Los ministros del gobierno dijeron que se sorprendieron por el rechazo de la titularidad sindical y parte de la extensión de beneficios que declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional e, incluso, la Presidenta Michelle Bachelet dijo que buscará los “mecanismos más eficaces para lograr relaciones laborales equilibradas y justas”.
Sin embargo, los que no se sorprendieron para nada con el fallo fueron ex autoridades DC de la propia Bachelet, quienes advirtieron reiteradamente que la reforma laboral que impulsa su correligionaria, Ximena Rincón, tenía graves vicios de inconstitucionalidad.
Así lo hicieron ver René Cortázar, ex ministro de Trabajo de Patricio Aylwin y de Transportes y Telecomunicaciones de Bachelet en su primer gobierno; Zarko Luksic, subsecretario del Trabajo de ese período; Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo y ex subsecretario de Justicia de Bachelet; Luis Lizama, ex jefe jurídico de la Dirección del Trabajo, y Sergio Mejía, ex subdirector nacional del Trabajo durante la Concertación.
Las numerosas advertencias desoídas por el Gobierno
Un día después del dictamen, Albornoz, quien también fue varios años director nacional del Trabajo, señaló que “siempre postulé que la extensión automática tenía una fuerte inclinación a ser declarada inconstitucional porque implicaba forzar indirectamente a los trabajadores a sindicalizarse para obtener beneficios colectivos”.
Efectivamente, sus cuestionamientos fueron presentados, incluso, ante los senadores DC, durante la tramitación del proyecto de ley. Así lo hizo Zarko Luksic el 9 de marzo pasado cuando entregó un documento de cinco páginas, en que plantea una visión crítica de la decisión del Ejecutivo de que los beneficios logrados por un sindicato en una negociación colectiva sean exclusivos para los trabajadores sindicalizados, rechazando que sólo puedan ser extendidos al resto de los trabajadores si es que hay un acuerdo entre la empresa y el sindicato, lo que terminó siendo inconstitucional.
En el texto, Luksic dice que esto “violenta la libertad que tiene un trabajador para afiliarse o desafiliarse” de un sindicato.
“Esta situación no solo vulnera la libertad sindical, sino que también provoca un claro y manifiesto desmedro económico al trabajador que no quiere afiliarse, generando una discriminación arbitraria respecto de quienes sí están sindicalizados, afectando la igualdad ante la ley inciso 2 del nº2 del artículo 19: ‘Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias’”.
En un segundo punto, el ex diputado plantea una modificación a la redacción de la ley que permitiría “salvar la eventual inconstitucionalidad”.
Ese mismo aspecto observó Albornoz en una entrevista con El Mercurio el 18 de junio de 2015, cuando señaló que “uno de los aspectos que hay que revisar es esta especie de sindicalización automática indirecta. Porque estamos claros que el tema de la afiliación sindical va a ser instrumental para acceder a los beneficios”.
La reacción de la DC a los cuestionamientos
En el seminario de Icare del 26 de marzo de 2015, el ex ministro Cortázar abordó la titularidad sindical con ejemplos, como el caso de una empresa en que sólo el 5% de los trabajadores está en el sindicato. «La cuestión es si están bien representados los intereses y demandas de los no sindicalizados», dijo.
Agregó que «va completamente a contracorriente de la tendencia internacional», e incluso contra la idea del mismo proyecto, el que la empresa no pueda extender los beneficios al resto de los trabajadores, a no ser que el sindicato lo autorice. La tendencia es que si se dan beneficios a un conjunto de trabajadores, no se produzcan inequidades con otros que realizan igual función con la misma productividad, indicó.
Pocos meses después, en julio del año pasado, Zarko Luksic dijo en una entrevista en Pulso que la “titularidad sindical tiene que ir acompañada con cierta representación de los trabajadores que laboran en una empresa. Me parece una desproporción que puede generar una cierta discriminación respecto de aquellos, que de acuerdo a nuestra Carta Fundamental simplemente no quieren sindicalizarse. Acá hay un principio básico que es la libertad sindical que tiene 3 efectos: afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, que es el descuelgue”.
En la tramitación en la Cámara de Diputados dichas ex autoridades hicieron ver sus posturas, generando el rechazo de los diputados, como su correligionario Patricio Vallespín, quien afirmó que “afortunadamente ellos no votan ni están en la comisión técnica que armó el partido para ver el proyecto de ley, por tanto son opiniones de gente que tiene experiencia en la materia, pero son personales, no del partido«.
Más duro fue el vicepresidente de la CUT y militante de la DC, Norberto Díaz. «Son opiniones que yo lamento, creo que se alejan de los postulados que ha representado la centro izquierda y el progresismo. Ellos están trabajando para el empresariado, y nosotros para que los trabajadores tengan más derechos«, apuntó.