Luego del triunfo del Partido Republicano en las elecciones de consejeros constitucionales, una de las discusiones que se ha tomado los medios es si los consejeros republicanos aceptaran las bases o bordes acordados por los partidos políticos en diciembre del año pasado.
Uno de los nudos del debate en el nuevo consejo será la definición de Estado Social de Derecho, concepto que ya complica en las filas republicanas y que fue establecida en los 12 bordes constitucionales.
Los alcances de esta definición y el debate que se dará en el consejo fueron abordados este jueves por el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, y la economista Cecilia Cifuentes, en una nueva edición del Podcast La Retro, un podcast de reformas.
«Falso dilema»
Para Cecilia Cifuentes, esta discusión se trata de un “falso dilema”. “Hemos armado una especie de mono de paja, cuando hay otros principios que hacen que estos dos conceptos se complementen bien y que están dentro de las bases, y uno muy central es la responsabilidad fiscal».
Para la economista, «nosotros podemos dar beneficios sociales y derechos sociales, pero no tenemos que convertirnos en Argentina, que están en una crisis de la que es muy difícil salir. Se puede ir dando derechos sociales en la medida que el Estado va teniendo recursos para satisfacer las demandas. Hemos armado a veces un falso problema en este tema”.
Al respecto, Ramírez profundizó en cómo se dio esta discusión durante los 100 días en que los partidos políticos negociaron un nuevo proceso constitucional luego del rechazo del plebiscito. Ramírez recuerda que “entre otras cosas, incorporamos la responsabilidad fiscal para evitar que el estado social y democrático de derecho se interpretara como un estado de bienestar. Es decir, el Estado no se puede transformar en un monstruo que gasta más de lo que tiene”.
En ese sentido, el parlamentario sostuvo que “en Chile hemos ido construyendo, sin que aparezca en nuestra Constitución, un estado subsidiario, es decir, un estado donde el Estado fomenta la participación de los privados, permite que hayan privados proveyendo los bienes públicos, pero hemos ido incorporando un elemento de solidaridad en distintos ámbitos. Y por eso es tan compatible”.
En esta línea, Cifuentes destacó que “en los últimos 30 años hemos ido dando derechos sociales al país, de hecho el gasto social ha crecido a una tasa que duplica la tasa de crecimiento del PIB, entonces también es un mito esto de que la Constitución nos impide dar derechos sociales”.
«No debería existir una AFP estatal»
En las últimas semanas, se generó una polémica en Chile Vamos cuando el presidente de RN, Francisco Chahuán, declaró en una entrevista que la oposición estaba abierta a la creación de un órgano estatal que se encargue de pagar las pensiones. Horas más tarde, él y otros personeros de la oposición se desmarcaron.
Sobre esto, Ramírez fue enfático en señalar que “en rigor el principio de subsidiariedad indica que no debería existir una AFP estatal, porque el Estado debiera solamente intervenir en aquellas cosas que son necesarias para el bien común”.
Y explicó que “en el caso del Banco Estado sí cumple funciones que los privados no pueden alcanzar, y se justifica plenamente, pero una AFP estatal no lo entendería. Al final el tema está en la razón por la cual estás creando un ente estatal, primero si ayuda al bien común, y segundo si es que los privados lo pueden alcanzar, y si los privados no lo pueden alcanzar y es necesario para el bien común, entonces el Estado debe intervenir”.
Por su parte, Cifuentes indicó que «no discutamos en la Constitución la AFP estatal, cuando uno lo empieza a discutir como política pública ahí ve los problemas que uno le ve a la AFP estatal, porque una AFP estatal tiene conflictos de interés, entonces ahí va a ser necesariamente un tema que una ley lo va a tener que regular”.