Los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a 13 condenados siguen generando reacciones. El Mandatario no ha querido volver a referirse al tema desde que anunció el fin de semana pasado la salida de la ministra de Justicia y de su jefe de gabinete.

Pero quien sí lo hizo fue la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien señaló que “si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta”. Esto ha puesto el foco en la responsabilidad del Mandatario y en las peticiones para que se revoque la medida. En Mirada Líbero analizamos este tema con el ex ministro de Justicia de Bachelet I, Isidro Solís, quien es además miembro de Amarillos.

El exministro es categórico al indicar que en el caso de Luis Castillo, “sobre todo después de las declaraciones de la Ministra Vocera, lo que corresponde es la revocación, es decir si hasta el Gobierno tiene la convicción de que el indulto está mal concedido, lo que se debe hacer es perseverar en la revocación”.

Señala que “si usted me pregunta si yo, Isidro Solís, abogado, después de haber escuchado las manifestaciones hechas por el señor Castillo, le habría concedido el indulto, le digo que por ningún motivo. Y si me pregunta si lo revocaría, es de toda prudencia que esa persona vuelva a la cárcel, porque tengo la impresión de que es un peligro potencial para cualquier persona».

El también dirigente de Amarillos apunta: «Cuando la Ministra Secretaria General de Gobierno dice que el Presidente no tenía todos los antecedentes y que si hubiera tenido los antecedentes la situación habría sido distinta, ergo tendríamos que leer que el indulto no se habría concedido».

Caso Mateluna: «Lo que corresponde es la invalidación del decreto»

Sobre el indulto al ex frentista Jorge Mateluna, Solís señala: “Claramente lo que corresponde es la invalidación de decreto. No habiéndose cumplido con los requisitos de fundamentación del porqué del uso de la facultad del articulo 6º, lo que corresponde es la invalidación”.

Agrega que “personalmente, después de haber leído los textos en el caso de Jorge Mateluna, se incumple la obligación del decreto fundado. Porque en Chile somos un estado democrático de derecho y no existen las potestades exorbitantes. El poder no puede hacer cualquier cosa, se tiene que ejercer dentro de la ley. Y si uno revisa, todos los decretos supremos sostienen una fundamentación, y en este caso, el decreto Mateluna, si uno lo mira, se hace la fundamentación necesaria para un indulto de carácter general, pero no se cumple con la exigencia del fundamento que establece el artículo 6º, porque la exigencia es de que cuando haga uso de esa facultad usted tiene que fundar por qué se va a saltar todo lo que dicta la ley 18.055, y ese fundamento no está. Y desde ese punto de vista podría ser invalidada”.

Solís explica que “si se dejan sin efectos los actos administrativos, se anulan todos sus efectos y por lo tanto tienen que volver a la cárcel”.

«Si falló la cadena, es bastante lamentable»

En opinión del abogado, lo que se está analizando desde el Ejecutivo tras el estallido de la polémica es “el cálculo de costo, qué es más perjudicial, si persistir en el error o enfrentar la rectificación, que también va a tener costos políticos y judiciales. Pero en abstracto, los decretos se pueden dejar sin efecto, la ley lo permite, y las vías son dos: la invalidación y la rectificación”.

Sostiene que para el Gobierno “la salida perfecta no existe, pero la consideración que haría es que si hay algo que los Presidentes, y me ha tocado trabajar con varios en distintos planos, siempre tienen presente al momento de otorgar un indulto, es la tremenda responsabilidad que asumen. A partir de ahí, públicamente, el Presidente se hace responsable de todo lo que puedan realizar estas personas que han sido beneficiadas por la gracia, porque van estar en la calle no por la resolución de un tribunal, van a estar en la calle por una decisión del Presiente y todo lo que hagan va a cargar sobre la responsabilidad personal del Presidente. Ese es un elemento que puede servir para tomar un decisión final”.

Y sobre las “desprolijidades” a las que hizo referencia el Presidente Boric cuando explicó la salida de la exministra Ríos, Solís manifiesta: “Aquí tiene que haber fallado una cadena muy grande, porque como esto es parte de la operación normal del sistema, hay unidades que hacen la tramitación de los indultos y esas unidades tienen dentro de sus obligaciones hacer este check list de requisitos de cada una de las personas que están solicitando la gracia del indulto. Y se hace una gran tramitación, se pide información a Gendarmería, se evalúa su conducta intrapenitenciaria y después de todo eso se le hace una propuesta al Ministro de Justicia y el Presidente decide. Entonces, si falló toda la cadena, la verdad es que es bastante lamentable”.

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