Publicado el 15 febrero, 2021

Ex fiscal del Biobío sobre violencia rural: “No podemos cargar a las fuerzas armadas y de seguridad un problema profundamente político”

Autor:

Emily Avendaño

Durante 10 años Andrés Cruz Carrasco formó parte del Ministerio Público como Asistente de Fiscal, Fiscal Adjunto y Fiscal Jefe en Talcahuano, en la región del Biobío. En ese tiempo, dice, evidenció la presencia extranjera en la macrozona sur, así como los viajes de integrantes de agrupaciones radicales para formarse con las FARC, por tanto no le sorprendería si hoy esa intervención se repite. “Existen grupos organizados, y no tenemos claro si realmente pertenecen o no a la etnia mapuche”, apunta sobre quienes promueven la violencia en la zona.  

Autor:

Emily Avendaño

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Las jornadas de terror no cesan en la Provincia de Arauco, en la región del Biobío. A finales de enero balearon la casa de la familia Carrasco, y todos los disparos fueron dirigidos a la pieza de un niño de 8 años de edad, esta misma familia ya había sido víctima de un robo de ganado en su fundo el pasado 5 de enero. El 3 de febrero violentistas armados con AK-47 y M-16 se tomaron la Ruta P-70 que comunica Cañete con Tirúa; y el 10 de febrero la ola de atentados dejó saldo de 16 vehículos quemados, postes del tendido eléctrico derribados, un conductor herido de bala, la quema de una casa de habitación y de una casa de veraneo. Estos son los episodios de mayor connotación, pero los residentes del cono sur de la Provincia sufren reiteradamente este tipo de amedrentamientos. 

“Falla el Ejecutivo desde la perspectiva de la prevención y el Ministerio Público en la persecución penal”, concluye el ex fiscal de Talcahuano, en el Biobío, Andrés Cruz Carrasco, sobre los atentados en la zona que, en su opinión, “se ha salido absolutamente de control”. 

Andrés Cruz Carrasco se desempeñó por más de 10 años en el Ministerio Público, como Asistente de Fiscal, Fiscal Adjunto y Fiscal Jefe. Se despidió de la Fiscalía en 2011 y ahora además de ser Vicepresidente de la Corporación de Desarrollo Regional, Corbiobío, también defiende a las familias que han sido víctimas de los atentados, acciones que incluyen cinco recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción por el delito de lesa humanidad de traslado forzoso y también afectaciones a la integridad física y psíquica de las víctimas como a al derecho de propiedad de 70 personas. 

El ex fiscal propone alternativas para abordar la violencia desbordada. Primero, sostiene, hay que dejar de decir que todos los responsables pertenecen a la etnia mapuche; generar espacios de diálogo efectivos con comunidades que son pacíficas, pero que tienen un interés en proponer soluciones; y también hay que priorizar que quienes tomen las decisiones conozcan realmente las realidades locales.

-Estos sucesos han aumentado en gravedad, número, en personas heridas y víctimas fatales. ¿Recuerda otro momento en que la situación de los atentados en Arauco y La Araucanía haya sido tan álgida?

-No. Creo que se ha salido absolutamente de control sin perjuicio de que tenemos personas fallecidas en el transcurso del tiempo, muchas de ellas con menos publicidad de la que existe actualmente, pero que están dentro del contexto de la misma violencia que se arrastra desde hace muchos años.

-Desde la macrozona sur sostienen que se trata de grupos armados que buscan ejercer un control territorial para el desarrollo de ilícitos como el robo de madera, narcotráfico o tráfico de armas. Usted fue fiscal, ¿qué tan complicado es lograr establecer esto en una investigación?

-Es sumamente multifactorial la cantidad de motivaciones que pueden implicar la comisión de delitos en la zona. Efectivamente, están relacionados con la sustracción, robo o hurto de madera; y con la comisión de otros hechos punibles como el tráfico de drogas. No sé la magnitud de este tráfico. Soy escéptico de que podamos llegar a establecer que existe una dinámica de control de organizaciones vinculadas al tráfico de drogas en la zona. Respecto al tráfico de armas, también puede haber un supuesto en ese sentido, pero vinculado con el hecho de individuos que también reivindican una determinada causa, pero que no necesariamente son del lugar, hay muchas personas que son de afuera, dentro de los cuales nos podemos encontrar gente que tienen mucha rabia, resentimiento, o que son romántico-revolucionarios. Individuos que no tienen ningún otro objetivo que inmiscuirse en estos acontecimientos, sin perjuicio de que se trata de un territorio que está abandonado por el Estado, lo que indudablemente genera una cantera de frustraciones que empujan a las personas a abrazar este tipo de causas que les dan esperanza.

-Señala que es escéptico con el tema del narcotráfico, pero finalmente lo que hemos visto y las noticias que se difunden en Santiago tienen que ver con decomisos de marihuana, de cocaína.

-Esa es la noticia que llega a Santiago. Esto es consecuencia, a mi juicio, del centralismo atrofiado que estamos viviendo. Le aseguro que si esto hubiera tenido lugar en Vitacura, Providencia, Las Condes o Lo Barnechea la actitud a los efectos de enfrentar esta violencia sería totalmente diferente… Estoy aduciendo que existe un problema de Estado en términos de que las decisiones se toman a nivel central por sujetos que desconocen absolutamente las realidades para las cuales pretenden abordar políticas públicas.

Tenemos que conversar con quienes tienen una perspectiva pacífica para enfrentar inquietudes que parecen transversales de un pueblo que no está reconocido, que ha sido privado de muchos derechos y eventualmente se siente discriminado. Eso hay que abordarlo para evitar seguir dando insumos a estos grupos extremistas, radicalizados y violentos”.

-¿Qué opina sobre cómo las fuerzas de seguridad del Estado y el propio Estado han abordado esta situación? 

-En este tipo de circunstancias hay que distinguir entre la prevención y la represión. La adopción de políticas destinadas a prevenir la comisión de hechos punibles le corresponde al Gobierno, a través del Ministro del Interior a nivel nacional; del Intendente a nivel regional; y del Gobernador a nivel provincial. La figura de los coordinadores o delegados presidenciales no está en la ley y, a mi juicio, tienen un efecto más pirotécnico que efectivo; destinado a poder decir a la opinión pública que se está haciendo algo. Indudablemente tampoco podemos entregarle o cargarle a las fuerzas armadas y de seguridad el hecho de hacerse cargo de un problema que tiene un cariz de carácter profundamente político. 

La represión no es la única solución, eso quiero que quede súper claro. Hay otras alternativas que se tienen que abordar, junto con perseguir a aquellos que estén cometiendo hechos ilícitos en la zona para evitar que esto se siga acrecentando, evitar que lleguemos a consagrar o permitir que las víctimas se tengan que organizar para autotutelarse, generando situaciones de confrontación que finalmente van a poner en riesgo la estabilidad de las zonas respectivas. En este contexto, lo que está fallando, tomando en consideración que las FF.AA. y de orden no son deliberantes, son subordinadas del poder civil; lo que está fallando es el Estado desde la perspectiva del órgano Ejecutivo de la prevención y el Ministerio Público en la persecución penal.

“Existen grupos organizados, y no tenemos claro si realmente pertenecen o no a la etnia mapuche”

-¿Qué alternativas se pueden implementar en vez de medidas “pirotécnicas”?

-Primero, no se puede decir que todos los mapuche, como se ha querido designar, se encuentran en pie de guerra contra otras personas; de este modo nos estamos dividiendo entre amigos y enemigos, que es lo peor que puede ocurrir. Aquí existen grupos organizados, y no tenemos claro si realmente pertenecen o no a la etnia mapuche; estos grupos están cometiendo hechos punibles en la zona y deben ser perseguidos para hacer efectivas la responsabilidades penales del caso. En ese contexto, se tiene que fortalecer la inteligencia, generar ámbitos de confianza, y no de confrontación, entre la policía y la población del lugar para brindarle protección efectiva a la gente que vive en dichos territorios. Muchos de ellos se identifican con la causa mapuche, pero están en contra de la violencia y están aterrorizados por las acciones desplegadas por estos mismos grupos que, paradójicamente, dicen representarlos. Los pobladores locales son como cualquier persona que vive en territorio nacional, pero han sido completamente abandonados por el Estado, y el abandono del Estado le da pie a estas organizaciones de carácter violentistas para ejercer sus planes.

Lo otro es generar espacios de diálogo efectivos entre aquellas comunidades que son pacíficas, que tienen un planteamiento y alguna inquietud de buscar soluciones conjuntas. Hay que priorizar que se tomen decisiones por personas que conocen las realidades locales. En tercer lugar, y para esto sí habrá que esperar, sustituir el modelo agotado de estados unitarios y pasar a un estado regional, con el objeto de empoderar a las autoridades territoriales para que puedan adoptar decisiones.

Lo que está fallando, tomando en consideración que las FF.AA. y de orden no son deliberantes, son subordinadas del poder civil; lo que está fallando es el Estado desde la perspectiva del órgano Ejecutivo de la prevención y el Ministerio Público en la persecución penal”.

-¿Cómo se crean espacios de confianza cuando estos grupos están haciendo una demostración de fuerza frente al Estado, al destruir infraestructura crítica o exhibirse con armas de alto calibre?

-Con esas personas no podemos conversar. Tenemos que conversar con quienes tienen una perspectiva pacífica para enfrentar inquietudes que parecen transversales de un pueblo que no está reconocido, que ha sido privado de muchos derechos y eventualmente se siente discriminado. Eso hay que abordarlo para evitar seguir dando insumos a estos grupos extremistas, radicalizados y violentos. Si me resto y digo: “el Estado no interviene”, ¿qué me queda? Hay grupos que no están necesariamente cohesionados entre ellos, son varios, los que ejercen control territorial en la zona.

Estamos fallando en dirigir la investigación para esclarecer si los hechos son constitutivos de delito, identificar a los partícipes y, claramente, no le estamos brindando protección a las víctimas, ni a los testigos”.

-¿Cómo queda la función del Estado de resguardo del orden público si las comunidades más radicalizadas comienzan a plantearse su autorregulación o sus propias policías comunitarias?

-Es grave porque estamos pasando por encima de dos grandes conceptos sobre los cuales debemos desarrollarnos como nación: la dignidad del ser humano y el Estado de Derecho. Es grave porque estamos dejando a personas al amparo de individuos que están absolutamente ideologizados y que a punta de armas y amenazas someten a otros que, insisto, no necesariamente se identifican con la violencia, aunque tengan inquietudes al respecto de la discriminación. No necesariamente están abanderados con los que ejercen actitudes o acciones violentistas, pero el Estado los ha abandonado. Ellos viven sumidos en el terror, no solamente aquellos que se identifican con la etnia mapuche, sino muchos que han tomado la decisión de vivir y desarrollar su actividad económica en ese lugar, porque son chilenos y tienen los derechos de cualquier otro ser humano de la misma nacionalidad, pero el Estado de Chile no les ha brindado la protección adecuada para ejercer los derechos que la Constitución les reconoce.

“Estamos fallando en dirigir la investigación”

-El fiscal regional de La Araucanía sobre la violencia rural dijo: “No es serio endosar a la Fiscalía o a las policías la resolución de un problema que se arrastra por décadas”. ¿Está de acuerdo?

-Primero tengo que distinguir: por un lado está La Araucanía y por otro la Provincia de Arauco, que está en la región del Biobío y es jurisdicción de otro fiscal regional. Es un problema que trasciende el territorio administrativo. En ese contexto, el discurso de los dos fiscales regionales es el mismo. Creo que eso es, en parte, desentenderse de algo que es responsabilidad de todos los órganos del Estado. Si bien es cierto, y estoy de acuerdo, que tiene que haber una acción mucho más decidida por parte del órgano Ejecutivo, en los términos que acabo de referir, no podemos obviar que si se cometen delitos en esos lugares el fiscal no va a solucionar ese conflicto, pero sí tienen que perseguir las responsabilidades penales del caso, independiente de quien sea el autor del hecho punible. Si el delito se comete al interior del territorio de la República, al Ministerio Público le corresponde dirigir la investigación, proteger a las víctimas y testigos y formular las acusaciones en los casos que sea procedente. Estamos fallando en dirigir la investigación para esclarecer si los hechos son constitutivos de delito, identificar a los partícipes y, claramente, no le estamos brindando protección a las víctimas, ni a los testigos.

-Cifras entregadas por la Multigremial de la Araucanía indican que solo en 2% de las causas asociadas al conflicto mapuche hay imputados; el resto son “contra quienes resulten responsables”. ¿Qué estrategia se puede implementar para individualizar a quienes cometen estos hechos?

-Primero, voluntad. Si yo tengo la voluntad tengo que invertir recursos. No es lo mismo adoptar estrategias para perseguir traficantes de drogas en La Pintana o otras comunas estigmatizadas, a enfrentar la violencia rural o la comisión de delitos en sectores rurales. La preparación tiene que ser distinta, la dinámica de vinculación de la policía con la comunidad para obtener información es distinta, la tecnología que se tiene que utilizar para descubrir a los sujetos tiene que ser distinta. La protección de los testigos, la utilización de informantes o de agentes reveladores encubiertos también es diferente. Eso amerita un grado de perfeccionamiento, capacidad, diferente a la que estamos adoptando en estos momentos. En el fondo es una disputa entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para determinar a quién le corresponde la función de proteger a las personas que están sufriendo las consecuencias de esta violencia.

Hay muchas personas que son de afuera, dentro de los cuales nos podemos encontrar gente que tienen mucha rabia, resentimiento, o que son romántico-revolucionarios. Individuos que no tienen ningún otro objetivo que inmiscuirse en estos acontecimientos”.

-En la región se habla de presencia extranjera y de un accionar guerrillero o paramilitar. ¿Usted da crédito a la intervención extranjera en este conflicto?

-Yo la ví cuando me correspondió desarrollar investigaciones de estas características. No me sorprendería si la hay hoy. 

-En su momento, lo que vio eran viajes de integrantes de estas organizaciones a Colombia, a ser entrenados con las FARC, ¿o era presencia de estos guerrilleros en Chile?

-Ambas. 

-¿Y qué pasó con esas investigaciones?

-Lo desconozco. Dejé el Ministerio Público con antelación a que se profundizara en estas  investigaciones.

-Usted representa a familias del cono sur de la Provincia de Arauco, personas que denuncian haber sido desplazadas y afectación a su integridad y a su derecho de propiedad, ¿cómo marchan estos recursos ante los tribunales de justicia?

-Confiamos en que los recursos de protección puedan ser vistos de aquí a dos semanas más. En cuanto a las querellas por traslado forzoso de seres humanos, que es un delito de lesa humanidad contemplado en la Ley 20.357, por cuanto estas personas han sido expulsadas del territorio por no pertenecer a una etnia que se dice reivindica ese lugar, estamos esperando que la Fiscalía tenga un poco más de voluntad para los efectos de desarrollar la investigación.

-En principio eran tres recursos por este motivo. ¿Se han sumado más casos? 

-Ahora son 5 recursos y 5 querellas, con más de 70 personas agrupadas.

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