En medio del debate que se estaba dando en la sala del Senado sobre ley Naín-Retamal, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió ayer en la noche con los miembros de la Comisión de Seguridad del Senado, en una sala contigua. El objetivo era buscar un acuerdo definitivo en torno al proyecto y evitar así una derrota para el Gobierno.
En el Ejecutivo sabían que a esa altura tendrían que ceder. En la sala no estaban los votos para aprobar las indicaciones que buscaban limitar la legítima defensa privilegiada de las policías, ni tampoco el ánimo de postergar la votación.
Para el Ejecutivo una derrota en la sala iba a tener un costo demasiado alto. Y es que en los últimos días el Gobierno tomó partido en favor del discurso que impulsaron en Apruebo Dignidad, especialmente en el Partido Comunista, respecto a que la ley era «un riesgo para los DDHH».
Por lo que de aprobarse el proyecto sin acuerdo, el Gobierno se podría haber visto presionado por su sector más radical para que vetara la ley o recurriera al Tribunal Constitucional, siendo que la iniciativa cuenta con un fuerte apoyo ciudadano.
El factor Boric
A esto se sumó ayer el hecho de que fue el propio Presidente Gabriel Boric quien intervino en el debate.
Lo hizo dos veces. Primero en el marco de la firma del Compromiso Transversal por la Seguridad, donde se anunciaron una serie de medidas enfocadas en aumentar las facultades a nivel municipal. Ahí el Mandatario hizo un llamado a que «legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos nocivos que podría tener este proyecto tal cual está«.
Más tarde, a las 16:00 horas, en el momento en que debía iniciarse el debate en el Senado, el Mandatario compartió vía Twitter, una carta donde penalistas y criminólogos expresaron su preocupación respecto a la discusión que se estaba llevando en el Congreso sobre la crisis de seguridad. En la misiva se hacía hincapié, a juicio de los firmantes, de las consecuencias que podría tener en la sociedad y los derechos de las personas, la aprobación de la ley Naín-Retamal, tal como se había aprobado en la Cámara de Diputados.
La arremetida del Presidente, se transformó en el momento cúlmine de un despliegue comunicacional que había estado en manos de la titular de Interior, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo y donde incluso acuñaron el término «gatillo fácil», para defender el ingreso de indicaciones para ponerle límite a «la legítima defensa privilegiada» que establece el proyecto.
El tuit del Mandatario, de hecho, se dio en medio de las cuentas que llegaban desde el Congreso y que advertían que no estaban los votos para aprobar las indicaciones del Ejecutivo. En el oficialismo varios consideraron arriesgada esta jugada, ya que una derrota en el Senado podía ser vista ahora directamente como una derrota política y personal del Presidente Boric.
El discurso del PC que arrastró al Gobierno
En el Ejecutivo, la agenda de seguridad se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, que los dejó sin margen de acción tras el asesinato de la carabinera Rita Olivares. De hecho, el Gobierno se vio obligado a apoyar la iniciativa de Chile Vamos -que busca aumentar la protección de Carabineros-, pese a que era un proyecto que incomodaba en el oficialismo y que no estaba en la agenda de seguridad del Ejecutivo.
El apoyo el Gobierno en la Cámara de Diputados al proyecto generó la molestia del Partido Comunista y el Frente Amplio, quienes iniciaron una verdadera campaña pública y privada para que el Gobierno le pusiera límites a lo que se considera el corazón del proyecto. El artículo que establecía una «legítima defensa privilegiada» de Carabineros.
Las alarmas se activaron principalmente en el PC, partido que en medio del debate que se daba en la Cámara, comenzó a trabajar en sus bancadas un relato que le permitiera hacer frente al apoyo mayoritario con que contaba el proyecto. El objetivo era al menos que el Gobierno no le diera luz verde en su totalidad a la normativa y que se enviara una señal al electorado de izquierda en favor de los DD.HH.
En la colectividad señalan que se estuvo trabajando técnica y comunicacionalmente en el relato. Era importante, dicen, dar una señal de que se estaba a favor de mantener la capacidad operativa y técnica de carabineros, pero que esto no podía significar que se creara un marco legal de «impunidad» o que no se hicieran responsable de sus actos. Establecer un limite, era la clave.
El discurso, para el que se utilizó una serie de literatura en materia de DD.HH. y organizaciones ad hoc, además del apoyo de penalistas que hablaban de problemas técnicos, habría fortalecido la convicción del Presidente de que se debía salir a marcar esta posición públicamente.
De ahí que incluso la ministra Tohá -apoyada en el argumento de que este era un tema técnico- salió a utilizar la frase «gatillo fácil». Postura que fue remarcada por Vallejo y Cordero.
Con la intención de instalar este relato y buscar los votos necesario, el Gobierno logró frenar, de hecho, la votación del proyecto la semana pasada, en medio de lo que el senador oficialista, Jaime Quintana, catalogó como un «tsunami comunicacional», y que según los cálculos, haría inevitable su aprobación.
Acuerdo Gobierno y Oposición
Finalmente, el proyecto fue aprobado en general esta madrugada, con 40 votos a favor y 5 en contra. Los únicos votos en contra fueron los de los senadores Esteban Velásquez (FRVS), Ignacio Latorre (RD), Fabiola Campillai (IND) y los comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual.
En tanto, en la votación en particular, el Gobierno cambió su estrategia y no insistió en la idea de incluir la legitima defensa privilegiada en el Código de Justicia Militar, quedando establecida en el Código Penal, tal como lo solicitó Chile Vamos y otros sectores. Además el estatuto incluirá a las FF.AA., cuando cumplan funciones de orden público.
Ahora el proyecto volverá a la Cámara de Diputados, para su tercer trámite constitucional.