Publicado el 24 febrero, 2021

Francisco Orrego: Constitución, emprendimiento e innovación: Ley Fintech

Candidato independiente a la Convención Constituyente por el Distrito 11 Francisco Orrego

No debemos temerle a la competencia ni verla como una amenaza. Una libre, innovadora y sana competencia debe ser vista como un valor que debe ser protegido y alentado por un texto constitucional. Por lo mismo es que, a través de un diálogo fluido e instancias participativas, confío en que podamos anunciar al mundo que contamos con una Ley Fintech que cumple con los más altos estándares internacionales. ¿Estamos a la altura del desafío?

Francisco Orrego Candidato independiente a la Convención Constituyente por el Distrito 11
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A inicios de febrero la Comisión para el Mercado Financiero publicó la esperada propuesta de Ley Fintech para el mercado de valores. Una iniciativa que era esperada por muchos actores y que va a marcar un antes y un después, en lo que respecta a regulación, para un postergado hub de empresas y emprendedores de nuestro país.

Con el anteproyecto, el regulador local busca otorgar un marco jurídico y reglamentario a las empresas que forman parte del ecosistema Fintech. Todas compañías, con diversos modelos de negocios que se mueven en el sector financiero y que, de la mano de la tecnología, han adquirido cada vez mayor relevancia pero que, hasta ahora, no contaban con una regulación financiera específica, generando limitaciones a su desarrollo y, eventualmente, riesgos para los usuarios de sus servicios.

En este contexto, podemos ver a las empresas que se dedican al factoring online, criptomonedas, crowdfunding, etc. Un sinnúmero de compañías con las que actuamos diariamente, casi sin darnos cuenta, y que han permitido ampliar el mercado y la competencia, gracias al actual marco constitucional, generarando más y mejores servicios y abrir la cancha para nuevos actores. Todo ello, en un entorno marcado por la innovación, el emprendimiento y la iniciativa privada, como pilares de un modelo que solo ha generado progreso para los chilenos.

Es así que, estando en pleno debate Constitucional, con muchos candidatos disparando eslóganes o haciendo llamados vacíos a diestra y siniestra y otros tantos haciendo llamados refundacionales, hoy se hace urgentemente necesario que quienes aspiren llegar a la Convención planteen, en sus propuestas programáticas, un compromiso real y serio con el emprendimiento y la innovación. Hasta ahora hay una ausencia total de propuestas.

En mi caso, he explicitado, como uno de mis compromisos basales, y como parte de los 10 pilares de lo que será mi trabajo en la redacción de la nueva Constitución, la promoción y protección al emprendimiento e iniciativa privada, a través de un estatuto de garantías que aseguren estabilidad, confianza y certeza jurídica para todos los empresarios y emprendedores del país. Soy un convencido de que esos ámbitos hoy no están siendo abordados de la manera que se requiere y, donde considero que debiese existir un firme compromiso de los diversos estamentos, llámese Estado, reguladores, parlamentarios, gremios y empresas, consumidores, entre otros, por alcanzar puntos de encuentro en la materia, lo que redundará, necesariamente, en una mayor inversión, tanto local como extranjera, surgimiento de nuevos actores, junto con la generación y consolidación de un ecosistema de empresas y emprendedores, todos necesarios para apoyar la reactivación de un país golpeado por revueltas sociales, conflictos interminables en la macrozona sur y una fulminante pandemia, que nos acompaña hasta hoy día.

Así, dentro de mi compromiso con el emprendimiento e iniciativa privada, planteo como un aspecto de suma relevancia la existencia de una cancha pareja, para todos, la que permitirá un acceso al mercado financiero, con igualdad de oportunidades, tanto a grandes como a pequeñas empresas y emprendedores. Por ello, veo con preocupación que de no existir actores -y constituyentes como yo-, dispuestos a jugarse por estas convicciones, seremos pasivos espectadores del surgimiento de asimetrías de información, abuso de posiciones dominantes y trabas a la libre competencia, todas situaciones que atentarán contra el normal desarrollo de los negocios y terminarán, a la larga, por hacer desparecer a compañías y modelos que van en beneficio directo del país y de las personas.

No debemos temerle a la competencia ni verla como una amenaza. Una libre, innovadora y sana competencia debe ser vista como un valor que debe ser protegido y alentado por un texto constitucional. Por lo mismo, es que, a través de un diálogo fluido e instancias participativas, donde ningún actor que integre el ecosistema de emprendimiento e innovación quede fuera, es que confío en que podamos anunciar al mundo, más temprano que tarde, que contamos con una Ley Fintech que cumple con los más altos estándares internacionales. Misma regulación que se presenta como un tremendo desafío para el Estado y constituye una nueva prueba y tirón de orejas para una traspapelada pero necesaria modernización del mismo. ¿Estamos a la altura del desafío?

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