Una controversia se generó por el nombre «Convergencia Social». Así quedó registrado el partido político al cual pertenece el candidato presidencial Gabriel Boric en acta notariada el pasado 29 de mayo de 2019. Sin embargo, una organización social comunal reclama que ese nombre les pertenecía antes de que fuese conformado el partido e intentaron inscribirse, sin éxito, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) el 7 de mayo de 2019.
Hoy iniciamos nuestro proceso de legalización en el @ServelChile.
Con fuerza y esperanza #LaConvergenciaSocial avanza ✊???? pic.twitter.com/cLBqdSKB6l— Convergencia Social ???? #BoricPresidente (@la_convergencia) May 31, 2019
La historia se remonta a un año antes. «Durante el año 2018, se formó una organización social comunal, no partidista denominada ‘Convergencia Social’, integrada por vecinas y vecinos de distintas organizaciones de la comuna Pedro Aguirre Cerda», se señala en una denuncia pública fechada el pasado 9 de diciembre por la junta de vecinos en cuestión, que ahora se conoce como «Movimiento Social Aguirrino».
«Nosotros reclamamos que este partido político se apropió de nuestra identidad, derechamente se colgaron de nuestra identidad y usaron nuestro nombre para lo que hoy es el partido político. Esto afecta a la dignidad de los vecinos de Pedro Aguirre Cerda, que conforman esta organización y que se sienten afectados porque robaron parte de nuestra historia», explica Felipe Olivares vocero del Movimiento.
Olivares describe que en 2018 la organización tuvo una serie de encuentros con la diputada Gael Yeomans y acusa que «ellos conocía de nuestra existencia». Los encuentros se dieron en el marco de acercamiento entre la comunidad y la legisladora a propósito de «una protesta por el cambio de los medidores y ella nos reconoció, incluso hay un video de eso, en donde ella nos reconoce como organización como Convergencia Social».
Sin embargo, la solicitud de inscripción realizada por Olivares para pedir el dominio de «Convergencia Social» como organización de reuniones políticas en Inapi fue rechazada. El requerimiento de marca fue publicado en el Diario Oficial bajo el número 1.322.645 el pasado 14 de junio de 2019.
Es precisamente porque la solicitud se hizo de forma pública, que el vocero de la asociación apunta a que «no pueden alegar desconocimiento porque en el Diario Oficial salió la solicitud de inscripción de Convergencia Social como marca ante el Inapi. Para poder iniciar el proceso administrativo consta de varias etapas y una de esas etapas es precisamente una publicación».
Sin embargo, exactamente dos meses más tarde la institución entregó observaciones de fondo a la marca. En el documento apunta a que «la marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios pedidos». Esto porque se habría buscado inscribir bajo clase 45, es decir, que el producto o servicio a entregar por «Convergencia Social» serían: “servicio de suministro de información jurídica sobre cuestiones de orden político y suministro de información jurídica de cuestiones relacionadas con derechos humanos”, pero éste no sería el propósito de la organización comunal.
Al mismo tiempo, el Inapi agrega que «en efecto consta en la base del Servicio Electoral de Chile la existencia de un partido político en formación denominado ‘Convergencia Social'», por lo que la resolución favorable para la inscripción se podría prestar para confundir a las personas. «Por tanto otorgar la presente solicitud de marca se prestaría para toda clases errores y engaños respecto del verdadero origen y procedencia del signo», concluyen las observaciones.
El 23 de diciembre de 2019 la resolución de Inapi rechazó la inscripción de la junta de vecinos. La disposición añade, a los argumentos ya entregados, que «la expresión ‘Convergencia Social’ ha sido utilizada ampliamente por dicho partido político en formación, y por la prensa televisada y escrita para aludir a dicha asociación política». Agrega que el partido ya cuenta con elementos inherentes a la naturaleza de la marca y su capacidad distintiva.
Y pese a que la junta vecinal podía apelar la decisión -a Inapi, el Tribunal de Propiedad Industrial o, en última instancia, la Corte Suprema- Olivares explica que «no lo hicimos porque no contábamos con los recursos económicos para poder disputar ante esta acción legal el nombre con un partido político en formación».
Debido a que el objeto de Inapi, en este caso, era resolver respecto a la inscripción de la marca, durante el proceso no hubo notificación alguna al partido porque no correspondía en el procedimiento.
De igual forma, Olivares asegura que en una ocasión asistió al Congreso a conversar con la diputada. «Nos dijo que ellos iban a conversar el tema internamente. En ese minuto el partido estaba en formación. Esto fue entre el 2018 y el 2019. Ella nos recibió en su oficina parlamentaria y dijo que iba a conversar esto con el grupo, que a ella le parecía que era un malentendido, que había surgido una idea del nombre por allá por Punta Arenas, que allá habían dado la idea de este nombre», describe. Sin embargo, la junta comunal no se comunicó con el partido para denunciar los hechos de manera formal o por escrito.
Desde El Líbero se intentó contactar con la diputada Gael Yomans vía mensaje y llamada telefónica, pero al cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta. También se contactó al Partido Convergencia Social desde donde aseguraron no tener conocimiento de la denuncia.
El vocero sostiene que la comunidad no realizó la inscripción con antelación porque «actúo de buena fe porque no teníamos la amenaza de que nos iban a quitar el nombre. De hecho nosotros ahora tenemos el Movimiento Social Aguirrino y también de buena fe no lo hemos inscrito».