La transición del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de un gobierno autodenominado feminista, liderado por Antonia Orellana, a otro que será comandado por la socialcrisitiana Judith Marín, ha dado paso a todo tipo de opiniones respecto a la injerencia ideológica -personal o de partidos- de quien dirige la cartera y los servicios que presta.
Una de las tareas centrales de ese ministerio es la atención a las mujeres que son víctimas de violencia extrema, que tiene su máxima expresión en el femicidio y los intentos de asesinato a mujeres, hechos que no muestran mejoría a lo largo de los años: según datos del ministerio y del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), de 2014 a 2025, se registran entre 40 y 46 femicidios cada año, sin anotar nunca una tendencia, mientras que los femicidios frustrados sí muestran un aumento sostenido desde 2020, llegando a 319 casos en 2024, aunque con una leve baja en 2025 con 299 casos (-6,4%).
Pese a ello, esta administración terminará su periodo con menos casas de protección para estas mujeres, lugares de última instancia donde son derivadas desde el Ministerio Público por seguridad, para separarlas del agresor y donde pueden alojar junto a sus hijos de hasta 14 años y recibir atención psicológica y asistencia legal. Si bien el gobierno de Gabriel Boric recibió 43 Casas de Acogida (CDA), en 2024 disminuyeron a 34 Residencias Transitorias (RT). Eso sí, aumentaron de 116 a 127 los “Centros de la Mujer”, que ofrecen otro tipo de atención y están destinados a ser el primer lugar donde las víctimas de violencia de género -no sólo de parejas- reciben apoyo y guía psicosocial y legal.
La disminución surgió desde una reformulación al programa que alojaba las casas de acogida y evaluaciones que arrojaron que varias tenían una baja ocupación (menos de 50%), aunque el cierre de algunas fue tema de preocupación en regiones como Biobío y Magallanes y fuentes conocedoras de este servicio también reconocieron que en sectores poblados “siempre los cupos eran escasos”. No obstante, también dicen que el diseño de la política pública debe cambiar de foco, pues son las víctimas en riesgo vital a quienes prácticamente se les recluye y aisla en estas casas, mientras los agresores pueden seguir relativamente con su cotidianeidad habitual.
Según el ministerio, “en ningún caso, esta medida ha significado que mujeres víctimas de violencia hayan quedado sin cobertura cuando se declara riesgo grave, garantizándose alternativas de atención acordes a sus necesidades a través de Sernameg o Uravit (la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de las fiscalías)».
El traspaso de Casas de Acogida a Residencias Transitorias para mujeres
Estas casas no son lugares conocidos. Surgieron durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y la idea es que no se sepa sus direcciones exactas para que los agresores no lleguen a buscar a las víctimas al lugar y allí ellas puedan refugiarse y recibir la atención para salir adelante. Algunos de estos inmuebles están dedicados a víctimas de trata de personas.
Sin embargo, una exautoridad del área, comenta a El Líbero que ese modelo tenía varios problemas en la práctica, como que la psicóloga que atendía a las mujeres era la misma persona que debía dirimir temas domésticos, por lo que la profesional iba perdiendo validez en terapia. Además, había mujeres -migrantes o sin redes, principalmente- que se quedaban hasta un año en el lugar, por lo que no se estaba fomentando su vida autónoma.
Desde el Ministerio de la Mujer agregan que los programas del área de violencia estaban permanentemente mal evaluados por el Ministerio de Desarrollo Social, por lo que desde 2020 se comenzó a trabajar en la reformulación del Programa de Violencias contra las Mujeres. El proceso terminó en 2023, año en que una auditoría de Contraloría también hizo una serie de observaciones sobre la iniciativa. Los cambios se aplicaron en 2024, incluyendo la eliminación de inmuebles. Ese mismo año también se cerraron los centros de Reeducación de Hombres que tenían apenas un 10% de egresos efectivos (ver abajo).
Así, se propuso cerrar 11 casas (aunque lo hicieron nueve) ubicadas en las comunas de Alto Hospicio, Chañaral, Ovalle, Santa María, La Calera, Peñaflor, San Fernando, Los Ángeles, Victoria, Villarrica y Puerto Natales. La razón: baja ocupación, y en el caso de Tarapacá, el que se abriría una nueva residencia transitoria bajo el nuevo modelo en Pozo Almonte, igual que otras dos en Santiago. Esto, según la última información del Sernameg en la Cámara en 2024.
La idea era que las casas que quedaran se convirtieran en “Residencias Transitorias para la recuperación de la Autonomía”, con el énfasis en la temporalidad, en que las intervenciones psicosociales estuvieran separadas de lo doméstico y se intentara fortalecer las redes de apoyo.
Las 34 tenían, a 2024, 52% de ocupación, sin embargo, en diciembre de ese año, sólo 22 estaban operativas, pues 12 estaban en proceso de convocatoria para elegir al organismo ejecutor del programa. Es decir, a quien Sernameg le pagaría para gestionar las residencias, algo que en general, recae en los municipios.
Según fuentes de este medio, pese al cambio, hay problemas que persistieron, tanto de infraestructura y servicios básicos en mal estado, hasta de organización, pues en las casas se juntan mujeres con y sin niños, así como también otras con problemas, por ejemplo, de drogas.
La baja ocupación, explica el ministerio, está asociada “a los procesos de desarraigo que implica el ingreso a un dispositivo residencial. Si bien estas residencias permiten interrumpir situaciones de violencia, también suponen la separación del entorno familiar y comunitario de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes que ingresan con ellas. Lo anterior constituye un factor desincentivador, en tanto implica cambios en fuentes laborales y educativas, alejamiento de redes comunitarias y, en muchos casos, la mantención de la dependencia socioeconómica respecto de quien ejerce violencia, entre otros elementos relevantes”.
Los cuestionamientos y el foco de fondo
Al enterarse del cierre de la casa de Los Ángeles, la diputada e integrante de la comisión de Mujeres y Equidad de Género, Flor Weisse (UDI), pidió reconsiderar la medida y dejar la reformulación de programas para momentos menos apremiantes, pues en su región (Biobío), los femicidios iban al alza y existía la urgencia de separar a las víctimas de sus casi homicidas.
En la misma línea, hoy afirma que “me preocupa profundamente la falta de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, porque aquí no hablamos de programas, sino de mujeres y niños cuya vida está en riesgo. Si bien el Gobierno del Presidente Boric ha puesto el tema de la violencia de género en el centro del discurso y ha impulsado iniciativas legales, en la práctica seguimos viendo una respuesta insuficiente en materia de protección efectiva, especialmente en regiones donde la cobertura de casas de acogida es limitada o derechamente inexistente. No basta con anuncios ni con buenas intenciones: se requieren recursos concretos, continuidad de estos espacios y una red sólida que permita a las mujeres salir de la violencia con seguridad. El Estado no puede fallar en esta primera línea de protección, porque cuando eso ocurre, las consecuencias son irreparables”.
Cuando cerraron la casa de Puerto Natales fue noticia local, pues tras el cierre, una concejala acusó que dos mujeres quedaron sin atención. “Da cuenta de un retroceso, que no se condice con los discursos pro mujer que vienen desde el gobierno y sus representantes”, dijo Verónica Pérez en marzo de 2023. En noviembre de ese año, un grupo de mujeres denunció la precariedad en que vivían en una casa de acogida de Magallanes, definiendo el sistema como «carcelario». Incluso denunciaron ser víctimas de amenazas por el personal.
Exdirectoras regionales consultadas por este medio coinciden en que, incluso con todas sus falencias, si se cerraron residencias “por la causa que sea, ello se contradice con los datos de violencia y femicidios. Esa es una contradicción. El deber del Estado está en proteger a las mujeres que estén en riesgo alto de violencia, de su vida, pero eso también es un enfoque medianamente equivocado», advierten. «El énfasis debe estar en quien ataca a la mujer, a quien la violenta«, dice una, sin dejar de proveer a las víctimas de la ayuda necesaria, “pero de verdad. No sirve un psicólogo una vez a la semana. Estos son casos graves, los más extremos”. Y en ese sentido, destacan que cuando se lleva a una mujer a una residencia, la dejan sin vínculos, mientras que el o la agresora sigue con su vida normal. Asimismo, llaman a encauzar los esfuerzos para llegar a un modelo de residencia al estilo nórdico, que ubica temporalmente a las mujeres en condominios de edificios, viviendo de forma separada, autónoma, protegida, pero tutelada por un lapso de tiempo.
Los diputados Christian Matheson (Ind), Jorge Guzmán (Evo), Hotuiti Teao (Ind) y Francisco Undurraga (Evo) impulsaron una resolución de la Cámara que pedía al Presidente Boric que impulsara esa iniciativa, dado que ellos no podían iniciarla al involucrar presupuesto.
¿Por qué no se han abierto más residencias transitorias?
Desde el Ministerio de la Mujer explican que “la oferta de estos espacios responde a necesidades de protección que si bien permiten interrumpir la violencia en lo inmediato, son estrategias paliativas de muy corto plazo, que por sí solas no permiten obtener resultados en la reducción de la reincidencia de victimización por violencias de género. Por lo mismo, ante la situación de los femicidios en el país, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género empujó la Ley Integral , justamente para tener una respuesta integral de todas las instituciones del Estado, en cuanto a las acciones de prevención y protección”.
Los recursos de la diferencia entre Casas de Acogida y Residencias Transitorias, “se integraron a una oferta reformulada” que permitió aumentar los Centros de las Mujeres: «La evidencia muestra que los mejores resultados en la reducción de la reincidencia de la violencia se logran con acompañamientos psicosociales en el tiempo tanto durante la permanencia en dispositivos de protección como después de su egreso, por lo que se fortaleció este tipo de atención desde los centros especializados».
Lo mismo pasó con lo que se destinaba a los Centros de Reeducación de Hombres (CRH), programa que con una deserción de 43,05% y que tampoco salió bien parado de una auditoría de Contraloría. «Dada esta realidad, los recursos que se invirtieron en esta materia fueron reorientados en trabajo preventivo, recomendación realizada también por organismos internacionales como la ONU y que es precisamente hacia donde apuntó la reformulación y modernización de los programas de Violencia de Género», dicen en el ministerio.
Respecto a la prevención, destacan que el año pasado 657 organizaciones sociales y educativas se sumaron al programa de Prevención de las Violencias de Género para «educar e informar sobre los efectos de la violencia de género, con la participación de jóvenes, mujeres y hombres, entendiendo que esta intervención es clave en los espacios cotidianos de las comunidades y las familias».