«Que haya policías venezolanos involucrados en actos delictivos en otros países no nos extraña porque eso es parte, lamentablemente, de la realidad de los cuerpos policiales en nuestro país». El que habla es Alí Daniels, director del observatorio venezolano Acceso a la Justicia, en entrevista con El Líbero.

Este especialista fue consultado precisamente debido a que un exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es uno de los tres extranjeros que fueron detenidos por el caso de secuestro, extorsión y homicidio del comerciante Nelson Murua Páez, de 67 años, ocurrido en Iquique a principios de este mes.

De acuerdo con las investigaciones de la PDI, el exfuncionario, de 24 años de edad, habría sido el encargado de ocultar el cadáver, que finalmente fue encontrado el pasado 8 de enero en un cerro entre Alto Hospicio e Iquique. El hombre quedó en prisión preventiva y su participación en el crimen habría sido en carácter de encubridor.

«Las noticias que cotidianamente se leen en Venezuela son más o menos del mismo calibre. Sobre todo cuando se trata de delincuencia más o menos organizada, especialmente delitos tipo secuestro, es muy común que se diga que se detuvo a una banda que se dedicaba al secuestro y que dos o tres de esos miembros eran funcionarios activos de la PNB«, señala Daniels.

Volviendo con el caso de Iquique, por los hechos delictivos ocurridos en contra del comerciante, que terminaron en su muerte, las autoridades han informado sobre la detención de otras dos personas, también venezolanas. Se trató de un hombre de 26 años y una mujer de 24, que son pareja. La aprehendida habría tenido algún tipo de vinculación con la víctima.

Según los investigadores, al hombre lo metieron a la fuerza en un vehículo el 6 de enero cuando iba a pie por los alrededores del mercado de Iquique, lo trasladaron a una vivienda, lo fotografiaron y le enviaron las imágenes a su familia, a quien le exigían $50 millones a cambio de liberarlo. Como no se dio la entrega de dinero, el comerciante fue asesinado con un arma blanca y a golpes, información dada a conocer por Raúl Arancibia, fiscal de Tarapacá que está a cargo del caso.

Policías con «antecedentes penales» y «cuestionados» en materia de DD.HH.

Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y profesor de Criminología, indica, de manera categórica, que la Policía Nacional Bolivariana ha sido puesta en la mira por su accionar, al parecer muchas veces al margen de la ley.

«La PNB fue una de las promesas y esperanzas del proceso de reforma policial iniciado en el año 2006, fue fundada en 2009, lamentablemente terminó convirtiéndose en algo similar o peor que la extinta Policía Metropolitana que fue tan cuestionada en materia de violaciones a los DD.HH.», explica.

Daniels señala que pese a los esfuerzos de la Comisión Nacional para la Reforma Policial por crear un organismo policial que cumpliera con estándares internacionales, tal cosa no se cumplió.

«Pasó lo que pasa tradicionalmente en Venezuela: una cosa es lo que dicen las normas y otra es lo que ocurre en la realidad. No se siguieron los estándares de reclutamiento, ni de formación, ni de evaluación constante de los individuos. Hubo una formación caótica de la policía, al punto que no es inusual que haya policías que tengan antecedentes penales previos a su entrada en la institución, incluso condenas. Ha habido quienes han estado presos en cumplimiento de esas sentencias. Cuando se tiene una policía así las consecuencias son las que estamos viendo», sostiene Daniels.

Ávila agrega que se han documentado muertes ocurridas a manos de funcionarios de la PNB en Venezuela. «En el año 2019 la PNB alcanzó a ser el cuerpo policial más letal del país, desplazando al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas -el equivalente a la PDI- que históricamente ocupaba ese lugar, en especial por el despliegue de su división FAES», indica el especialista.

Bachelet sugirió a Maduro disolver este cuerpo policial

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que hacen parte de la PNB, son las mismas que en julio de 2019 Michelle Bachelet, en su condición de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le recomendó al régimen de Nicolás Maduro que disolviera.

«Se hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que de manera inmediata disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas», se indica en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela que emitió la Oficina.

El documento fue presentado luego de que el equipo de la Alta Comisionada se reuniera con las familias de 20 jóvenes asesinados en ese país entre junio de 2018 y abril de 2019, en una visita en terreno. El informe prendió las alarmas a nivel internacional en cuanto a la PNB y las FAES.

«Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un ‘escuadrón de la muerte’. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas», se indica en el documento en cuestión.

Las conclusiones del informe fueron más que claras en cuanto a los riesgos que implican para la población venezolana el accionar del cuerpo de seguridad en análisis: «Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES».

Las cifras contenidas en el documento son realmente preocupantes. «Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad. Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como ‘resistencia a la autoridad’. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569  de estas muertes violentas  y el OVV informó de al menos 2.124», se señala en el referido informe.

Bibi Borges, directora de Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pone el énfasis en la participación de la PNB-FAES en actos que considerados violatorios de derechos humanos.

«Estos organismos han tenido participación activa en lo que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU ha denominado desde el 2019 una política de represeión en ascendencia, donde hay un contexto de persecución a la disidencia, donde se están cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos, vinculados a temas de integridad personal, torturas, ejecuciones extrajudiciuales y detenciones arbitrarias», le señala a El Líbero.

«Las FAES es básicamente un grupo de exterminio»

Ávila, quien también es miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), explica las circunstancias en las cuales fue creada esa división de la PNB.

«La FAES es una división de la PNB creada luego de las protestas nacionales de 2017. Es básicamente un grupo exterminio o escuadrón de la muerte, que tampoco son un invento o exclusividad de Venezuela, es un fenómeno que puede verse en Guatemala, El Salvador y Brasil, por poner unos ejemplos cercanos y contemporáneos», indica.

En criterio de Ávila, las FAES  son una expresión de lo que se conoce como «vigilantismo». «Estos grupos se caracterizan por su dualidad, están dentro y fuera del Estado, son públicos y clandestinos, actúan legal e ilegalmente, en nombre de las normas violan las normas. Por supuesto que con tanto poder, una consecuencia lógica es que tengan también agenda propia y actúen por su cuenta», advierte el especialista.

¿Están exportando el ‘know how’ delictual?

El director de Acceso a la Justicia señala que no es una novedad que algunos dedicados al crimen en Venezuela estén exportando el ‘know how’ a otros países de la región. «Eso ocurre desde hace años, no es una cosa nueva. Ya en Perú, por ejemplo, se hizo famosa una banda que aquí era muy fuerte, el llamado ‘Tren de Aragua’, algunos de cuyos miembros fueron detenidos en ese país porque ya estaban estructurando grupos de delincuencia organizada», explica Daniels.

Y es que precisamente a principios de este mes varios medios de comunicación nacionales informaron sobre la supuesta presencia de miembros del ‘Tren de Aragua’ en la zona norte del país. Estos individuos estarían cometiendo delitos como extorsiones y secuestros.

«Por el caos que hay aquí resulta lógico que muchos se vayan a otros países buscando el mismo ambiente propicio que tenían en Venezuela. También hay que recordar que en Venezuela hay ajustes de cuentas entre bandas y entonces los que salen perdiendo a veces tienen que irse del país porque si las otras bandas los encuentran los van a matar», subraya Daniels.

En este sentido, Ávila hace un llamado a evitar la xenofobia. «Desde la década de los años 20 del siglo pasado los trabajos empíricos de la Escuela de Chicago enterraron las tesis racistas, biologicistas y xenófobas sobre la criminalidad. La criminalidad no es consecuencia de la nacionalidad, ni de la raza, ni de la etnia, ella es consecuencia de la exclusión y de la violencia estructural. Hay que tener mucho cuidado con la criminalización de los venezolanos y de los migrantes en general, y no usarlos como chivos expiatorios para distraer la atención pública de los problemas nacionales», advierte.

Investigaciones en contra de la PNB

Un año y cuatro meses después de que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU emitiera el referido informe, en noviembre de 2020, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que se abría una investigación en ese país en contra de la PNB por dos denuncias de secuestros cometidos en ese país, en los que supuestamente habrían estado implicados funcionarios del mencionado cuerpo policial.

«Se inició una investigación, ahí va a haber presos, porque eso no puede ocurrir. En Venezuela no puede pasar, eso puede pasar en Colombia, eso puede pasar en Lima, Perú, eso puede pasar en Chile, pero en Venezuela no«, dijo Saaab, según reportaron varios medios de comunicación.

ONG venezolanas han alertado sobre la acción de la PNB

No han sido pocas las ONG venezolanas que en sus informes han hecho énfasis, con cifras, en las actuaciones irregulares de la PNB. En Venezuela, debido a la imposibilidad de acceso a datos oficiales por parte de la prensa desde hace al menos 10 años, los únicos números que se conocen, no solo en materia de orden público, sino en los más variados ámbitos, son recabados por organizaciones de este tipo.

De acuerdo con el observatorio venezolano Acceso a la Justicia, en 2016 fueron 222 los fallecidos en Venezuela en hechos en los que hubo intervención de la PNB; lo que representa un 16,8% de las muertes ocurridas en ese país en las que estuvieron implicados organismos de seguridad del Estado. En 2017 la cifra se ubicó en 294 (25,9%).

En Chile, por ejemplo, según datos de la PDI, hubo en 2017 un total de 347 homicidios. Si se compara este número con las muertes ocurridas en Venezuela ese mismo año supuestamente a manos de funcionarios de la PNB, la proporción arrojaría que el 84,72% de los asesinatos registrados en suelo patrio en ese lapso hubieran sido cometidos por policías.

Según cifras de Acceso a la Justicia, en un lapso de seis años, entre 2014 y 2020, hubo un total de 1.525 personas en Venezuela que cayeron a manos de las FAES de la PNB.

 

«Se puede afirmar con certeza que entre 2010 y 2018, que es el período en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas», se indica en el informe titulado ‘Visión panorámico del sistema policial en Venezuela 2.000-2.018’, emitido por la ONG.

Conforme a las cifras de Monitor de Víctimas, 30% de los homicidios registrados en Venezuela entre 2017 y 20021 fueron perpetrados por policías (1.260 muertes). Categoría aparte tienen los funcionarios de la PNB-FAES, con 7% de los asesinatos cometidos en ese mismo lapso (292 fallecidos).

En Venezuela, la PNB tiene jurisdicción en todo el país y por lo tanto también las FAES. Sin embargo, además de este organismo, cada comuna (municipio) tiene su propia policía, así como cada región (estado).

 

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