Publicado el 25 noviembre, 2020

Ex presidenta del TC sobre proyecto para adelantar elecciones: “Sería una reforma inconstitucional”

Autor:

Maolis Castro

La abogada constitucionalista Marisol Peña interpreta como una vulneración de la soberanía la propuesta de un grupo de diputados opositores de anticipar la elección presidencial y parlamentaria. “Cuando las personas concurrimos a las urnas a elegir a nuestros representantes no estamos votando solamente por la persona, estamos votando además por el período de esa persona”, dice en entrevista con El Líbero.

Autor:

Maolis Castro

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

La agenda de Marisol Peña Torres, ex ministra del Tribunal Constitucional (2006-2018), está comprometida por estos días. Desde que el Gobierno acudió al TC por el proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales aumentó la inquietud acerca de la viabilidad del recurso. De ahí que esta abogada y académica de la Pontificia Universidad Católica es consultada para despejar cualquier duda respecto a la controversia: “El Congreso se está arrogando atribuciones que le pertenecen, conforme a la Constitución vigente, en forma exclusiva al Presidente de la República en su carácter de colegislador; y, al hacerlo, se está infringiendo un principio básico del Estado de Derecho, que consiste en que cada órgano debe actuar dentro del marco de sus competencias”, dice en entrevista con El Líbero respecto a la propuesta de la oposición que se votará hoy en el Senado.

Sobre el proyecto para adelantar elecciones de Presidente, diputados y senadores, anunciado ayer por parlamentarios opositores, advierte que se podría vulnerar principios.

-Un grupo de parlamentarios opositores presentaron un proyecto para una reforma constitucional que pretende adelantar elecciones de Presidente de la República, diputados y senadores para el 11 de abril de 2021. ¿Es viable esto?

-Me parece que una reforma, aventurando un juicio de esa naturaleza, sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de autoridades originadas por el sufragio popular. Cuando las personas concurrimos a las urnas a elegir a nuestros representantes no estamos votando solamente por la persona, estamos votando además por el período de esa persona. Es decir, hay un deposito de confianza que es integral, respecto de la persona y además por un período determinado. En ese sentido, se pasa a vulnerar el principio de la soberanía. Cuando el pueblo se pronuncia a través de las elecciones o eventualmente del plebiscito que está en el artículo 5° de la Constitución sobre bases de la institucionalidad.

Quiere realizar por la vía de la reforma constitucional un juicio político anticipado sobre la gestión del Gobierno y del Presidente de la República, que se materialice en el termino antes de su gestión”.

Creo que se está haciendo con este proyecto de ley -probablemente estoy presumiendo una interpretación- es que se quiere realizar por la vía de la reforma constitucional un juicio político anticipado sobre la gestión del Gobierno y del Presidente de la República, que se materialice en el termino antes de su gestión. La forma constitucional de hacer eso, es a través de una acusación constitucional, pero no modificando normas constitucionales que, de alguna manera, han expresado ya un sentir popular.

-La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, opinó que una reforma constitucional no puede ser inconstitucional, en relación al proyecto del 10%. ¿Considera que esta opinión es acertada?

-No me parece una opinión afortunada, porque el artículo 93, número 3 de la Constitución, le entrega expresamente al Tribunal Constitucional la facultad de revisar la constitucionalidad de proyectos de reforma constitucional. Si uno tan solo se va al texto de la Constitución puede observar que nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que una reforma constitucional pueda ser examinada a la luz de la Constitución vigente. El parámetro va a ser precisamente la Constitución que está vigente.

Me parece que una reforma, aventurando un juicio de esa naturaleza, sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de autoridades originadas por el sufragio popular”.

-En su columna de este martes en El Mercurio usted dice que ir al TC es una decisión estrictamente jurídica y no tiene que ver con intenciones, oportunidades y bandos. ¿Podría ampliar más en esto?

-Efectivamente, porque aquí se ha dicho en torno al primer retiro del 10% de los fondos previsionales, que existiría una intención deliberada del Congreso de cambiar el régimen político vigente, de instaurar un parlamentarismo de facto. En eso estaba pensando yo cuando escribí mi carta (en El Mercurio), estaba pensando que al Tribunal Constitucional no le corresponde entrar a calificar ese tipo de intenciones. ¿Qué es lo que hay detrás de los parlamentarios? Si simplemente promover una reforma constitucional para atender necesidades de bien común o anular facultades del Presidente de la República.

El derecho, en definitiva, no puede entrar al campo de las intenciones, y yo quiero reforzar es que el Tribunal Constitucional es un órgano que resuelve conforme al derecho, al derecho de la Constitución.

-El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo que el retiro del 10% estaría asegurado, pero que lo que buscaba el Ejecutivo al recurrir al TC y proponer un proyecto en el Congreso en paralelo, era que se hiciera de manera legal, sin trampas constitucionales y que accedan a estos fondos quienes realmente lo necesiten. ¿Qué opina sobre esto? 

-Creo que el vocero de Gobierno tiene razón. Cuesta hablar de trampas constitucionales, de elusión, porque hay otros distinguidos colegas míos que han hablado de elusión constitucional. Cuesta hablar de eso porque, de alguna manera, significa entrar a calificar intencionesLo que yo veo, objetivamente, es que el Congreso Nacional se está arrogando atribuciones que le pertenecen, conforme a la Constitución vigente, en forma exclusiva al Presidente de la República en su carácter de colegislador; y, al hacerlo, se esté infringiendo un principio básico del Estado de Derecho, que consiste en que cada órgano debe actuar dentro del marco de sus competencias.

El Congreso Nacional se está arrogando atribuciones que le pertenecen, conforme a la Constitución vigente, en forma exclusiva al Presidente de la República en su carácter de colegislador”.

En el trasfondo de todo esto hay un cuestionamiento al tipo de régimen político actual, que es un presidencialismo vigorizado conforme a esta Constitución. Lo que corresponde es que la decisión de su reemplazo o modificación la asume la Convención Constitucional, por algo la ciudadanía se pronunció el 25 de octubre para revisar todos aquellos aspectos de la Constitución que a la luz de su vida jurídica hayan resultado cuestionables. No me parece, sin entrar a hablar de trampas o de elusiones, adelantar un trabajo, una misión, que es propia del órgano al cual la ciudadanía le concierte cometido.

-A su juicio, ¿el proyecto de reforma constitucional ha excedido materias propias de la ley que son exclusivas del Presidente?

-Es atribución exclusiva del Presidente de la República en materia de ley, en primer lugar, en general, todo lo que tenga que ver con gasto público. Se ha dicho claramente que con este tipo de retiros de los fondos previsionales se compromete todo el presupuesto propio del Pilar Solidario. No es un retiro inocuo de recursos que afecte, simplemente a título personal, en la disminución de los fondos que cada persona tiene, como ahorro previsional, sino que produce impactos macroeconómicos que, incluso, fueron muy bien explicados por el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien dijo que esto podría ser una liquidez a corto plazo, pero que a largo plazo podría producir graves consecuencias desde el punto de vista del ahorro interno. Es muy importante tener eso presente. Por eso, la Constitución confía su manejo macroeconómico genérico, del gasto público, a la iniciativa exclusiva del Presidente. Acá, eso se ha sorteado y ha sido abordado por los parlamentarios.

En segundo lugar, porque en este caso se debate si este retiro va a tributar o no; y todo lo relacionado con tributos, con su modificación o supresión, también es materia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente.

Lo que corresponde es que la decisión de su reemplazo o modificación la asume la Convención Constitucional, por algo la ciudadanía se pronunció el 25 de octubre para revisar todos aquellos aspectos de la Constitución que a la luz de su vida jurídica hayan resultado cuestionable”.

En tercer lugar, es materia de ley todo lo que tenga que ver con el régimen de seguridad social. Por algo existe el decreto de ley 3.500, que es el que regula todo el sistema del fondo privado de pensiones a través de AFP, el sistema de capitalización individual. ¿Qué era lo que correspondía si queríamos incidir en la forma de cómo se está aplicando el sistema previsional a través de AFP? Era modificar la ley, pero ahí se producía el tope de que los parlamentarios no podían llegar y modificar el decreto de ley 3.500, que era lo que hubiera procedido, porque el Presidente tiene iniciativa exclusiva y entonces se van por el camino del lado e inician una reforma constitucional, para agregar mediante una disposición transitoria a la Carta algo que desde luego no es constitucional, pero que en el fondo termina modificando el sistema vigente actual sobre seguridad social.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

APOYA AL LÍBERO

A diferencia de muchos medios de comunicación en EL LÍBERO hemos mantenido nuestra web y noticias sin costos para todos. Creemos que hoy, más que nunca, es necesario que la mirada de EL LÍBERO llegue a más personas y cubra más contenido.

Si quieres ayudarnos a lo anterior hazte miembro, hoy mismo, a la Red Líbero, por 1 U.F. mensual (o 0,5 U.F. para los menores de 40 años) con lo que estarás realizando un aporte fundamental para que podamos ampliar nuestra labor.

HAZTE MIEMBRO

También te puede interesar:

Cerrar mensaje

APOYA AL LÍBERO

A diferencia de muchos medios de comunicación en EL LÍBERO hemos mantenido nuestra web y noticias sin costos para todos. Creemos que hoy, más que nunca, es necesario que la mirada de EL LÍBERO llegue a más personas y cubra más contenido.

Si quieres ayudarnos a lo anterior hazte miembro, hoy mismo, a la Red Líbero, por 1 U.F. mensual (o 0,5 U.F. para los menores de 40 años) con lo que estarás realizando un aporte fundamental para que podamos ampliar nuestra labor.

HAZTE MIEMBRO