Cuatro días después de que la Contraloría declarara como ilegal la promesa de compraventa de un terreno de 7,2 hectáreas por $1.130 millones en Punta Arenas -propiedad del papá del diputado Gabriel Boric, Luis Boric, y la cónyuge del diputado Juan Morano, Patricia Büchner-, el Serviu de Magallanes les pidió una prórroga para mantener vigente el contrato y el monto mientras corrige los cuestionamientos.
El organismo contralor decretó en la resolución 333 del 25 de enero la ilegalidad del negocio tras detectar que el Serviu no hizo una licitación pública, sino que eligió ese terreno por trato directo (a dedo), que el precio estaba muy por encima del valor comercial y que la tasación se hizo en forma irregular con un funcionario de la misma institución, cuando debió ser de alguien autónomo y especializado.
En la carta enviada a los vendedores el 29 de enero pasado, el director subrogante del Serviu de Magallanes, Jorge Negrón Castro, les informó que los “reparos consisten en la exigencia de mayores antecedentes que solicita el ente contralor para dar por acreditados y justificados los aspectos señalados, lo que nuestro servicio no tiene inconvenientes en elaborar y recabar, de manera de cumplir con este requerimiento”.
En el cuarto punto de la carta, agrega que dado que el contrato de compraventa estipuló que el pago quedaba pendiente de la toma de razón de la Contraloría en el plazo de 60 días corridos –que venció el 19 de enero -, Negrón les solicitó que les ratificara, “a la brevedad posible, si mantienen vigente su oferta y en los mismos términos establecidos en el contrato”.
Vendedores: “El precio ya pactado se mantiene en las UF convenidas”
La respuesta al Serviu llegó el 8 de febrero de parte de Patricia Büchner, en representación de Luis Boric y Julio López Rodrigo, el tercer propietario, quien le informó que acceden a la prórroga por “un plazo de 60 días, luego del cual nos sentimos facultados para aceptar otras ofertas. El precio ya pactado se mantiene en las UF convenidas”.
Büchner señala en el escrito que se “mantiene el espíritu del mencionado acuerdo”, y que habló con Luis Boric y Julio López, quienes estaban fuera del país y de la ciudad, respectivamente, y estuvieron de acuerdo.
El precio de venta de $1.130 millones ($376 millones para cada vendedor), supera en 241 veces el avalúo fiscal de $4.725.074 del Servicio de Impuestos Internos.
Sin embargo, pese a que en 2004 se le cambió el uso de suelo de rural a urbano al terreno ubicado en la prolongación de la calle José Martínez de Aldunate, Hijuela número 36, en el sector Sur Poniente, en Punta Arenas, el SII lo mantiene como “agrícola”, lo que les ha permitido a los dueños no pagar contribuciones al fisco durante 11 años.
Adicionalmente, el fisco ha hecho millonarias inversiones en vialidad, iluminación, electricidad y alcantarillado en las zonas aledañas al predio del barrio conocido como Chilote, lo que aumentó considerablemente la plusvalía comercial.
Abogado: “Hay una intención evidente y concertada de las partes de engañar al Estado”
El abogado querellante, Mario Zumelzu, se sorprendió con el acuerdo entre los dueños y el Serviu porque vulnera el dictamen de la Contraloría respecto de que existe sobreprecio y que se debe licitar.
“Pediremos ampliar la querella de tráfico de influencia a fraude al fisco por cuanto hay una intención evidente y concertada de las partes de engañar al Estado. Se han vulnerado, además, las normas de contratación en la administración pública al no realizar licitación y cobrar sobreprecios”, señaló a este diario Zumelzu.
Al abogado le llama “profundamente la atención la rebeldía de los funcionarios del Serviu de Magallanes de no acatar un dictamen de la Contraloría, que es obligatorio por ley”, y emplazó al diputado Gabriel Boric a pronunciarse sobre la “conducta delictiva de su padre de defraudar al fisco”.
