El miércoles pasado CAP anunció el cierre indefinido de su filial Huachipato en Talcahuano producto de una compleja e insostenible situación financiera que arrastraba desde hace años.
Hace unos meses se le había aplicado una sobretasa al acero importado desde China, con lo que se esperaba que la empresa pudiese sobrevivir. Pero esto no ocurrió y la filial Huachipato cerrará en septiembre. Con esto quedarán sin trabajo 20 mil personas y se estima un aumento de la cesantía que podría llegar al 12% en la región.
En el programa «Mirada Líbero», el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, abordó esta compleja situación y relató la reunión que sostuvo esta semana con el ministro de Economía, Nicolás Grau, y los sindicatos de la empresa, en donde se evaluaron propuestas para hacer frente a la contingencia.
«Estamos preocupados y afectados»
«Estamos preocupados y afectados, Huachipato no solo es una gran empresa que brindaba 20 mil empleos directos e indirectos, sino que un tipo particular de cultura laboral que existe en esta parte del país (…). Más del 20% del PIB proviene de la actividad industrial. Entonces, a nosotros nos genera un impacto enorme, por la pérdida de puestos de trabajo, pero también porque afecta la cultura de la producción dentro de la región», explicó el gobernador.
«Tenemos 20 mil personas que quedan sin pega. De acá a fin de año van a haber cerca de 50 personas trabajando en esta empresa«, agregó Díaz.
Respecto a la reunión con el ministro Grau, en la que el secretario de Estado pidió que no participara el alcalde de Talcahuano, el gobernador sostuvo que «efectivamente hubo una reunión, del ministro con representantes de los sindicatos que tiene la compañía siderúrgica, con presencia de un representante de las empresas contratistas permanentes que prestan servicio. A mí me llegó una invitación del sindicato para asistir, y en esa invitación decía que estaba convidado el alcalde de Talcahuano. No es una idea feliz no permitir que el alcalde de la comuna esté presente en esa reunión«, dijo.
Sin embargo, señaló que «el ministro hizo algo que a mí me parece positivo, que es venir y escuchar (…). Hizo algunas recomendaciones respecto de contar con ayuda por parte del Ministerio del Trabajo en el proceso de negociación que van a tener que llevar estos sindicatos para obtener compensaciones producto de lo que establece la ley. Y también planteó su interés de formular una propuesta de apoyo a la actividad industrial en el lapso de 10 días. Eso es lo que planteó el ministro».
«Le pido al gobierno un interlocutor único»
Así, el gobernador explicó que «tuve la oportunidad de trabajar con el ministro en una reunión privada con él y con la delegada presidencial (…). Lo que le hemos pedido y le pido al gobierno es un interlocutor único. Es decir, el ministro de Economía. Un interlocutor. No distintos ministerios, porque si no, no resulta. Y que tengamos medidas de corto plazo», dijo.
Agregó que «si bien el gobierno no ha creado el problema de cesantía, debe generar un plan de inversión. Le señalé una larga lista de ejemplos al ministro (…). En paralelo le dije que hay otras actividades industriales importantes en la región, la pesca, el mundo forestal, que están bajo amenazas y que si lo que se quiere hacer es de verdad preservar el empleo de buena calidad que dan las industrias de la región, necesitamos medidas legislativas, tanto para frenar algunos proyectos muy dañinos para la actividad económica regional, como para impulsar otros».
«Huachipato es una bomba atómica»
Entre los ejemplo que entregó al gobierno para salir de la crisis, Díaz mencionó que «debiera desarrollar un plan de pavimentación participativa interesante, que capte mano de obra y capte empresas. Podría ser un plan de reparación de puentes. Podría generar una medida legislativa rápida para revertir la mala decisión que se tomó años atrás de prohibir la captura industrial de jibia, o podría generarse un proyecto rápido para construcción de cortafuegos».
«Tenemos una amenaza. Para nosotros Huachipato es una bomba atómica, pero en el sector forestal nosotros tenemos 100 mil empleos directos. Cinco veces Huachipato. Y las medidas legislativas que hay hoy día, o la omisión de estas, también nos generan otra bomba atómica que podría ser cinco veces peor. Y tenemos un proyecto de ley de pesca que atenta contra el empleo industrial pesquero, que da 10 mil empleos. Y sería también otra bomba atómica», alertó el gobernador.
«El grupo CAP tiene todo el derecho a tomar esta decisión de cerrar Huachipato, pero la forma en que la implementó deja bastante que desear»
Sobre el cierre de Huachipato, Díaz afirmó que «el grupo CAP tiene todo el derecho a tomar la decisión que tomó, pero la forma en que la implementó es una forma que deja bastante que desear. CAP estuvo lejos de las mejores prácticas de relacionamiento en este cierre».
Asimismo, se quejó por la actitud que tuvo el grupo con las autoridades de la región: «Los ejecutivos máximos nos vinieron a pedir salvaguardas por lo de la competencia desleal. Lo que uno hubiera esperado es que esas mismas autoridades de la compañía nos hubieran dado las mismas explicaciones para el cierre. Eso no se cumplió».
Sobre si hubo alguna responsabilidad del gobierno en el cierre de Huachipato, señaló que «el gobierno fue muy crédulo con la oferta que le hizo el grupo CAP. Debía tener un plan A y un plan B. Veo ahí una falla».
«Hoy día al grupo CAP le sale más caro haber cerrado la compañía que hace seis meses. Creo que hicieron todo lo posible. Y creo que el ministro Grau, en representación del gobierno, también hizo todo lo posible», enfatizó.