Gobierno Regional de Arica transfirió $49 millones este año a fundación cuestionada por Caso Convenios

Cuando estalló el Caso Convenios y se vieron cuestionados cientos de acuerdos entre gobiernos regionales (Gores) con fundaciones, varios de ellos decidieron poner fin adelantado a los contratos investigados por la Contraloría y el Ministerio Público, y pedir la restitución de los fondos. Sin embargo, en Arica la cosa fue diferente, e incluso a una de las organizaciones indagadas se le hizo una nueva transferencia por casi $49 millones durante 2024: la Fundación Valcar.

Esta es una de las tres fundaciones que investiga la Fiscalía por contratos con el Gore de Arica y Parinacota, y una de las 15 sobre las cuales el Ministerio de Justicia está trabajando para disolver. Esto, debido a problemas como no tener el giro apropiado para el proyecto financiado públicamente, entre otras razones, lo cual fue calificado como una “injusticia brutal” por parte de la fundación, entidad que defendió el convenio y el proyecto que se adjudicaron, consistente en entregar pulseras inteligentes a los ariqueños para monitorear su salud y facilitar la atención médica remota.

El proyecto de la fundación: pulseras inteligentes

Ese depósito de casi $49 millones corresponde a la segunda cuota del proyecto “Estudio Estadístico de Salud Región Arica y Parinacota”, que se firmó el 20 de marzo de 2023 por un total de $195 millones en un plazo de 12 meses.

Este fue ampliamente difundido por el Gore y consistía en “la entrega de 2.000 pulseras para personas con enfermedades crónicas (1000 hombres y 1000 mujeres), como pacientes diabéticos e hipertensos. Estas personas recibirán pulseras inteligentes o smartband que medirán sus funciones básicas vitales y se generará una gran base de datos con la medición de los parámetros de salud que hagan los ciudadanos, a través de pulseras inteligentes o smartband y atenciones médicas virtuales. Esta información permitirá conocer datos de salud de la población y generar una estadística de salud regional”, decía el sitio web del Gore en octubre pasado, cuando se hizo el lanzamiento de la iniciativa que incluía el uso de una aplicación sólo para estos fines.

Sin embargo, según las páginas 14 y 15 de la Cuenta Pública 2023-2024, y publicada el 28 de mayo, hasta diciembre se habían entregado solo 518 pulseras inteligentes a la población y se habían realizado 3.015 mediciones.

No obstante, en la actividad de la misma Cuenta Pública realizada el 25 de mayo con los vecinos (ver video desde 49:18), el gobernador dio otra cifra: dijo que se entregaron 1.802 pulseras, que se hicieron más de 105 mil mediciones y 400 atenciones de telemedicina.

El Líbero no pudo obtener información actualizada de parte del Gore, sin embargo, el abogado de fundación Valcar, Mauro Figueroa Ferrada, asegura a este medio que el proyecto tiene un avance del 90% y “podemos adelantar que logramos -además de cumplir el objetivo principal- disminuir la lista de espera de 333 personas a la cifra de 133 y sumando. En resumen, ha sido una gestión exitosa de cara a mejorar la salud de la ciudadanía y los tiempos de respuesta del sistema”.

La consejera regional (core), Ximena Valcarce (UDI), tenía algunas dudas sobre la implementación del proyecto y preguntó -como ciudadana, no como consejera, aclara- cómo se iba a seleccionar a las personas para recibir las pulseras. «Y me dijeron que del Gobierno Regional, tal persona era la que iba a seleccionar a la gente. Y no era justamente lo que se supone se tienen que hacer, porque dentro del proyecto, ellos también financian a las personas que tienen que hacer esa pega. Reciben remuneración por ese trabajo. Entonces, yo puse todos esos antecedentes en la PDI, porque le están dando pega a gente del Gobierno Regional. O sea, al final estamos gastando recursos de todos los chilenos en algo que no les correspondía”, relata a El Líbero.

La Fundación Valcar y su relación con el Gobernador Jorge Díaz

La Fundación Valcar fue creada en 2019 en Lo Barnechea, Santiago, pero recién se inscribió en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades el 7 de junio de 2022, requisito para recibir fondos públicos como los de los convenios.

Sin embargo, Valcar tiene sólo dos proyectos financiados por el Estado a su haber, y los dos son con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Uno es el  “Levantamiento Información Situación Delictual e Incivilidades Región de Arica y Parinacota”, suscrito el 31 de enero de 2023 por $141 millones y el otro es el de las pulseras para monitorear la salud de los ariqueños.

Aunque la entidad no tenía un giro inscrito en el Servicio de Impuestos Internos (SII) acorde al área de estas iniciativas, sino que era de índole deportiva (ver abajo), el gobernador Jorge Díaz (DC) fue un férreo impulsor de los proyectos de Valcar.

El de seguridad se llevó a votación en el Consejo Regional en octubre del 2022, donde de 13 consejeros regionales, siete lo rechazaron y seis se abstuvieron. Sin embargo, dado que los consejeros no tenían las facultades para rechazarlo, el proyecto siguió adelante con el único voto a favor por parte del gobernador. 

«Nosotros tenemos que fiscalizar al gobernador, o sea, pedirle la información al gobernador y él la manda de vuelta. Bueno, eso para nosotros ha sido bien complicado, porque hemos pedido información y no hemos tenido mucha respuesta. No la he pedido yo sola», apunta la consejera Valcarce.

Pero volviendo a los proyectos de Valcar, el Gore tampoco terminó anticipadamente el proyecto de seguridad por la polémica del Caso Convenios y en ese caso, fue más allá: el 28 de diciembre el gobernador Díaz lanzó una nueva etapa de ese convenio, e invitó al fiscal regional Mario Carrera al evento, pese a que es esa repartición la que está investigando los convenios del Gore de Arica. Carrera no asistió.

Valcar, o más bien su representante legal, Carlos Valenzuela, no era una organización desconocida para el gobernador. Según contó el propio Valenzuela a Meganoticias el año pasado, Valcar subcontrató los servicios de la empresa Natural Phone (de la que es gerente general desde 2017). La entidad, creada en 2005, es conocida por su trabajo con diversos partidos políticos y campañas tanto en Chile como Perú, incluyendo la campaña electoral de Jorge Díaz. 

“Yo trabajo en encuestas desde el Partido Republicano (…) hasta Pamela Jiles. Yo soy apolítico, soy independiente, no tengo partido político de residencia, pero sí hago encuestas y me conocen como empresa”, dijo Valenzuela al canal en 2023.

Respecto a la investigación que mantiene Fiscalía sobre los dos convenios del Gore de Arica y Parinacota con Valcar, el consejero Leonardo Bórquez (Ind) dijo esperar que la justicia sancione con el «máximo rigor de la ley» si se detecta cualquier mal uso de recursos públicos, «porque estamos bastante cansados de soportar que haya una mala ejecución de los presupuestos, que son tan escasos, y ojalá no sea este el caso. Eso tiene que comprobarlo el Ministerio Público, hay una investigación en curso y estamos esperando los resultados muy atentos y tranquilos por haber expresado nuestro rechazo (al proyecto de seguridad) porque no nos parecía que va en la línea de lo que la región necesita”.

Las irregularidades que detectó Contraloría en los convenios con Arica

El 23 de diciembre, la Contraloría General de la República publicó un informe sobre el asunto de las transferencias del Gore de Arica, donde detectó que al momento de hacer los convenios, el giro de Valcar (deportivo) no tenía ninguna relación con los proyectos de seguridad y estudio de salud. Desde 2019 aparecen con giro de “enseñanza deportiva y recreativa” y “Fundaciones y Corporaciones: asociaciones que promueven actividades culturales”.

A esa fecha, aseguraron, “no existía ningún nuevo giro de actividades de dicha fundación, que permitiera comprobar que esta contaba con competencia previa en materias de seguridad ciudadana, ni en estudios estadísticos de salud”. No obstante, dice el mismo documento, «se observó que el 20 de julio de 2022, la fundación efectuó la ampliación de su objeto social, logrando demostrar con ello competencia previa de cara a la materialización de sus iniciativas, esto, en una fecha cercana al ingreso al gobierno regional de los antecedentes de dichos proyectos, los que se materializaron el 2 de agosto de 2022 y el 5 de enero de 2023, respectivamente».

Asimismo, se detectó una falta de respaldo documental que acreditara la experiencia declarada por su presidente y representante legal y la competencia técnica de los profesionales involucrados. También hicieron mención a rendiciones fuera de plazo.

Fundación dice que no había motivo para haber terminado anticipadamente su convenio

Según el abogado de Valcar, Mauro Figueroa Ferrada, el Gobierno Regional de Arica no les revocó este ni el otro convenio porque no había “motivo plausible” para ello. Incluso sostuvo que las observaciones de Contraloría “nos dejan tranquilos”, pues “se hicieron solo reparos de forma y fueron debidamente subsanados en los tiempos asignados para aquello”. 

No obstante, la ausencia de giro es una de las irregularidades que toma en cuenta el Ministerio de Justicia para pedir la disolución de una persona jurídica. Otras son no tener domicilio y contacto conocido, no ajustar sus proyectos a los propósitos de la fundación y no haber dado respuesta a la Subsecretaría cuando los requirieron.

“Se ha cometido una injusticia brutal al pedir la disolución de la fundación por parte del Ministerio de Justicia. Todo, en razón de que no nos notificaron al domicilio de la fundación, por lo tanto, no pudimos defendernos”, dice Figueroa, quien asegura que al tomar conocimiento de lo ocurrido, “procedimos a apersonarnos y ponernos a su disposición para contestar cada punto solicitado. Lamentablemente fue tarde para ello y los antecedentes ya habían sido remitidos al Consejo de Defensa del Estado”. 

Figueroa agregó que defenderán en tribunales que tienen todo en regla. No obstante, en Justicia no recuerdan que haya existido un caso en que no pudieran disolver una fundación.

A juicio de Valcar, hubo desprolijidad en la fiscalización que se les hizo, pues si bien en el SII siguen sin aparecer los giros comerciales relativos a seguridad y salud, la fundación cambió sus estatutos el 20 de julio de 2022 para ampliar su objeto (en la foto), como mencionó Contraloría.

Los otros casos que se investigan en Arica

Las otras dos investigaciones que se desarrollan sobre el Gore de Arica, tienen que ver con las fundaciones Conecta Tea y Fundor.

La Fundación Conecta Tea firmó un convenio de $357,5 millones con el Gore para mejorar la atención y cobertura de niños con trastorno del espectro autista de la región. El problema fue que los profesionales del proyecto hacían cobros adicionales a las familias que recibían los beneficios. Extrabajadores también denunciaron a la fundación por irregularidades en el pago de honorarios y la rendición de gastos de la iniciativa. 

En julio del 2023 el Gobierno Regional de Arica y Parinacota emitió un comunicado anunciando el término adelantado del convenio «debido a incumplimientos de las cláusulas del convenio. De la misma manera, se ha solicitado la liquidación y restitución de los fondos entregados por el gobierno regional”.

En el caso de la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Fundor), se firmó un convenio con el Gobierno Regional de $2.600 millones para un programa de emprendimientos para los habitantes de la zona, que se pagaría en dos cuotas de $1.300 millones. Tras denuncias por irregularidades en la asignación, Fundor devolvió $1.280 millones y el caso se sigue investigando por la Fiscalía. 

“Hay un proceso que se está investigando y dentro del cual habría supuestas formalizaciones a varios gobiernos regionales. Se ha informado que uno de los que podría estar expuesto a procesos de formalizaciones es el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y por lo tanto estamos finalmente dejando que las instituciones funcionen”, advierte a El Líbero el senador José Durana (UDI), quien presentó antecedentes a la Contraloría y Ministerio Público sobre los convenios en la región.