del proyecto de Ley Corta de Pensiones es el del secreto bancario.
«Lo que se está proponiendo es que sea con la orden de un juez. No considero justo que te abran tu cuenta corriente sin que a lo menos un juez lo autorice. Eso es como que entre aquí un carabinero sin una orden del juez, tiene que haber causa probable», advirtió Flores.
Cifuentes también se refirió al respecto. «Yo comparto el diagnóstico de que es necesario que haya más herramientas para que el Servicio de Impuestos Internos pueda controlar más efectivamente la evasión. A mí me gusta más como mecanismo las multas cuando se sorprende a alguien en un problema de evasión, porque sino se daría un problema con la privacidad de la información», indicó la economista.
¿De dónde deberían provenir los fondos para este proyecto?
Ambos economistas coincidieron en que una fuente de financiamiento para este proyecto podría provenir de los recursos que ahora se emplean para programas sociales que están mal calificados.
«En Chile hay 600 programas sociales y cuando se evalúan salen mal evaluados. Creo que ahí hay recursos suficientes para hacer esto», aseveró Cifuentes.
«Hace pocos días atrás se entregó la evaluación de programas sociales gubernamentales y la gran mayoría de ellos fueron mal evaluados, entonces que todos los esfuerzos nuevamente tengan que pagarlos los contribuyentes y que el gobierno siga manteniendo programas ineficientes creo que no es correcto», indicó Flores al respecto.
De acuerdo con el proyecto, además de las fuentes de financiamiento que ya se han mencionado, para la ampliación y fortalecimiento del Pilar Solidario se reducirían o eliminarían exenciones como las de los mercados de capitales. El objetivo sería gravar el mayor valor obtenido en la enajenación de instrumentos que cuenten con presencia bursátil, con un impuesto único de 5%.
El proyecto también prevé que la exención del pago de impuestos sobre las rentas de arrendamientos se aplique solo hasta un número de dos viviendas por persona, independientemente del año de adquisición de los inmuebles. Hasta ahora las viviendas adquiridas antes de ese año no están sujetas a dicha limitante. Adicionalmente se propone la imposición de impuesto a los dineros cobrados por seguros de vida.
En todo caso, aunque el proyecto de Ley Corta de Pensiones implique un aumento de la cobertura del Pilar Solidario del 60 al 80% de la población, lo que implica una inclusión de más de 500 mil adultos mayores en el beneficio de Pensión Básica Solidaria, que además se ubicaría en 178.958 pesos mensuales, lo cierto es que la propuesta contiene algunos aspectos, que según los entendidos en la materia, no serían los más convenientes para la economía del país.
«Desde el punto de vista político esta mejoría del Pilar Solidario va a ser inevitable y es la consecuencia de haber hecho este desastre que fueron los tres retiros. Todavía no sabemos qué va a pasar con el cuarto, a lo mejor se rechaza ahora, pero se aprueba más adelante. Tenemos un problema de pensiones gravísimo en Chile, pero también es verdad que estamos con una situación fiscal bien compleja», indicó Cifuentes.
Flores también fue crítico con respecto a los retiros. «Lamentablemente en el caso de Chile, como la gente se gastó su ahorro previsional, hoy día no tiene nada de dinero para poderse pensionar, entonces va a tener que ir a pedir pensiones de pobreza, que son las que se están implementando en virtud de esta propuesta», manifestó.