Una semana ha pasado desde que Mía, una menor de sólo dos meses, falleciera en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Llegó con un cuadro grave de neumonía por virus sincicial y en el recinto no había ni una cama disponible para internarla.
«La red de salud se encontraba saturada sin camas disponibles en Valparaíso, Santiago y Rancagua, según nos informó la Unidad de Gestión de Camas centralizada del Ministerio de Salud, teniendo solo una cama disponible en el Hospital Regional de Arica«, explicó la dirección del hospital ese martes 6 de junio.
Pero en estos siete días se supo que en la Clínica Las Condes había camas disponibles y que nadie del ministerio los había llamado, que es lo que se debía hacer según el protocolo de búsqueda y asignación de camas bajo alerta sanitaria.
En una primera versión dada en entrevista con CNN el jueves, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, sostuvo que sí se estaba derivando a pacientes a esa clínica. Pero al día siguiente, el director médico de ese recinto dijo que no les habían enviado ningún paciente desde el servicio público por ley de urgencias.
Luego, el domingo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo que efectivamente no llamaron a la clínica porque “hay un fallo de Contraloría que impide comprar servicios a la Clínica Las Condes”. Pero Contraloría salió a desmentirla tajantemente, negando haber emitido un dictamen en ese sentido. Luego, a través de Twitter, el Ministerio de Salud tuvo que salir a pedir disculpa a la Contraloría por la confusión, pues el fallo había sido de la justicia laboral. Pero ayer se supo que a pesar del fallo, Clínica las Condes puede seguir recibiendo pacientes.
El grave error de no haber llamado a la Clínica Las Condes y la seguidilla de informaciones erróneas entregadas por las autoridades, tienen en la cuerda floja a Fernando Araos. Parlamentarios del oficialismo y de la oposición han pedido al gobierno su salida.
Sin embargo, ayer el subsecretario de Redes Asistenciales, en un punto de prensa, descartó la opción de renunciar y anunció un sumario para indagar las responsabilidades de que no se haya llamado a la Clínica Las Condes.
Como sea, la decisión de la permanencia de Araos es exclusiva del Presidente Gabriel Boric, quien en el pasado no demoró en solicitar responsabilidades políticas ante distintas situaciones que atravesaron los anteriores gobiernos.
El error del padrón electoral
Como diputado, Boric impulsó o apoyó una decena de acusaciones constitucionales en contra de ministros y el propio Presidente Sebastián Piñera, buscando que pagaran supuestas responsabilidades políticas por distintos hechos. También pidió lo mismo en otros momentos.
El 23 de octubre de 2016, en pleno segundo período de la Presidenta Michelle Bachelet, se iban a realizar las elecciones municipales para elegir a 345 alcaldes y 2240 concejales y a principios de ese mes distintos ciudadanos, a través de cartas al director, comenzaron a reclamar que habían sido cambiados, sin su consentimiento, de comuna para votar.
En ese momento se explicó que el error se generó debido a que cuando una persona concurría a renovar su cédula de identidad o pasaporte, automáticamente el Registro Civil le asignaba como domicilio electoral su domicilio residencial.
«No sabemos cuántas personas están afectadas, porque el Registro Civil no puede certificar cuántos pidieron cambios de domicilio y cuántos no», dijo en ese entonces el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, quien determinó que según sus cifras 485 mil personas tendrían que votar en comunas donde no eligieron sufragar.
De inmediato, distintos parlamentarios de comenzaron a exigirle al gobierno que alguien asumiera la responsabilidad política del error.
Entre ellos, el actual Presidente Boric. El 17 de octubre de 2016, en su cuenta de Twitter, escribió: “Aquí no caben las defensas corporativas. Es evidente que hay responsabilidades políticas que deben ser asumidas”.
En esa oportunidad, él mismo se vio afectado por el cambio de domicilio electoral. «Originalmente votaba en la escuela Patagonia en Punta Arenas y no hice ningún cambio domiciliario. Me cambiaron arbitrariamente», sostuvo según El Mercurio, por lo que decidió no votar.
Días antes, había emplazado directamente a la Presidenta Bachelet: “La Presidenta nos dice que busquemos donde votar. ¿Y a los que nos cambiaron de comuna sin preguntarnos? Lo del Registro Civil es grave”.
El lunes 24 de octubre, días después de su reclamo por Twitter, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet desvinculó de su cargo al director del Registro Civil, Luis Acevedo.