La isapre MasVida ha acaparado la atención pública por los graves problemas financieros que enfrenta, pero hay otras isapres que van por la misma ruta. Según el último informe de la Superintendencia de Isapres, la liquidez en la industria está en su peor nivel en 14 años.
La liquidez (capacidad para pagar sus compromisos a 12 meses) en 2016 fue de 0,99 veces, cifra que ha tenido un rápido deterioro desde 2015 cuando estaba en 1,02 veces. Según el organismo, las isapres MasVida, Consalud y Colmena están cerca de los parámetros financieros mínimos exigidos por la ley, información que publicó La Segunda.
La judicialización del sistema, en que 117 mil usuarios han impugnado ante los tribunales las alzas de precios, ha generado un costo a las isapres de $22 mil millones. Además, las licencias médicas han aumentado en 8% durante los últimos años. El año pasado las utilidades fueron del 1%, muy por debajo de entre el 2,5% y el 3% que permite la existencia de dicha industria.
En este escenario, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, aborda para “El Líbero” la compleja situación que enfrentan las isapres.
– ¿Cuál es la «salud» actual de las isapres?
– Es evidente que el gobierno ha implementado una política de desguazamiento del sistema de isapres, y lo ha hecho fundamentalmente por omisión. Ello, porque teniendo la responsabilidad política de liderar iniciativas que produzcan una reforma al sistema, no lo ha hecho.
– ¿Qué reforma no se ha hecho?
– Impulsar el proyecto de ley que está en el Senado que crea un plan garantizado de salud y un IPC de la salud. La judicialización del sistema a través de los reclamos a las Cortes de Apelaciones es prácticamente una manifestación del Poder Judicial pidiendo desesperadamente que se legisle sobre este tema, que los parlamentarios aclaren y no dejen a la interpretación de la justicia las alzas de precios de los planes de salud. Eso no ha ocurrido. Hay un proyecto enviado durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera que pasó por la Cámara de Diputados y está en la comisión de Salud del Senado, que le da validación y futuro al sistema de isapres. La ministra de Salud, la directora de Fonasa y el superintendente de Isapres buscan terminar con el sistema de isapres, y por ello hicieron una propuesta de crear un sistema único de salud, un súper Fonasa y el Ministerio de Hacienda lo rechazó porque significaba un gasto fiscal que el Estado no podía asumir. Después de eso, tomaron la idea de enviar un proyecto que reformara solo el sistema de isapres en las líneas que conocemos, con copago único para todos de cualquier edad, libre movilidad, mismo precio para mujeres y hombres y eliminar las preexistencias. A pesar de que se ha dicho de que se enviará ese nuevo proyecto, se ha postergado, porque el gobierno no quiere un proyecto que le dé validación al sistema de isapres.
Mañalich: «La ministra de Salud, la directora de Fonasa y el superintendente de Isapres buscan terminar con el sistema de isapres, y por ello hicieron una propuesta de crear un sistema único de salud, un súper Fonasa y el Ministerio de Hacienda lo rechazó porque significaba un gasto fiscal que el Estado no podía asumir».
– ¿Cuál es la situación de MasVida?
– Es fundamentalmente una consecuencia por esta omisión de no darle al sistema de isapres un marco jurídico en el que pueda operar. El problema esencial se traduce en que esta isapre para evitar la judicialización de sus planes y también como una estrategia comercial, ha mantenido durante seis años sin reajuste el precio de los planes de salud, pero eso es un desastre financiero porque no permite incorporar los aumentos de costos reales, como el aumento de la licencia médica, de consultas por beneficiario y el envejecimiento de la población. Son hechos que aumentan el gasto y que no se tradujeron en precio, y llevó a la aseguradora a una situación muy crítica que enfrenta hoy.
– ¿MasVida puede quebrar?
– El directorio anunció que tenían una oferta que presentará a los accionistas el 28 de febrero. Soy cauto porque creo que de alguna manera el agua llegó a río. La situación hoy es que los afiliados están asustados, yéndose a otras isapres, los vendedores de otras isapres están haciéndose una primavera buscando a los afiliados desencantados, y eso produce un riesgo enorme, porque significa que las personas con mayor salud y menos riesgosas van a ser fácilmente recibidas por otras aseguradoras, y dentro de MasVida van a quedar las personas que tienen más enfermedades, más gasto, mayor edad, enfermedades crónicas y tendrán dificultades para movilizarse.
– ¿Está en riesgo el sistema de isapres? ¿Qué va a pasar en los próximos años de continuar la judicialización?
– Si no hay un cambio legislativo, el sistema de isapres está condenado a desaparecer, que es la intención de la Superintendencia actual. La situación que afecta a MasVida puede ser contagiosa para otras aseguradoras. De hecho, sabemos que el número de afiliados al sistema de isapres disminuyó en 2016, después de varios años de aumento, y como ha explicitado la Superintendencia de isapres, el riesgo de la cartera, es decir, las garantías de las isapres para avalar su operación y asegurar a sus beneficiarios, es cada vez menor. MasVida no es la única isapre que ha estado muy cerca del límite, hay otras que están muy cerca de la garantía que tienen enterada en la Superintendencia, que se acerca a la insuficiencia para cumplir el mandato legal.
Mañalich: «Hay un proyecto que fue enviado durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera que pasó por la Cámara de Diputados y está en la comisión de Salud del Senado, que le da validación y futuro al sistema de isapres»
– ¿Cuáles son los cambios que habría que hacer en una reforma a las isapres?
– Me parece que los cambios están consensuados políticamente en el proyecto de ley que envió el Presidente Piñera y tuvo una larga discusión preparlamentaria con agentes de distintos partidos políticos. Ese proyecto está perfectamente validado y crea un IPC de salud que permite fijar las alzas máximas de precios que pueden tener las primas de seguro, y con eso se acaban los recursos de protección. También propone un programa de salud completamente solidario dentro del sistema de isapres, que se tiene que extender al seguro de Fonasa, que necesita modernización. Ese proyecto, insisto, está en el Senado, y varias veces los senadores han dicho que quieren avanzar a falta de una iniciativa del actual gobierno. A ritmo cansino ese proyecto se está discutiendo en la comisión de Salud del Senado que preside Carolina Goic, no con la premura o velocidad que se necesita porque no tiene el aval del Ejecutivo.
– ¿Los reajustes de precios de las isapres están en un rango justo?
– Creo que han oscilado entre ser autosuficiente, en que algunas deciden no ajustar el precio y crean una falsa promesa porque los costos de salud aumentan más que el IPC, lo que genera una situación deficitaria. Otras aseguradoras suben excesivamente el plan para financiar la hiperjudicialización del sistema, que significa un costo de $22 mil millones al año. Por ello se necesita un reajuste del IPC que no permita la especulación financiera respecto de los costos de salud.