Publicado el 15 marzo, 2021

“Follow the money”: la descoordinada arista tributaria en la investigación de la violencia en la Macrozona Sur

Autor:

Emily Avendaño

Hay dos obstáculos que han impedido que en la zona se vigile con mayor fortaleza los delitos tributarios asociados al robo de madera: la transitoriedad de planes de fiscalización en carreteras que incluyan al Servicio de Impuestos Internos y Conaf y la pugna entre el SII y la Fiscalía. Desde el sur apuntan que el “blanqueo” de la madera robada es un punto crucial a perseguir, pues se trata de un negocio que mueve millones de dólares al año. El Coordinador de la Macrozona Sur en Biobío destaca que tienen la meta de que el programa de fiscalización que implementan desde enero sea permanente.

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Emily Avendaño

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Cifras de la Corporación Nacional de la Madera (Corma) dan cuenta de que las bandas organizadas que se dedican al robo y hurto de este material año a año han ido aumentando sus réditos. En 2018 el monto de los delitos asociados era de US $20 millones; para 2019 ese número se había más que duplicado hasta llegar a US $45,2 millones y para 2020 dio otro salto hasta alcanzar los US $67,8 millones. “El delito del robo de madera, más que el narcotráfico es la base fundamental de financiamiento de grupos armados que operan en la Región de la Araucanía y en la Provincia de Arauco”, enfatiza Roberto Coloma, coordinador de la Macrozona Sur para la región del Biobío.

Por esta razón, explica Coloma, una de las primeras acciones que tomaron en el mes de enero fue la de convocar al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para intensificar su rol fiscalizador. “Diseñamos con el Director Regional del SII en la Región del Biobío y con el Director Regional de Conaf en Biobío, y Carabineros el desarrollo de un plan de fiscalización, que se traduce en establecer controles carreteros en distintos puntos de la Provincia de Arauco. Para el gobierno es fundamental el rol que tiene que jugar el SII y todos los servicios públicos que ejercen facultades fiscalizadoras de distintas materias asociadas a este tipo de delitos y en general a la situación de control de orden público y de normativa sectorial en la zona”, afirma Coloma. Estas gestiones son para verificar el traslado en regla de los rollizos de madera.

En simple, “los delitos asociados al robo de madera implican muchas veces la emisión de facturas falsas porque esa madera por regla general se la venden a forestales. ¿Qué hacen estas forestales? Blanquean el origen de la madera y cómo lo hacen: emitiendo facturas falsas, de operaciones que no existen. Entonces, estas entidades emiten facturas por un valor superior al que realmente compraron la madera y recuperan el IVA en la factura. Allí incurren en un delito tributario, que es el del artículo 97, numeral 4, del Código Tributario. En ese caso el SII puede investigar la infracción administrativa. Para el caso de que el SII detecte la configuración de un delito tiene que denunciar o querellarse para que la Fiscalía investigue tal delito”, explica el ex fiscal Jefe de Talcahuano Andrés Cruz Carrasco. Una posibilidad que, opina, ha sido “subutilizada”.

Son empresas pequeñas las que participan de este entramado. Las cuales además están fuera de las organizaciones gremiales que agrupan este rubro, que están obligadas a regirse por normativas legales y éticas. “Se trata de un grupo muy minoritario”, sostienen.

Desde el SII explican que a partir del año 2013 el uso de facturas falsas en el rubro de la comercialización de la madera ha sido un foco relevante del trabajo de fiscalización que desarrollan en las zonas forestales. “El flagelo consiste básicamente en la comercialización de madera de origen ilegal, supuestamente extraída desde predios inexistentes, y en la emisión de las respectivas facturas falsas, dado que el objetivo final de este esquema fraudulento, desde el punto de vista tributario, sería la evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, así como la obtención indebida de la devolución del IVA a las exportaciones”.

A la fecha el SII ha presentado 15 querellas por delitos tributarios vinculados al rubro de la producción y comercialización de madera, por un perjuicio fiscal histórico calculado en $5.600 millones. 

Francisco Ljubetic, quien dirigió el Ministerio Público en La Araucanía entre 2005 y 2013, explica que la Fiscalía puede solicitar al SII información tributaria de alguna persona que esté siendo investigada. Esa información tributaria puede ser la clase de contribuyente, los tributos que declara: ya sea primera categoría, impuesto a la renta, complementario, IVA. “Eso es posible en cualquier investigación que guarde relación con un levantamiento patrimonial de alguna persona que está siendo objeto de una indagatoria penal”. Casos en los que además corresponde pedir una autorización judicial para acceder a este tipo de información.

La data que puede solicitar el fiscal, “no obsta a que el propio SII, conforme al Código Tributario, pueda realizar una indagación tributaria. Está facultado para hacerlo y eso tiene relación fundamentalmente con la posibilidad de obtener información acerca de contribuyentes que no están cumpliendo con la normativa tributaria, que han hecho declaraciones no fidedignas o que en definitiva están utilizando mecanismos que de alguna manera lleven a una evasión tributaria”, dice Ljubetic. 

Agrega el ex fical de La Araucanía, ahora vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco, que esta es una mirada con la que se puede indagar tanto el robo de madera como el abigeato, porque lo sustraído de esas dos fuentes, lo forestal y lo ganadero, terminan en empresas forestales que compran esta madera que ha sido obtenida fraudulentamente y los animales pueden ser comprados a través de terceros en ferias. “Por lo tanto hay una especie de blanqueo y eso sí es posible que sea perseguido por el SII de propia iniciativa”. 

Resume Ljubetic que tanto las boletas falsas como las guías de despacho falsas hacen que, desde el punto de vista tributario, el impuesto no llegue a las arcas fiscales porque hay una evasión impositiva a través del blanqueamiento en el comercio formal, en circunstancias en que el origen es ilegítimo o fraudulento.

Las fiscalizaciones del SII

Sobre su rol, el SII especificó que trabajan en la fiscalización y persecución penal de los delitos tributarios, “que son cometidos por verdaderas mafias organizadas”. El objetivo es seguir la trazabilidad de la madera, desde el origen hasta la cadena de comercialización. En paralelo, sostienen, han reforzado el equipo especial de fiscalizadores y abogados a cargo de las auditorías en los casos seleccionados para revisión. Para esta tarea se requiere la acción conjunta con el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Aduanas, Seremi de Hacienda, Carabineros, PDI, Conaf y las distintas gobernaciones.

Entre las irregularidades han hallado el uso indebido de crédito fiscal soportado en facturas ideologicamente falsas. Además, mediante imágenes satelitales de geolocalización fue posible identificar predios forestales indicados en los documentos tributarios (guías de despacho y facturas) como origen de la madera, que nunca habían sido explotados o que se explotaron en volúmenes muy inferiores a los documentados; otros explotados pero en una fecha distinta, y casos de guías de despacho y facturas que indicaban como origen de la madera inmuebles que no correspondían a predios agrícolas, como por ejemplo, escuelas.

La tarea incluye la toma de declaraciones juradas a los propietarios de los terrenos supuestamente explotados y la revisión de los registros contables de las empresas, para establecer la emisión de las facturas, por una parte, y el registro y declaración de éstas, por la otra; las guías de despacho en que las facturas se fundan, de manera de obtener los roles de avalúo de los predios desde los que mayor cantidad de madera supuestamente se compra; verificar la existencia de dichos predios y la factibilidad de obtener el tipo de madera y las cantidades registradas en las guías; es decir, la verificación de la trazabilidad de la madera comprada y comprobación de sus proveedores.

Los Planes de Gestión del Cumplimiento Tributario (PGCT) del SII, marco referencial para la fiscalización que se realiza en el año, consideran como segmento de Interés Nacional y Regional la explotación de bosques, en particular, a los propietarios de inmuebles agrícolas con plantaciones, trabajo que apunta a identificar brechas en la declaración y pago de Impuesto a la Renta e IVA.

Agregan desde el SII que se han enfocado en detectar y posteriormente desarticular la creación de empresas de papel, cuyo único propósito es la obtención de gran cantidad de documentos tributarios para así facilitarlos a terceros contribuyentes, en un entramado que involucra a testaferros, facilitadores y compradores de documentación tributaria.

Coordinación transitoria y celos profesionales

Coloma admite que cuando emprendieron la tarea preventiva y de fiscalización con el SII y Conaf estos controles habían sido descontinuados debido a los problemas generados por la crisis sanitaria. Por ejemplo, plantea que hoy día en Concepción y prácticamente todas las comunas de la Región de Biobío están bajo cuarentena total. “Eso es un problema práctico importante a la hora de establecer los controles porque los funcionarios del SII y de Conaf obviamente que están limitados por la situación sanitaria. No obstante, hemos contado con la colaboración de la jefatura regional del SII y de Conaf, que han demostrado un compromiso con estas tareas. Obviamente que nos gustaría que se pudieran hacer con mayor intensidad, con mayor periodicidad, pero en el contexto en que nos estamos desenvolviendo, hemos contado con la colaboración de ambos servicios”.

El ex fiscal Ljubetic sostiene que le consta que han existido múltiples intentos por tener actividades coordinadas entre Impuestos Internos, Conaf y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a través de fiscalizaciones conjuntas, pero asevera que el problema es que estas no son sostenidas en el tiempo, más bien “son focalizadas y específicas”, porque no se tiene el personal suficiente para realizar una labor prolongada lo que permitiría una fiscalización más efectiva.

Al respecto, Coloma asegura que una de las metas que se han trazado es lograr que estos controles sean duraderos. “Una de las primeras cosas que hice fue fijar una reunión con el Director Regional del SII para plantearle la urgencia de poder retomar los controles, intensificarlos y transformarlos en una política de fiscalización permanente. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener en el tiempo esta coordinación y estos operativos conjuntos, con un compromiso muy claro en que esto no sea una medida transitoria sino que sea una medida permanente en el tiempo. A nosotros como gobierno nos interesa que el Estado a través de todos sus servicios, y especialmente el SII y la Conaf, mantengan una presencia permanente e intensa en el ejercicio de sus labores de fiscalización en la zona”.

Otro de los desafíos sería el celo profesional existente entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, una controversia que tendría su origen ante las definiciones de a quién corresponde la acción penal tributaria. 

“El SII es una institución extremadamente celosa. Cuando investigué este tipo de hechos podía pedir o requerir información del SII y en la Fiscalía hacer los levantamientos y los análisis. Si la Fiscalía detecta la posible configuración de un delito tributario tiene que remitir los antecedentes al SII para que el SII evalúe si se va a querellar o denunciar, para poder permitir al Ministerio Público investigar los delitos tributarios. Si no se querella no se puede investigar esta área sino solamente los delitos comunes asociados, que pueden ser la receptación o el de lavado de activos”, manifiesta Cruz Carrasco. 

Ljubetic coincide con esta mirada: “En lo que ha sido la historia entre ambas instituciones, ha habido celo importante entre ambas. Y eso deriva de que la única institución que puede hacer una investigación de carácter tributario es Impuestos Internos, por ley”. Ambos ex fiscales también están de acuerdo en que este mismo celo -que a veces puede rayar en la competencia- se repite a nivel policial entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, lo que constituye una traba para el éxito de las indagatorias, al haber desconfianza al momento de compartir ciertas informaciones. 

“Tenemos un montón de instituciones que funcionan en sus propios estancos, en sus propios marcos y son súper celosos los unos de los otros. No colaboran. Compiten entre ellos”, reitera Cruz Carrasco.

Fuentes que han estado relacionadas con el SII en el pasado confirman las discrepancias que han existido entre ambas instituciones y aluden a una falta de disposición del Ministerio Público a solicitar la colaboración del Servicio. Sin embargo, la respuesta oficial del SII al ser consultado sobre este punto es que una falta de coordinación entre amabas instancias “no es efectiva y dista de la realidad”.

“A nivel nacional como regional existe una estrecha coordinación y cooperación entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público en materia de persecución penal de los delitos tributarios ante los tribunales de justicia. Ambos organismos son actores claves en el correcto funcionamiento de la política criminal en materia tributaria que lleva a cabo el Estado, con el objetivo de lograr una persecución penal más eficiente. Dicha coordinación se da especialmente en aquellos casos en que, por su complejidad, requieren que el SII, como organismo técnico especializado, apoye la persecución penal del Ministerio Público con su conocimiento en materias tributario-contables, análisis y cruces de información en su base de datos y distintas herramientas tecnológicas”, dicen del SII.

Precisamente señalan como un ejemplo el trabajo que despliegan actualmente a través de la Dirección Regional de Concepción, que se tradujo en la presentación de una serie de querellas por delitos tributarios vinculados a la comercialización de madera.

Insisten en que colaboran activa y permanentemente con el Ministerio Público, ya que es este el organismo que dirige, de manera exclusiva, la investigación penal en nuestro país respecto de toda clase de delitos. “Si la Fiscalía encuentra antecedentes que pudiesen ser constitutivos de delitos tributarios tiene el deber legal de ponerlos a disposición del SII para los efectos que este último realice el proceso de recopilación de antecedentes. Ello, con miras a determinar irregularidades constitutivas de delitos tributarios y así poder presentar las respectivas acciones penales e infraccionales que correspondan. Esto último, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ministerio Público de seguir investigando cualquier otra clase de delito”, afirman del SII.

No obstante, en el pasado esto no ha sido tan efectivo. El ex fiscal Cruz Carrasco señala que tuvo juicios por lavado de activos, cuyo delito base era el tráfico de drogas. “Puse los antecedentes a disposición del SII porque los sujetos para blanquear el origen ilícito de la droga decían que provenían de actividades lícitas, y emitían facturas, hacían declaraciones de renta y el SII nunca se quiso querellar, ni denunciar la posible configuración de un delito tributario. Tenía que investigar únicamente el delito de lavado de activos y el de tráfico de drogas no podía intervenir más en el delito tributario”.

Hilos investigativos desperdiciados

Ljubetic plantea que desde el punto de vista financiero se pueden construir distintos hilos investigativos, asociados a la propiedad de las camionetas de alta gama, y la compra-venta de municiones y combustible en bidones. 

De las camionetas sostienen que eventualmente pueden significar un lavado de activos, que además tiene efecto tributario. “A Impuestos Internos le importa averiguar cuál es el movimiento y el estado de situación patrimonial de las personas. Tiene todos los mecanismos para obtener la información de cada uno de nosotros y sorprende que de pronto haya una camioneta que esté a nombre de alguien en que la tasación o la compra fue de muchos millones, pero resulta que esa persona no tiene iniciación de actividades. No es una persona conocida tributariamente, entonces la pregunta que uno se tiene que hacer mínimamente es ‘de dónde obtuvo el dinero para financiar esa compra’. Así empiezan estas indagatorias tributarias”. Agrega: “Tributariamente Impuestos Internos tiene cómo averiguar eso, o al menos iniciar investigaciones para averiguar si un determinado contribuyente lo es y de dónde obtuvo los recursos para financiar la compra de especies cuantiosas”.

Dice que algo similar ocurre con la munición, que no es fácil de adquirir en el mercado formal, pero para que exista en el mercado negro “es porque se compró en lugares establecidos y muchas veces por personas que tienen autorización para comprar, que en vez de comprar 100 tiros, compraron 200 tiros, 300 tiros y una parte la sobrevenden. En el fondo esa podría ser una línea investigativa”. Indica que eso implica fiscalizar frecuentemente a las armerías, a los efectos de averiguar operaciones de compra de municiones sospechosas. 

Con este punto de vista, otro hilo investigativo que propone es el de la compra de combustible en bidones ya que la gasolina o el petróleo no se puede vender de esta forma salvo excepciones que deberían registrarse.

“Eso significa que hay que destinar funcionarios policiales que se dediquen a seguir ese hilo, obtener información o ver las cámaras de días o semanas en las bombas de bencina. Hacer estudios de inteligencia para poder tener una actividad proactiva. Eso es lo que en definitiva es la inteligencia operativa”. 

Ljubetic añade que si lo que proliferan son los ataques incendiarios lo lógico es ver dónde se compra el combustible. “Tiene que haber un grupo policial que esté estudiando quiénes son los que concurren a las bombas, quiénes compran en bidones. Lo mismo en las armerías, en las ferias, en los que compran la madera. Todos esos son hilos investigativos. Algunos se demoran más, otros menos; y se encuentran de repente información con la cual se empieza a trabajar y se empieza a construir”.

En el SII aseguran que sí pueden fiscalizar las armerías a efectos de averiguar si incurre en operaciones sospechosas o incluso las bencineras. “El SII está facultado para fiscalizar a cualquier contribuyente, siempre con el propósito de verificar el correcto complimiento de sus obligaciones tributarias”.

Coloma destaca que otra de las líneas en las que es importante avanzar es en las modificaciones legales asociadas al robo de madera, que permita una sanción penal más alta para este delito. Al respecto manifiesta que pese a que el gobierno ha emprendido acciones en este sentido, hace pocos días la oposición en el Congreso volvió a rechazar prácticamente en bloque la indicación, lo que se ha convertido en una traba importante al momento de lograr un castigo ejemplarizante para los grupos que operan y cometen este delito que, reitera, es el que financia a los grupos armados en la zona.

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