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Publicado el 18 de septiembre, 2015

La cuestionada política de preservación patrimonial de Santiago que deberá resolver la Corte de Apelaciones

Autor:

Renato Gaggero

Jorge Edwards Fernández de Castro, hijo del escritor del mismo nombre, presentó un recurso de protección luego que el municipio comandado por Carolina Tohá declarara su edificio como “Inmueble de Conservación Histórica”.
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Renato Gaggero

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La revista ED fue la primera en mostrar su departamento en la calle Rosal, en el barrio Lastarria. Murallas calipso, sillones de Mario Matta y decenas de objetos de diseño decoran el hogar de Jorge Edwards Fernández de Castro, hijo del premiado escritor y diplomático del mismo nombre.

Jorge-Edwards-450x600El edificio en el que está situado fue construido por su abuelo en 1927 y tiene tres pisos. Él vive en el segundo y trabaja en el primero, donde se ubican las oficinas de la prestigiosa distribuidora de libros Fernández de Castro, empresa creada hace ya varios años por su difunta madre.

Pero el 20 de mayo, y sin haber sido notificado por nadie, el concejo de la Municipalidad de Santiago decidió el destino de su edificio. En votación dividida se definió que pasaría a ser un “Inmueble de Conservación Histórica” junto a otras 185 viviendas de la comuna, con todas las obligaciones que una decisión así implica para el dueño: imposibilidad de demoler o hacer modificaciones a la obra sin previa consulta a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que puede tardar varios meses en responder a una solicitud y que no costea ninguno de los trámites que deben hacer los interesados.

Edwards recibió el primer aviso al respecto la primera quincena de julio, cuando dos concejales que votaron en contra de la medida le enviaron una carta. Y el 6 de agosto decidió presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra de la Municipalidad de Santiago y el concejo municipal “por el acto ilegal y arbitrario de proceder a declarar nuestros inmuebles ubicados en calle Rosal 358-360 y 377, comuna de Santiago, como inmuebles de conservación histórica”.

A juicio del demandante, el acto “constituye a todas luces una privación a nuestro derecho de propiedad sobre nuestros inmuebles como la imposición de una carga de carácter confiscatorio que vulnera el derecho de propiedad y el derecho a la igualdad ante la ley, derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°24 y N° 2, respectivamente, de nuestra Constitución”.

En el texto de la demanda Edwards pide que se deje sin efecto la declaración de su edificio como inmueble de conservación histórica y reclama que “se nos está imponiendo una carga que no estamos obligados a soportar, pues esta constituye una carga extraordinaria que excede el límite del sacrificio que un particular debe soportar en pos de la sociedad”.

Felipe Alessandri, concejal de Santiago: “Con esto sólo se genera un mayor deterioro”

felipe alessandriEn diálogo con “El Líbero”, el concejal Felipe Alessandri (RN), uno de los que se opuso a la medida impulsada por la alcaldesa Carolina Tohá y que informó a Edwards de la nueva situación de su edificio, señala que en esta materia se han cometido una serie de desinteligencias que han terminado afectando a los vecinos de la comuna y que no han rendido los frutos que todos esperaban: que realmente se resguarde el patrimonio.

“Todos los concejales estamos por proteger el patrimonio de la comuna; de eso qué duda cabe. Pero discrepamos en cuál es el mejor camino para lograrlo. Unos creemos que con la institucionalidad vigente y con las declaraciones de inmuebles de conservación histórica, sólo se genera un mayor deterioro pues se traspasa la obligación de mantención del patrimonio a sus dueños, siendo que del patrimonio nos beneficiamos todos y lo goza la ciudadanía sin exclusión. Es justamente ahí donde se lesiona gravemente el derecho a propiedad de los dueños de los inmuebles, pues ellos deben soportar las cargas de algo que no sólo los beneficia a ellos”, señala.

En esa línea, agrega que en 2013 la administración de Tohá declaró más de 200 inmuebles como de conservación histórica en el barrio Matta, viviendas que pertenecen en su mayoría a personas de la tercera edad que reciben una jubilación exigua. A su juicio la experiencia no fue buena, pues cuando han querido hacer pequeños arreglos, como pintar la fachada, han debido esperar meses y no han recibido ninguna ayuda del municipio, como un arquitecto que los asesore de forma gratuita para hacer la presentación ante la Seremi.

palacio pereiraPor las trabas que tiene el sistema, Alessandri –quien también es vicepresidente de la comisión de Patrimonio de la municipalidad- señala que muchas veces el efecto de esta política pública ha sido el contrario al esperado. “Algunos propietarios dejan morir sus inmuebles. Ejemplos hay muchos, desde el Palacio Pereira (en la foto, antes de su remodelación) al Teatro Esmeralda”.

También menciona el caso de dos colegios declarados como “inmuebles de conservación histórica” que debían hacer reparaciones en el verano, cuando no hay clases. Presentaron la solicitud con tiempo, pero cuando llegó enero los permisos de la Seremi aún no estaban listos y finalmente no pudieron realizarse las obras, acentuándose el deterioro.

El concejal de RN sostiene que se deben generar mecanismos compensatorios para los afectados, que aseguren una conservación y protección eficaz. Por ejemplo, no sobreproteger si los inmuebles ya están emplazados en Zonas Típicas. También aumentar considerablemente los fondos de programas que ya existen en ministerios como el de Cultura y Vivienda para conservación de inmuebles de carácter patrimonial. Asimismo, cree que se debe considerar una rebaja permanente del impuesto territorial a esas personas y que se deben acotar los plazos para la tramitación de los permisos.

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