Publicado el 08 de marzo, 2017

INE inicia sumario contra funcionaria que advirtió bajo avance en capacitación de censistas y lideró campaña de mejoras laborales

Autor:

Uziel Gomez

Ángela Lizama, encargada comunal y vocera de 75 funcionarios disconformes, quien denunció improvisación en el proceso y que ninguna comuna supera el 15% de los censistas capacitados, fue apartada de sus funciones y se le inició un proceso de sanción.
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A poco más de un mes de que se realice el 19 de abril el Censo abreviado, que prometió en campaña la Presidenta Michelle Bachelet y que costará $50 mil millones, los preparativos están envueltos en una nueva polémica que podrían afectar su adecuada realización.

Los primeros cuestionamientos ocurrieron el mes pasado luego de que, ante la falta de voluntarios, el gobierno hiciera valer por primera vez una vetusta ley que obliga a los funcionarios públicos a inscribirse como “voluntarios”. De hecho, más de la mitad de los 326 mil inscritos en enero eran funcionarios del Estado, lo que generaba dudas sobre la debida imparcialidad que debe tener el proceso.

Según el último balance del gobierno al 7 de marzo, se han inscrito 407 mil y aún faltan 131.507 personas. La provincia de Santiago es la que necesita más voluntarios (125.180) y, dentro de ella, las comunas con mayores requerimientos de participantes son Maipú, Santiago, Puente Alto (con más de 12.000 cada una) y La Florida y Las Condes (con más de 8.000 cada una).

La denuncia de una funcionaria que busca acallar el INE

Sin embargo, al INE se le abrió un nuevo flanco luego de que un grupo de 75 funcionarios que fue contratado especialmente para dirigir el Censo en varias comunas, le enviara una carta a la directora Ximena Clark reclamando una serie de problemas, y advirtiendo el muy bajo avance en la capacitación.

A diferencia del polémico Censo de 2012, que fue realizado durante tres meses por 15 mil personas contratadas y capacitadas durante cuatro o cinco días, la encuesta de este año se realizará sólo en un día y los censistas tendrán una capacitación de apenas cuatro horas.

“Si queremos ver la cantidad de personas con las que hoy contamos para el levantamiento censal, no hay que mirar la cantidad de inscritos sino la cantidad de capacitados, que es mucho más paupérrima. Prácticamente ninguna comuna supera el 15% de censistas capacitados del total de reclutados”, aseguró a la radio ADN el pasado viernes la líder del grupo, Ángela Andrea Lizama González, quien fue contratada por el INE como encargada técnico comunal del Censo.

También denunció que el “proyecto de Censo todo es contingencia e improvisación”, que están con carga excesiva y mal remunerada, «con procesos incompletos que sólo estarán listos a costa nuestra, de nuestro bienestar físico y emocional. Estamos dando una señal de alerta”.

En la carta que enviaron a la directora Clark reclaman seis aspectos: Aumentar el sueldo de acuerdo a las funciones -ya que les pagan $650 mil-, aumentar el personal de apoyo, regular horarios y compensación de horas extraordinarias, claridad para el uso de días feriados, el pago de viáticos de movilización para las labores y acceso a la información y los canales de comunicación.

Sin embargo, la reacción inmediata de las autoridades del INE tras las declaraciones fue citar a la funcionaria Lizama, apartarla del cargo y abrirle un sumario administrativo por entregar información “reservada” sobre los avances en la capacitación, según relataron a este medio fuentes conocedoras de la situación.

La funcionaria afectada está impedida de realizar declaraciones públicas, y está en el proceso de búsqueda de un abogado para poder defenderse de las acusaciones y del proceso sancionatorio en curso.

La respuesta de Clark a las peticiones, según los involucrados, fue un “rechazo enfático, cuestionando nuestro compromiso con el proyecto, subvalorando nuestro trabajo e invitándonos a renunciar si no estábamos dispuestos a continuar nuestras laborales en las actuales condiciones”.

Gobierno obliga a funcionarios ante la falta de censistas

La resolución exenta 189 del Ministerio de Economía del 1 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial el pasado 31 de enero, “regula la ejecución de tareas encomendadas a funcionarios públicos”, y recuerda que “todos los funcionarios y personal de los órganos de la Administración del Estado, que deban participar en el levantamiento censal, estarán obligados a cumplir con las funciones que les sean encomendadas para tal efecto”.

El documento -que cita la ley 17.374- establece explícitamente que los organismos fiscales, semifiscales, empresas del Estado, municipalidades y las Fuerzas Armadas “deben facilitar toda clase de auxilios y ayudas proporcionando personal, medios de movilización y demás elementos de que dispongan”.

Para ello establece que los “jefes de servicio o representantes legales de empresas públicas, deberán enviar una nómina de los funcionarios y empleados públicos que participarán en las actividades del Censo 2017 al Instituto Nacional de Estadísticas, hasta el 15 de diciembre del presente año (2016), lo que deberá contemplar al menos el 95% de la dotación efectiva del servicio”.

Sólo se podrán eximir los funcionarios públicos que estén con licencia médica, que estén en comisión de servicio en el extranjero, realicen turnos especiales, estén con permiso posnatal o tengan algún imprevisto o fuerza mayor debidamente informada a los superiores.

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