Involucrar a las compañías telefónicas: el método de El Salvador para inhibir la señal de celulares en cárceles  

En un megaoperativo realizado en marzo en 31 cárceles chilenas, se confiscaron 376 teléfonos celulares y, según estadísticas de Gendarmería, hasta octubre de 2023 se habían decomisado 24.713 dispositivos en todas las prisiones del país. Las autoridades han advertido que los aparatos en manos de los reclusos se usan para actividades ilícitas como estafas telefónicas, amenazas y coordinación de delitos con miembros de organizaciones criminales que operan desde fuera de los centros penitenciarios. El caso más conocido del último tiempo: el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social, donde un reo de la cárcel de Puente Alto se hizo pasar por el entonces ministro Giorgio Jackson para cometer el ilícito.

Por eso, en abril el ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció la puesta en funcionamiento de inhibidores de señal de celulares en tres penales del país (Santiago 1, la ex Penitenciaria y el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad), con el objetivo de mejorar el control de Gendarmería y bloquear los contactos ilegales de los presos con el exterior.

Sin embargo, parlamentarios plantearon dudas sobre la eficacia del sistema de inhibidores de señal, de origen israelí -que costó unos $10 mil millones-, e incluso llevaron el caso a Contraloría para que investigue. En este marco surgen opciones derivadas de experiencias extranjeras, como la de El Salvador. En ese país se decidió involucrar a las empresas telefónicas, multándolas si se detectaba que -pese a los inhibidores intra penales-, se emitían señales de esas compañías desde las cárceles. ¿Sería posible y útil replicar la idea en Chile? La iniciativa tiene partidarios y detractores.

¿Cómo funciona el bloqueo de la señal en las cárceles de El Salvador?

«Fijamos multas millonarias al operador de telefonía móvil que irradiara señal a un centro penal”, esa fue la respuesta del ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, al ser consultado en septiembre por El Mercurio sobre cómo impidieron en ese país que los presos tuvieran contacto con el mundo exterior para seguir dirigiendo crímenes.

De esa manera el gobierno salvadoreño traspasó parte de la responsabilidad en la solución del problema a los privados.

No es que antes el Estado no hubiera intentado bloquear las señales. Los inhibidores en las cárceles salvadoreñas existen y la multa a las a empresas cuya señal se detecte en los penales data de 2016, conforme al artículo 14 de la “Ley Especial contra Extorsiones”. Esta se aplicó en principio de forma transitoria y desde 2018 de manera definitiva. Se establecían multas de “753 mil dólares por cada día que se detectara una falta”, explicaban en ese entonces medios salvadoreños. En esos casos, la norma otorgaba un plazo de tres meses a las empresas infractoras para dejar de ofrecer servicio en los perímetros ocupados por las cárceles.

Desde junio de 2019, mes en que asumió Nayib Bukele como presidente de esa país, la medida se intensificó. Se aumentaron las sanciones a más de “900 mil dólares diarios a las compañías que mantengan la señal telefónica y de internet en las prisiones”, expresó el ministro de Seguridad salvadoreño, Rogelio Rivas, a la prensa local. Además, el plazo de tres meses para cortar el servicio, se acortó de tres meses a 72 horas.

A los proveedores de servicios se les instruyó que no podían instalar equipos o infraestructura que generara o transmitiera señales en zonas aledañas a las prisiones, ni habilitar servicios a usuarios con equipos cuyas señales alcanzaran el interior de cárceles, explicaba la prensa de ese país. 

Detractores y partidarios del sistema de Bukele para «cortar toda comunicación de los reclusos con el exterior»

Antes de que la Ley Especial contra Extorsiones entrara en vigencia, se interpuso en 2015 una demanda ante el tribunal constitucional de El Salvador, pidiendo que se declarara la inconstitucionalidad del referido artículo 14 de la norma. “No es la medida apropiada para impedir llamadas telefónicas desde los centros penales”, explicó el abogado constitucionalista Enrique Anaya Barraza, hoy férreo opositor a Bukele. En marzo de 2016 la solicitud del jurista fue declarada ilegal, con lo que se confirmó el endurecimiento de la norma.

La ley también fue criticada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). En 2019 representantes de varias compañías telefónicas se reunieron con Bukele para debatir sobre el tema, pero no emitieron comentarios sobre lo conversado en la cita.

Para junio de 2022, Bukele afirmó que habían recuperado el control del sistema penitenciario. Entre las razones que entregó para ese logro: “Cortar definitivamente toda comunicación de los reclusos con el exterior”.

Diputada Gloria Naveillán: “Acá hay una responsabilidad también de quienes dan las señales a los celulares” 

La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Gloria Naveillán (Ind.-PDG) está de acuerdo con la la idea de involucrar a las telefónicas en el desafío.

“Acá hay una responsabilidad también de quienes dan las señales a los celulares, es decir, las compañías telefónicas. Ellas también tienen que cooperar en esto», afirma la parlamentaria.

Para Naveillán, «lo que se hizo en El Salvador de aplicar multas leoninas, que duelan, para que las compañías eviten emitir la señal a esos lugares, es súper razonable. Probablemente no es la única medida, pero sí contribuye”.  

Parlamentario Cristián Araya: “La experiencia salvadoreña recomienda traspasar esta responsabilidad a las compañías»

El diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, comenta a El Líbero que “la experiencia salvadoreña recomienda traspasar esta responsabilidad a las compañías para evitar que la señal telefónica llegue a los recintos penitenciarios».

«Creemos que junto con entregar esa responsabilidad de las compañías se debe velar porque haya otros mecanismos para evitar que llegue la señal. Se ha detectado que en algunos centros penitenciarios que autos o casas proveen de Wifi al interior de cárceles. Ese aspecto creemos que también debe ser abordado”, acota. 

Exdirector de Gendarmería: «Es importante tener una restricción legal para que antenas estén alejadas de las cárceles»

Christian Alvear, exdirector de Gendarmería, ve de forma favorable la medida salvadoreña. “Si colocas una antena más potente, más cerca, inhibe incluso a los Jammers (un tipo de inhibidor avanzado). Por eso es importante tener una restricción legal para regular que las antenas estén alejadas de las cárceles«, dice.

«Si queremos que los penales estén sin señal telefónica, es imposible que alguien coloque una antena colindante a la cárcel. El objetivo de las compañías es potenciar las señales con más intensidad que otra compañía, es un negocio”, agrega.

Director de Paz Ciudadana: “Cuando se piensa que el bloqueo es la solución, se renunció a que no van a entrar celulares a las cárceles»

Otros actores en la materia creen que el camino de involucrar a los privados no es el correcto. El director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, sostiene que “la solución no es el bloqueo, sino eliminar los celulares en las cárceles».

«Cuando se piensa que el bloqueo es la solución, se renunció a que no van a entrar celulares a la cárceles. Eso significa también que hay un descontrol de las fronteras del penal. Si ya no tenemos la posibilidad de evitar el ingreso, no queda otra alternativa que tratar de bloquearlos”, afirma.

Parlamentarios Jouannet y Fuenzalida, en contra de traspasar la responsabilidad de los privados

En la misma línea, el diputado miembro de la Comisión de Seguridad, Andrés Jouannet (Amarillos), plantea a este medio que “el problema es que las cárceles chilenas están en lugares urbanos, donde hay señales telefónicas. Lo que hay que hacer es que no se puedan ingresar teléfonos a las cárceles y que los sistemas de control deban ser más rigurosos. No podemos estar inhibiendo celulares en lugares donde no debería haber celulares”. 

Para el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), uno de los parlamentarios que impulsó la denuncia de los inhibidores en Contraloría , “es un error atribuir la responsabilidad de la inhibición de señales en cárceles a los privados«.

«Es el Estado el que debe ocuparse de que las medidas de seguridad al interior de los penales funcionen y es su responsabilidad que se haga de forma efectiva”, asevera.  

Un mes después de la puesta en marcha de los inhibidores, diputados de la UDI denunciaron en Contraloría que dichos sistemas estarían funcionando parcialmente.

“La denuncia que hemos recibido expone que el 30% de los dispositivos serían encendidos, pero de manera intermitente, por lo que en algunos momentos del día no se encontrarían operativos, funcionando solo en horario de almuerzo del personal de Gendarmería”, señaló entonces Fuenzalida, uno de los impulsores de la denuncia. 

Defienden resultados, pero se niegan a actualizar las cifras alegando que son de carácter «secreto y reservado»

El Ejecutivo y Gendarmería han defendido el funcionamiento de los inhibidores. A principios de julio autoridades aseguraron que estos dispositivos están en funcionamiento las 24 horas y que en los primeros tres meses se bloquearon 11.900 celulares.

Vía Transparencia, Gendarmería se negó actualizar la información -por cada cárcel- a este medio, diciendo que se trataba de datos de carácter «secreto y reservado».

Independientemente de la postura de los parlamentarios respecto al modelo salvadoreño, desde la Cámara han sido críticos con los resultados de los inhibidores en Chile.

«Hasta ahora se ha demostrado que los inhibidores de señales desde los recintos penitenciarios no han servido para nada. Ponen inhibidores, los vecinos alegan que les cortan la señal a ellos, y si resulta que la cosa está acotada al puro recinto penitenciario, igual llaman, porque todos recibimos llamadas estafa desde las cárceles. La cuestión, así como está, no está funcionando”, señaló Naveillan.

El Líbero contactó a varias compañías telefónicas para conocer su impresión sobre la iniciativa salvadoreña, sin embargo sólo una declinó a referirse al tema, mientras que el resto no se pronunció hasta el cierre de esta edición.