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Publicado el 13 de septiembre, 2015

José Miguel Vivanco y condena a Leopoldo López: “Los gobiernos de la región deben abandonar su silencio cómplice”

Autor:

Uziel Gomez

El director de la división América de Human Rights Watch asegura que "salvo contadas excepciones, la reacción a nivel regional (sobre los abusos a los DD.HH. en Venezuela) ha sido lamentable y vergonzosa".
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Uziel Gomez

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El líder y opositor político al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Leopoldo López, fue sentenciado en un tribunal de primera instancia a 13 años y nueve meses de prisión por los supuestos delitos de “instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio” con relación a las protestas estudiantiles y antigubernamentales de febrero de 2014.

La condena del abogado, ex alcalde y fundador del partido Voluntad Popular, ha sido criticada por diferentes líderes mundiales y organismos, como la Unión Europea, que señaló que el juicio no entregó a los acusados «las garantías adecuadas de transparencia y debido proceso legal». Incluso, el ex presidente español Felipe González dijo que la condena demostró que en Venezuela hay una “dictadura de facto”.

José Miguel Vivanco, director de la división América de Human Rights Watch, conversa con “El Líbero” sobre el polémico fallo, al que apelará López.

Leopoldo López en la cárcel-¿Cuál es la opinión de Human Rights Watch sobre la condena de 13 años a Leopoldo López?

-La condena contra López es una arbitrariedad absoluta. En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes (a López y a tres estudiantes cuyas causas fueron acumuladas al caso de López) luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente. El juicio fue una farsa, donde no se respetaron las más mínimas garantías del debido proceso, empezando por la presunción de inocencia.

-¿La justicia venezolana dio garantía de autonomía e independencia del Gobierno de Maduro?

-En Venezuela no existe la independencia judicial. El poder judicial venezolano ha dejado de actuar como un poder independiente de gobierno desde que, en 2004, Chávez y sus partidarios coparon políticamente el Tribunal Supremo de Justicia, aumentando la cantidad de jueces de 20 a 32 y nombrando allí a personas afines al gobierno. Desde entonces, miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado de forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y han emitido  reiteradamente pronunciamientos a favor de este, avalando la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.

Como la mayoría de los jueces venezolanos no gozan de estabilidad en sus cargos y pueden ser destituidos por medio de mecanismos que no respetan garantías básicas de debido proceso, se encuentran expuestos a que los destituyan por las decisiones que adoptan. Este es justamente el caso de la jueza que condenó a López. Con este esquema, no hay quién se anime a resolver contra el gobierno de Maduro, mucho menos en un caso de tanto interés para el gobierno como el de López.

-¿Los delitos por los que se le condenó están justificados?

-Nosotros revisamos el expediente judicial contra López y el Ministerio Público no presentó ninguna evidencia que vincule a López a ningún delito. Las evidencias se limitan a probar que como consecuencia de incidentes en la manifestación del 12 de febrero de 2014 en Caracas hubo daños a vehículos e inmuebles, pero en ningún lado se prueba que López haya cometido delitos. De hecho, la orden de aprehensión contra López reconoce que él se retiró del lugar donde ocurrieron los incidentes antes de que sucedieran, pero invocaba como prueba de su responsabilidad penal una serie de “pronunciamientos con mensajes subliminales” que había expresado a través de Twitter. Y no especifica cómo este supuesto discurso “subliminal” o indirecto había provocado concretamente la comisión de delitos.

-Su señora Lilian Tintori dijo que la condena ratifica que en Venezuela se vive en dictadura, al igual que el ex presidente Felipe Gonzalez, quien dijo que se ha convertido en una «dictadura de facto». ¿Comparte dichas declaraciones?

-Preferiría limitarme a los hechos. Independientemente del rótulo que cada uno le ponga, lo que queda claro es que esta condena demuestra el deterioro extremo del estado de derecho en Venezuela, donde no quedan instituciones independientes, incluyendo el poder judicial, que puedan salvaguardar los derechos de los venezolanos ante los abusos de autoridad.

-¿Qué acciones tomará HRW ante esta condena?

-Seguiremos monitoreando el caso muy de cerca, e instando a los gobiernos de la región que abandonen su silencio cómplice ante los gravísimos abusos que vienen ocurriendo en Venezuela en el último tiempo. Salvo contadas excepciones, la reacción a nivel regional ha sido lamentable y vergonzosa.

-¿Qué le gustaría que hiciera la OEA ante esta condena?

-La OEA, y otros organismos regionales como Unasur y Mercosur, así como los gobiernos latinoamericanos individualmente, deben pronunciarse públicamente cuestionando los abusos en Venezuela, incluyendo la sentencia contra López y los estudiantes, la impunidad de los abusos contra manifestantes y transeúntes cometidos durante las protestas en 2014, y otros problemas como la falta de acceso a medicinas e insumos básicos en el país. No se trata de pedirles un favor, sino de recordarles que tienen la obligación de abordar estos temas porque estamos ante violaciones de derechos humanos fundamentales, cuya protección no tiene fronteras.

(AP foto/Fernando Vergara, Archivo)

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