Publicado el 10 octubre, 2020

“Falsos exonerados”, las investigaciones en las que no perseveró la fiscal Ximena Chong

Autor:

Emily Avendaño

El Instituto de Previsión Social informó que para el año 2019 había 76.674 exonerados políticos, lo que implica para el Estado un desembolso por más de 173.000 millones de pesos. Sin embargo, pese a que existen denuncias de hace una década se desconoce aún cuántos de los beneficiados por esta iniciativa corresponden a los llamados “falsos exonerados”, una investigación que debía ser llevada a cabo por la fiscal Ximena Chong. De acuerdo con los antecedentes disponibles en el Poder Judicial en dos de estas causas la fiscal, después de años de indagatorias, decidió “no perseverar” y en otra optó por no investigar.

Autor:

Emily Avendaño

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Hace más de una década las primeras denuncias contra los llamados “falsos exonerados” reportaban la existencia de alrededor de 100.000 personas que habían mentido sobre su situación, de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa. En 2013 una investigación de la Contraloría disminuyó esa cifra drásticamente y concluyó que la Oficina de Exonerados Políticos emitió “indebidamente” la resolución que califica tal condición al menos a 3.000 postulantes. Ese mismo año la investigación cayó en manos de la persecutora Ximena Chong, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien tras varios meses de indagatorias, en enero de 2014, bajó aún más el número y ordenó a la PDI investigar solo 71 casos de presuntos falsos exonerados, ya que solo serían estos los que habían incurrido en el delito de falsificación y fraude con subvenciones.

Seis años más tarde poco o nada se sabe de esas investigaciones, salvo los casos en los que la fiscal decidió no perseverar o, de plano, no investigar, y hay antecedentes de tan solo una condena. 

Chong ganó notoriedad durante la última semana luego de que se le asignara llevar adelante el caso contra el carabinero Sebastián Zamora -actualmente en proceso de ser dado de baja-, a quien imputó por el delito de homicidio frustrado en contra de un joven de 16 años que cayó al río Mapocho durante los disturbios el pasado 2 de octubre, “impulsado” por el policía. Proceso por el cual la persecutora ha denunciado amenazas en su contra. 

La Ley Nº19.234 otorga beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas -despedidas- por motivos políticos o actos de autoridad, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El último plazo para acceder a este beneficio se cerró en 2004. 

Al Instituto de Previsión Social le corresponde determinar y calcular los beneficios que corresponda conceder. De acuerdo con información entregada por el IPS, por la vía de Transparencia, para el año 2019 había 76.674 beneficiados, lo que implica para el Estado un desembolso por más de 173.000 millones de pesos ($173.306.080.000). No obstante, se desconoce cuántas de estas personas podrían entrar en la categoría de “falsos exonerados”. 

El 22 de mayo de 2020 los diputados de Renovación Nacional Sofía Cid, Camila Flores y  Leonidas Romero enviaron un oficio al Consejo de Defensa del Estado -que en 2011 informó de 52 casos efectivos de falsos exonerados- para conocer la cantidad causas que concluyeron con sentencias condenatorias o absolutorias, y el motivo de dicha absolución; el número de causas aún en tramitación; así como la cantidad de causas que fueron archivadas sin llegar a término y el motivo y la cantidad de causas en las que se decretó el abandono del procedimiento; pero no hubo respuesta. 

“El oficio al CDE fue enviado en mayo y no tuvimos respuesta. Por otra parte ese mismo mes presentamos un proyecto de resolución pidiendo al ejecutivo que ponga urgencia en la discusión del proyecto que modifica la ley N° 19.234, que no ha avanzado y no ha sido votado. No veo voluntad de las instituciones en progresar en este tema tan delicado. Me preocupa que se vuelva costumbre que los fraudes y mal uso de los recursos fiscales no se persigan adecuadamente, que no existe un celo de parte de las autoridades por cuidar estos recursos que son aportados por los ciudadanos y que deberían ser utilizados en otras necesidades”, afirma la diputada Cid.

La misma investigación de la Contraloría del año 2013 dice que el IPS desembolsó indebidamente casi 30.000 millones de pesos ($ 29.616.807.000), en favor de 5.917 beneficiarios que accedieron a la pensión no contributiva, efectuando pagos con subrogación, sin acreditar la efectiva prestación de los servicios y el pago de las cotizaciones por parte del empleador.

“Con la diputada Camila Flores hicimos una presentación en La Moneda hace ya mucho tiempo solicitando información. Nos reunimos con el Fiscal Nacional, con la fiscal Chong y con otras autoridades, pero la verdad es que eso no ha tenido ninguna novedad. No se ha concretado ninguna medida para tratar de evitar que se siga pagando a los falsos exonerados. Tuvimos a la vista documentos donde en la época en que supuestamente fueron exonerados de sus trabajos algunas personas tenían 8, 10 o 12 años de edad. Desgraciadamente nosotros hemos insistido y no hemos obtenido respuesta. Me da la impresión que no está la voluntad política y menos legal de concretar este no más pago de los falsos exonerados”, advirtió el diputado Romero.

Las decisiones de “no perseverar”

En el Poder Judicial existe registro de al menos cuatro investigaciones que estuvieron a cargo de la fiscal Chong relacionadas con los exonerados.

Está el caso de una investigación iniciada el 24 de septiembre de 2013 por una denuncia de Andrea Selman Hasbún, que era la jefa de la Oficina de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior, por el delito de falsificación de instrumento público. De acuerdo con la denuncia Juan Acevedo Salazar y Ramón Garrido Valdés habrían presentado certificados falsos, supuestamente emanados del Ministerio de Obras Públicas, a los efectos de acreditar su calificación como exonerados políticos.

Chong señala que, en efecto, en el caso de Acevedo Salazar el certificado fue emitido a nombre de un tercero; mientras que en el caso de Garrido Valdés “el documento fue extendido a nombre de persona diversa”. No obstante, en agosto de 2015 la persecutora oficia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para solicitar “no iniciar la investigación” debido a que los “antecedentes y datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad criminal del afectado, toda vez que ya a la fecha de la denuncia, ha transcurrido el plazo de prescripción del simple delito indagado”, por lo tanto se abstiene de toda investigación de los hechos indicados. 

Otro caso fue producto de una querella introducida por el Consejo de Defensa del Estado en contra de Magdalena Santana y todos los que resulten responsables. Según el documento, Santana solicitó en 1999 su reconocimiento en el Programa de Exonerados Políticos, pero no reunía los requisitos para obtener una pensión no contributiva, por no registrar imposiciones en el antiguo sistema previsional. Sin embargo, en 2003 Santana inició los trámites ante el Instituto de Normalización Previsional indicando los períodos trabajados y aportando dos testigos, uno de los cuales afirmó que la mujer había trabajado en el Partido Comunista de Linares en funciones de aseo, situación que no pudo ser acreditada por la Inspección del Trabajo en 2004. 

Pese a los dos rechazos, dice la querella, Santana volvió a insistir en 2009 con una solicitud de autorización de pago de imposiciones por subrogación, indicando otro empleador, con la que en mayo de 2010 finalmente obtuvo una pensión no contributiva del IPS, que a la fecha de la denuncia, en abril de 2015, ya implicaba pagos por $20.784.516. Razón por la cual el CDE la acusaba de obtención fraudulenta de beneficios. 

La fiscal Chong cerró la investigación el 16 de octubre de 2018 e informó al Tribunal su decisión de “no perseverar” debido a que “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”. Finalmente, el proceso es archivado el 30 de noviembre de 2018. 

En el caso de Labibe Bettina Yumha, Marta Jognant Muñoz y Natacha Molina García que estuvieron a cargo de la comisión asesora presidencial encargada de revisar las postulaciones para acceder a los beneficios; la persecutora también decidió “no perseverar” esto ocurrió al cierre de la investigación el 26 de diciembre de 2017 igualmente alegando que no se habían reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación. Se trata de una investigación que estaba judicializada desde el 22 de octubre de 2013 y a las mujeres se les acusaba de los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. El caso se cerró el 23 de marzo de 2018. En el transcurso de la investigación, Molina García falleció y Yumha ya había sido sobreseída en 2016. 

La investigación había comenzado por una denuncia del entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, pues habían encontrado plantillas de certificados de partidos políticos y movimientos en un computador al interior de la Oficina de Exonerados Políticos.

Una nota previa de El Líbero, dice que según la Fiscalía, esta investigación estuvo siempre monitoreada por el Consejo de Defensa del Estado y en ella se estableció que la comisión que revisaba los beneficios operaba en base a informes realizados por personal contratado a honorarios y solo cuando se generaban dudas se revisaban dichos papeles. Además, señalan que los miembros de dicha comisión actuaban ad-honorem y la decisión de calificar a un postulante como exonerado o no, según establece la ley, era atribución exclusiva del Presidente de la República, por lo que la opinión de la instancia investigada no era vinculante, razón por la cual no se establecieron antecedentes para justificar una acusación penal.

Mientras que de los casos relacionados al IPS argumentaron que no se pudo establecer si los documentos entregados eran falsos, ni tampoco qué personas los entregaron al instituto. También afirmaron que a varias personas ni siquiera se les alcanzó hacer el pago de la pensión no contributiva.

Por último, existe una condena contra Julio Allendes Allendes en el año 2013, un caso que también tuvo a Chong como fiscal. En esta investigación a Allendes se le condenó como autor del delito consumado y reiterado de estafa a 700 días de presidio menor en su grado medio y una multa de 8 UTM. En la misma sentencia se concedió al imputado el beneficio de la remisión condicional de la pena por lo que ésta se le suspende y, en su lugar, quedó sujeto a la vigilancia discreta de Gendarmería. 

Allendes entre 2008 y 2010 mantuvo una oficina en la que cobraba diversos montos a sus víctimas por la ejecución de supuestos trámites con los que estos accederían a la calificación de exonerados políticos, pese a que el período para esto había caducado en 2004.

Ante las decisiones de no perseverar o sobreseer, la diputada Sofía Cid opina: “Me da la impresión que faltó más decisión a la hora investigar y perseguir estos delitos. Pareciera que no se le dio la importancia que tenía el tema y eso influyó negativamente en las investigaciones. Ante ese escenario me parece una buena solución modificar la ley 19.234 que establece beneficios previsionales para exonerados políticos, de manera de resolver administrativa este asunto”.

Los vínculos con la política 

El informe de la Contraloría de 2013 evidencia que muchos de los casos en los que hallaron irregularidades, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Instituto de Previsión Social, declararon como entidad empleadora a partidos políticos. “Se constató que dichos beneficiarios ascienden a un total de 1.647, respecto de los cuales se revisaron 1.219 expedientes, verificándose que solo 32 de ellos presentan antecedentes que acreditan la relación laboral”, estableció la Contraloría. De los 1.647 beneficiarios, 884 fueron calificados por el Partido Comunista; 660 por el Partido Socialista; 61 por el Partido Radical; y 42 por el Partido Demócrata Cristiano. 

La ministra en visita Mireya López fue designada en 2013 por la Corte Suprema para encargarse de la investigación. No obstante, en 2015 decretó el sobreseimiento de 5.850 casos, mientras que otros seis mil los remitió a la fiscal Ximena Chong, según reportó en su momento El Mercurio. La razón para sobreseer fue la muerte del exonerado o porque no se logró determinar la existencia del delito, mientras que en los casos remitidos a la Fiscalía, la magistrada se declaró incompetente por ser beneficios otorgados en una fecha posterior al inicio de la reforma procesal penal, el 16 de junio de 2005.

Para el año 2016, López sobreseyó “parcial y temporalmente” a 54 parlamentarios que eran investigados por este tema ya que después de tres años de investigación no pudo definir “ilícitos penales”. Despuntaba el caso de Isabel Allende (PS), que había emitido 598 certificados.

Al respecto, el diputado Romero acusa un interés político en este tema: “Debemos recordar que hay senadores y diputados, algunos en ejercicio, que firmaron cientos de cartas. Gracias a esa irresponsabilidad cientos o miles de personas hoy día están percibiendo desde hace mucho tiempo una pensión que no merecen porque no se justifica. Deberían no solo devolver los recursos que han sido mal habidos de los falsos exonerados, también existe una responsabilidad política y legal de estos personajes tan nefastos como los que firmaron los certificados. Es grave. No está la voluntad política, ni legal, para terminar con este despilfarro de recursos y aprovechamiento de miles de personas que utilizaron este subterfugio para hacerse de los recursos de todos los chilenos”.

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