El abogado Luis Cordero Vega fue nombrado como ministro de Justicia por el Presidente Gabriel Boric, en reemplazo de Marcela Ríos, a raíz del escándalo de los indultos a los presos del estallido y al ex frentista Jorge Mateluna, entre otros graves problemas de gestión.
Cordero, sin embargo, fue sancionado por plagio académico en 2016 mientras era profesor de la Universidad de Chile. La irregularidad la cometió en sus libros “La responsabilidad de la Administración del Estado” (2011) y “Lecciones de Derecho Administrativo” (2015).
De hecho, el propio Gabriel Boric como dirigente estudiantil de la universidad en 2009 fue muy duro activista en contra del decano Roberto Nahum ante supuestas denuncias de plagio, y realizó un paro que duró varios meses.
La sanción por el plagio de Luis Cordero
La denuncia contra Luis Cordero la presentaron los académicos Cristián Romero Cordero, Claudio Moraga Klenner y Gladys Camacho Cepeda.
Según consta en el sumario -que se adjunta más abajo-, al abogado de la Universidad de la República y entonces académico de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se le acusó por diez situaciones relacionadas con la transcripción de forma literal de párrafos, pasajes, páginas y trabajos de otros autores y profesores, a los que no le dio el crédito.
“Conductas todas estas calificadas como infracciones al deber de probidad administrativa”, concluyó el sumario.
La investigación del profesor Arturo Prado por el plagio de Luis Cordero
Un dato desconocido es que el abogado Arturo Prado Muga, ministro de la Corte Suprema desde 2017, fue designado en 2015 como fiscal del sumario seguido en contra del ahora ministro de Justicia.
El magistrado se desempeña hasta hoy como profesor de Derecho Comercial de la U. de Chile -donde imparte clases desde 1988-, y es reconocido y muy respetado por sus pares.
Tras la denuncia, el entonces decano, Davor Harasic, lo designó como fiscal para tramitar el sumario.
Un aspecto relevante es que, tras recibir la denuncia de algunos profesores en contra de Luis Cordero, se formó a una comisión de ética compuesta por profesores de la universidad, la que recomendó la realización de un procedimiento de sumario, debido a los cargos existentes y a las defensas del acusado en su favor.
El trabajo del profesor Prado como fiscal concluyó con una propuesta de sanción administrativa, consistente en dos meses de suspensión de sus funciones docentes, y en la rebaja del 50% de su remuneración. Esa proposición fue acogida por el decano Davor Harasic, y ratificada por el rector Ennio Vivaldi.
En su rol de instructor, Arturo Prado concluyó que el académico Luis Cordero cometió infracciones al deber de probidad administrativa, sanción que fue íntegramente cumplida.
Incluso, el decano Harasic estableció en la resolución exenta 642 del 4 de noviembre de 2014, que los hechos atribuidos al inculpado “son uno de los más graves (que puedan darse) en una comunidad académica, pues atenta contra las bases del quehacer académico consagrados en el artículo 4 del Estatuto Universitario».
El rector Ennio Vivaldi ratificó el sumario contra Luis Cordero
La máxima autoridad de la universidad validó la labor indagatoria de Arturo Prado al rechazar el recurso de apelación presentado por Luis Cordero. Ello mediante la resolución exenta 01684, del 10 de diciembre de 2015.
En el acápite 11, Vivaldi señaló que “este rector concuerda y hace suyo el razonamiento y las conclusiones del sancionador, en la resolución 642, estimándose ajustadas a mérito de la investigación desarrollada por el fiscal instructor”.
Vivaldi argumentó que los plagios descritos en las denuncias son “de la mayor gravedad, atendido por una parte el contexto en que se suscitaron (una comunidad universitaria que está mandatada a constituirse y permanecer como reserva intelectual del país, caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente responsable) y, por otra, que su reiteración a lo largo de los años evidencia una praxis reprochable y no un error puntual o meramente infortunado”.
Quién es el supremo Arturo Prado
Arturo Prado Puga es ministro de la Corte Suprema desde agosto de 2017, donde integra la Sala Civil. Fue propuesto por la ex Presidenta Michelle Bachelet, y su cupo corresponde a los asientos de abogados externos al Poder Judicial. El Senado lo ratificó por 25 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Como abogado y juez ha tenido una exitosa y reconocida carrera profesional.
En 2012 fue abogado integrante de la Primera Sala Civil de la Corte de Apelaciones, entre 2017 y 2019 fue juez de la Tercera Sala Constitucional de la Suprema, y durante 2022 formó parte de la Comisión Constitucional de la Corte Suprema.
En julio de 2021, el supremo elaboró un crítico informe sobre la seguridad de los tribunales en Cañete, y se manifestó “partidario de mantener el régimen de emergencia en la zona hasta que se deponga cualquier atisbo de violencia, alteración o anormalidad y se establezca una pacífica y sana convivencia cualquiera sea el objetivo que se pretenda alcanzar”.