Luego de una labor de un poco más de tres meses, finalmente este martes la Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado entregó su informe para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, sin dejar caer el sistema de Isapres. El informe estima que la devolución que tendrán que hacer en la industria es de un tercio de lo que calculó inicialmente la Superintendencia de Salud. De este modo se estableció que la obligación con los afiliados asciende a US$451 millones, y no a los US$1.400 millones, que indicó originalmente la superintendencia.
En Mirada Líbero el ex superintendente de Salud, director de Isapre Esencial y académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza, con estos números a la vista aseguró que “no es un perdonazo, es un informe técnico muy sólido, con 16 personas que lo suscriben de manera unánime. Me parece que es un análisis y una propuesta que sí busca una solución. Es sólida si es que el Gobierno lo asume como un informe y lo traduce en indicaciones al proyecto de la ley corta”.
En este sentido, destacó que es una propuesta que debería ser apoyada de manera transversal. “La ministra de Salud respaldó plenamente este informe, por lo tanto lo que ahora correspondería es que el gobierno tome las indicaciones legislativas que ya están redactadas en el propio informe. Si se envían esas indicaciones con el respaldo del Ejecutivo, este proyecto podría ser aprobado, espero, transversalmente”, sostuvo.
“Esta iniciativa no le cuesta ni un solo peso al Estado chileno”
El 30 de noviembre de 2022, la Tercera Sala de la Corte Suprema dio a conocer su fallo contra las Isapres y la tabla de factores, por lo que dentro de poco se cumplirá un año de este dictamen. Para Inostroza, “esta postergación, que a mi juicio es irresponsable de parte del Gobierno, se debe fundamentalmente a sus dos almas, es decir a esta alma más prudente, más del Socialismo Democrático que buscaba una solución. Recordemos que la ministra intentó una solución hace ya ocho meses atrás y el Comité Político, el ala más dura del Frente Amplio y el Partido Comunista, le quitó el piso político para que esa solución se llevara adelante”.
Inostroza aseveró que el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, (miembro del Partido Socialista), fue quien impulsó un acuerdo transversal; siendo que entre quienes conforman este Comité Técnico hay representantes de la Superintendencia de Salud, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, de la Asociación de Isapres, el Centro de Estudios Espacio Público, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; y cada uno de los cinco senadores que componen la Comisión de Salud tiene a un asesor directo en la instancia.
“Yo felicito la iniciativa que ha tenido el senador Castro en esta en esta dirección y logró conformar este comité técnico. Me hubiera gustado que esto hubiera sido liderado por la propia ministra. No fue así por esta desautorización que el ala más de izquierda le hizo a la ministra de Salud y el Senado tuvo que tomar la iniciativa. Ahora depende del Gobierno que resuelva esta ambigüedad entre sus dos almas y se decida a buscar una solución. Porque aquí no hay un perdonazo, no hay plata fiscal. Esta iniciativa no le cuesta ni un solo peso al Estado chileno. No hay que quitarle plata a los más pobres para favorecer a los más ricos”, afirmó.
Y añadió que con esta propuesta entregada por el Comité Técnico, se podría “dar continuidad en los planes de salud a 2.900.000 personas que son las que hoy día están en el sistema de salud. Le permite dar continuidad a los prestadores privados que no tendrían que quebrar por una crisis más sistémica, y que también terminaría afectando a los afiliados de Fonasa. Por lo tanto, se evita toda esta crisis y por eso que esperaría que el Gobierno y la ministra de Salud tomara de una vez por todas el don de mando y apoyaran este informe. Si no, significaría abandonar a millones de personas a su suerte y eso creo que no sería bueno”.
“Espero que finalmente se apruebe el proyecto”
A pesar de lo anterior, Inostroza advierte el rol que puede tener el ala más radical del gobierno. “Si el gobierno, por estas dos almas que tiene, esta doble mirada que puede haber sobre el informe, decide no suscribir las indicaciones, vamos a estar viendo la real voluntad que algunos tenían, que más que querer buscar una solución técnica, lo que querían era tomar la oportunidad política de la Corte Suprema para generar la caída del sistema Isapre y generar, en mi opinión, una crisis. Sería un gran error persistir en ese tipo de situaciones”, señaló.
Inostroza agregó que “espero que el Ejecutivo honre técnicamente el informe que redactó y se busque la solución para evitar esta crisis. Los parlamentarios están equivocados con darse el gustito de querer aprovechar estas circunstancias para eliminar a las Isapres. Le van a provocar un daño a cientos de miles de personas y eso no está bien, no corresponde y creo que se van a arrepentir apenas vean las consecuencias en personas de carne y hueso. Esto no es la discusión de un papel, de un paper, de un documento, estamos hablando de la salud y la vida de personas y espero que recapaciten y finalmente se apruebe el proyecto”.
“El error de origen estaba en la Corte Suprema”
Para el ex superintendente de Salud, uno de los elementos a destacar del informe técnico tiene que ver con que adecuó los efectos del fallo, que fueron establecidos de forma general por la Corte Suprema, al sistema de salud, con el objetivo de darle estabilidad al sistema. De esta forma explicó la diferencia en los cálculos entre la Superintendencia de Salud y lo planteado por la Comisión, uno de los puntos que más polémica ha generado en los últimos días.
“Si el informe es de efecto general y ese es el criterio con que se falla finalmente, los efectos o consecuencias que se deben analizar en el sistema de salud también tienen que ser de consecuencia general o de consecuencia sistémica. Eso hace reducir un monto del orden de US$ 400 a US$ 500 millones. Y el segundo criterio que ocupa el Comité Técnico es decir: ‘mire, dado que aquí estamos dentro de un marco de seguridad social, la legislación establece legalmente que nadie puede cotizar menos del 7% legal de su sueldo. Y por lo tanto, si a alguien por efecto de la aplicación del fallo le correspondía pagar inclusive menos que ese 7% legal, automáticamente con la interpretación del informe técnico, el valor a seguir pagando el plan de salud es siempre el 7%’. Así, se corrigen otros US$ 400 o casi US$ 500 millones. Con lo cual, en vez de llegar al cálculo de los US$1.450 millones que había hecho la Superintendencia, el cálculo aplicado de este comité llega a los US$ 451 millones. Es un criterio jurídico, técnico, distinto al que aplicó la Corte Suprema. Técnicamente creo que el que corresponde es el que nos propone unánimemente este Comité de Expertos”, explicó.
En este sentido, Inostroza afirmó: “El error de origen estaba en la Corte Suprema. Y creo que eso lo corrige el informe del comité de expertos, en el que, insisto, dos miembros de la Superintendencia de Salud ahora suscriben esta nueva metodología y, por lo tanto, me parece que este es un documento que se respalda muy seriamente”.
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