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Publicado el 12 de septiembre, 2015

Inhabilitarse para nombrar al fiscal nacional: El conflicto sin precedentes que podría enfrentar Bachelet

Autor:

Uziel Gomez

La Corte Suprema debe elaborar en las próximas semanas una quina con los postulantes a dirigir el Ministerio Público. De esos cinco nombres la Presidenta debe escoger al sucesor de Sabas Chahuan. Uno de los postulantes al cargo es Luis Toledo, el fiscal que investiga a su hijo y a su nuera. ¿Existe conflicto de interés? ¿Deberá la Mandataria abstenerse de tomar la decisión? ¿Qué dice la ley sobre este tipo de casos?
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Uziel Gomez

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La postulación a fiscal nacional del fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, quien investiga eventuales delitos en el caso Caval que involucra a Sebastián Dávalos y a su cónyuge Natalia Compagnon, podría generar un conflicto de interés para la Presidenta Michelle Bachelet y una situación inédita para el país.

Ello, porque la Mandataria debe elegir al sucesor de Sabas Chahuán –quien termina su período el próximo 2 de diciembre- de la quina que le presente en las próximas semanas la Corte Suprema. En caso que el máximo tribunal incorpore al fiscal Toledo, él competirá con los otros cuatro nombres que se propongan. De hecho, también están postulando Rafael Mera, fiscal regional de Los Ríos, y Jorge Abbott, el director ejecutivo de la Fiscalía Nacional y ex fiscal regional de Valparaíso. A ellos se sumarían el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, y el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público Centro Norte, José Morales, entre otros fiscales y abogados externos. Todos los aspirantes tienen plazo hasta el próximo miércoles 16 de septiembre para postular.

“El Líbero” conversó con cinco destacados abogados constitucionalistas para analizar esa eventual situación, y todos coinciden en que supondría un escenario ético muy complejo para la Mandataria, pero discrepan respecto de si debe inhabilitarse o no.

La discrepancia de los especialistas sobre la eventual inhabilidad de la Presidenta

Olga_Feliú, ex pdta del colegioOlga Feliú, presidenta del Colegio de Abogados entre 2011 y 2015, es muy enfática en afirmar que es un “potencial conflicto de interés que deberá resolver la Presidenta. Se puede inhabilitar porque cualquier persona que ejerza una función pública que deba resolver sobre una cuestión en la que pueda estimarse que tiene interés no debe resolver sobre ella”.

Feliú agrega que “toda función pública es susceptible de ser subrogada”, y en el caso de la Mandataria lo hace el ministro del Interior, en este caso Jorge Burgos.

La ex oficial administrativa  de la Contraloría puntualiza que ese potencial conflicto “no debiera conducir a una especie de minusvalía o inhabilidad del fiscal Toledo, porque todos están en igualdad de condiciones y la Corte Suprema deberá ponderar sobre la base de los antecedentes que estime soberanamente en las calificaciones”.

Arturo FermandoisSin embargo, el también experto constitucional Arturo Fermandois tiene una postura jurídica diferente, y enfatiza que la Mandataria “tiene que ejercer sus atribuciones constitucionales seleccionando a una persona de la quina y no puede inhabilitarse y tampoco sería regular devolver la quina a la Suprema”.

El ex embajador de Chile en EE.UU. afirma que la Presidenta debe ejercer sus atribuciones constitucionales “con la mayor sabiduría y prudencia posible”, porque la Constitución establece el principio de probidad que obliga a los funcionarios públicos a no participar en ninguna decisión en la cual tengan intereses personales.

Fermandois, máster de la Universidad de Harvard,  recalca “a título personal”, que lo prudente sería que la Mandataria permita que el fiscal Toledo pudiera seguir con su labor en el caso Caval, lo que lo dejaría fuera de la carrera por la sucesión de Chahuán.

A su juicio, el perjuicio para Toledo al no ser elegido sería un “costo institucional de la decisión de la Presidenta. Está en el marco de la prudencia gubernativa porque no hay exigencia constitucional al respecto. Constitucionalmente cualquier decisión es respetable. No creo que corresponda exigir una inhabilidad en una quina que ella no forma parte”.

“Es una situación compleja, la forma que veo más apropiada de salir de esta situación compleja es que la Presidenta no interfiera en la tramitación del asunto tal como está,  lo que lleva a pensar que la mejor forma de hacerlo es no nombrar al fiscal que lleva al caso Caval”, afirma el abogado Fermandois.

PATRICIO ZAPATAEn la misma línea, Patricio Zapata, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, sostiene que la Mandataria “no puede renunciar a su facultad y Toledo no puede renunciar a su facultad de ser candidato, pero sí podría renunciar a la causa y que se nombre otro fiscal”.

Zapata reitera que no existe una fórmula en la Constitución que permita a Bachelet inhabilitarse o delegar el nombramiento del fiscal nacional. “Si Toledo estuviera en la quina de la Suprema, la Presidenta tendrá que elegir a un candidato y defender por qué eligió a A, B o C”, y agrega que un eventual conflicto de interés se resuelve “eligiendo a un candidato que tenga espectaculares facultades o que tenga el apoyo abrumador de la Suprema para dejar la suspicacia. Estamos en un momento político en que es muy difícil que una decisión no levante suspicacia”.

Sebastián Soto Velasco, abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Columbia y candidato a doctor en derecho de la Universidad de Chile, coincide en  que la Sebastian Soto, abogadoPresidenta “no puede inhabilitarse en esta decisión porque, por mandato constitucional, le corresponde a quien ocupa su cargo. Con todo, lo que sí debe hacer es justificar con especial detalle las razones por las que elige a uno u otro candidato para que así la opinión pública y el Senado puedan ponderar esas razones y persuadirse que, con la designación, la Presidenta no está actuando en beneficio propio sino que en el interés general”.

 

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