Publicado el 7 junio, 2021

El vuelco de ENAP: de gastar US$40 millones en asesorías y viajes a tener utilidades por US$40 millones

Autor:

Daniela Bas

Pese a la caída en la demanda, la administración de ENAP impulsó un plan de gestión que les ha permitido ahorrar cerca de US$200 millones al año. Cerraron 2020 con una pérdida de US$90 millones, lejos de la merma de US$500 millones que proyectaban los analistas, y mantienen una tendencia positiva reportando ganancias en los últimos tres trimestres.

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Daniela Bas

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Una “nueva ENAP” es lo que prometió la administración de la Empresa Nacional del Petróleo, mediante un proceso de cambios en la gestión, que busca disminuir los costos y mejorar las utilidades que al día de hoy tienen a la empresa gozando de números azules en este primer trimestre de 2021, pese a la caída de hasta un 40% en la demanda y el alza del endeudamiento de los gigantes petroleros debido a la crisis sanitaria mundial.

La renegociación de contratos con clientes, cambios de compras de crudo y la incorporación de tecnología digital en compras y refinación le ha significado a ENAP un ahorro anualizado en torno a los US$200 millones, pero no es el único ámbito donde ha habido reducciones y control de los gastos que buscan paliar las críticas e irregularidades que se han podido conocer en las gestiones previas de la empresa estatal.

A finales de 2018 asumió la administración actual que implementó el nuevo plan de eficiencia y ahorro. Ese año la pérdida de ENAP fue de US$231 millones y se arrastraba un endeudamiento de US$5.100 millones que crecía a una tasa anual de US$500 millones, la que se ha reducido en US$713 millones en dos años, pasando a US$4.389 millones en 2020. Entre 2014 y 2018 la deuda subió 22%, mientras que en los 5 años anteriores el aumento fue de 51%.

Diversos fueron los puntos que se comenzaron a investigar desde 2019, luego de que el diputado Leonidas Romero (RN) consiguiera las firmas para realizar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre las irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP entre  2014 y 2018 y su efecto en el estado financiero de la empresa.

Una renovación millonaria de la imagen corporativa, cambio y venta del edificio, conflictos de interés en la dotación y contrataciones excesivas en asesorías externas fueron algunos de los puntos cuestionados. Por ejemplo, solo los gastos durante un año en viáticos, viajes y asesorías externas fueron equivalentes a las ganancias que pudo obtener en un semestre la refinadora, por lo que el ahorro de ellos podría haber significado una mejora en los números rojos.

En 2017, año que cerró con US$24 millones de ganancia, se realizaron cerca de mil viajes en avión con un costo de de US$9,48 millones. Es decir, cada día de 2017 más de 2 funcionarios de ENAP se dirigieron al aeropuerto para realizar un viaje. Con la política de austeridad implementada por la empresa estos cayeron en un 70% y para 2019 -sin efecto de la pandemia- se realizaron viajes por un monto de US$3,1 millones, reduciendo en US$6,38 millones el gasto en este ítem.

Por otro lado, las asesorías y servicios profesionales pasaron de tener un costo de US$39,1 millones en 2017, a US$17,4 millones en 2019 y US$7,9 millones en 2020. Esto significó una reducción en la dotación de externos de 95% pasando de 310 empleados a solo 28 en 2019; y 15 en 2020. Entre los puntos que no eran objeto de la comisión investigadora, pero que se incluyen en el informe, se establece que “llama la atención que existiendo gerencias legales con alrededor de 17 profesionales, se hayan destinado en el período que investiga la comisión sobre 55 mil millones de pesos a asesorías legales externas”.

Los ahorros que significaron estos dos ámbitos suman un total de US$37,58 millones (US$31,2 millones en asesorías y US$6,38 millones en viajes), en la comparación entre 2017 y 2019-2020, igualando las utilidades que reportó ENAP durante el segundo semestre de 2020, que fueron de US$39 millones, las cuales se han mantenido durante el primer trimestre de este año en US$40 millones. Desde la refinadora de petróleo aseguran que no se pueden proyectar los resultados para 2021, pero hay indicadores que les permiten pensar que podrían cerrarlo con utilidades, debido a que el primer trimestre las cifras fueron azules, manteniendo la tendencia que se registra desde el tercer y cuarto trimestre de 2020.

A pesar de esos buenos resultados, ENAP cerró 2020 con pérdidas de US$90 millones, pero fue bien recibido debido a que las medidas ejecutadas les permitieron distanciarse de las pérdidas previstas por los analistas que rondaban los US$500 millones. La profunda crisis global provocada por la pandemia gatilló y apuró los cambios en la refinadora con el fin de revertir las estimaciones dramáticas que se estaban haciendo. Desde ENAP aseguran que “se instauró una nueva filosofía al interior de la empresa, basada en una cultura de probidad, eficiencia, con una total restricción de la chequera y con la consigna de que hay que cuidar la plata porque es de todos los chilenos”.

Con ello pusieron el acento en reducir las inversiones innecesarias que acrecentaban su deuda, poniendo foco en proyectos rentables, ya que se pudo comprobar que entre los años 2007 y 2017 el rendimiento de los proyectos de la empresa no generaban valor y tampoco daban para pagar los intereses de la deuda contraída para estos mismos proyectos. De esta manera redujeron de US$705 millones la inversión anual en 2017 a US$327 millones en 2019 y US$247 millones en 2020. Esto vino acompañado de un ajuste severo de personal a fines de 2019 que concretó una reducción de 700 personas, comprendiendo una disminución de un 22% de cargos ejecutivos y un 5% de trabajadores.

Con todo, a principios del año pasado la empresa fue particularmente cuestionada debido a que repartió un bono de “retención al talento” de $500 millones entre cerca de 20 ejecutivos. La situación fue dada a conocer y criticada por el diputado Romero quien aseguró que “esto viene de la época de Marcelo Tokman cuando era presidente del directorio de ENAP en el Gobierno de Michelle Bachelet: ahí se repartían la plata de todos los chilenos a diestras y siniestras”.

La entrega del bono fue confirmada por ENAP, desde donde informaron que en la administración de 2017 se fijó esta asignación de retención que se paga cada tres años y quedó establecido en los contratos, por lo que debieron cumplirlo en enero de 2020, aunque, en el caso del gerente general, éste renunció al beneficio de manera voluntaria cuando ingresó a la compañía. Luego, y a propósito del escenario provocado por la pandemia, tomaron la decisión de reducir de manera temporal los bonos variables y asignaciones pactadas en los convenios colectivos de quienes se encontraban afiliados a los sindicatos de trabajadores.

Irregularidades que podrían haber afectado en las utilidades de ENAP

La empresa petrolera nacional no ha estado exenta de problemas e investigaciones y durante todas sus administraciones, la Contraloría General de la República (CGR) se ha encargado de investigar y transparentar las irregularidades en la gestión. Más exposición aún tuvieron estas cuando un grupo de diputados se abocó a revisar en la comisión investigadora las causas durante los años 2014 y 2018 y el impacto que podrían haber tenido en el rendimiento de la refinería.

El procedimiento para llevar a cabo la comisión fue complejo y, pese a que los antecedentes fueron contundentes para establecer responsabilidades en la administración durante esos 4 años, los que habrían contribuido a engrosar la deuda de la petrolera estatal, la Comisión Investigadora de la Cámara no los consideró en su informe.

El diputado Jaime Tohá (PS) quien presidía la Comisión llevada a cabo en 2019, dio por terminado el documento, el cual fue aprobado por los otros miembros y terminó exculpando a ENAP de las irregularidades principales, lo que fue ampliamente criticado por Ximena Ossandón (RN), Camila Vallejo (PC) y Leonidas Romero (RN).

Consultado por El Líbero, Romero asegura que en ese momento “Tohá lo único que hizo fue entorpecer la investigación, trató de blanquear los informes”. Y luego, declara, “cuando el Contralor Nacional dijo que en el gobierno de Bachelet con Marcelo Tokman a la cabeza se dilapidaron US$5.500 millones, la situación no resistía análisis”.

Un punto que sí se incluyó fue el cambio de la imagen corporativa llevado a cabo por ENAP donde Contraloría encontró fallas en los procesos de contratación de los proveedores de los contratos, adjudicados entre 2017 y 2018, al no realizar licitaciones públicas, sino privadas o directas. “Dichas modalidades de contratación, a nivel global del proyecto, no se condicen con lo dispuesto en el punto 5.3.1, de la Norma Corporativa de Aprovisionamiento del Grupo de Empresas Enap, que dispone que en la contratación de servicios se propenderá a la realización de licitaciones públicas”, informó el organismo fiscalizador.

El proyecto buscaba estandarizar la imagen corporativa de la empresa y tuvo costos de más de US$4 millones. Según el informe, “quizás tuvo cierto grado de impertinencia, y probablemente asome como una decisión comercial poco conveniente”, pero de todas formas evalúa que se sostuvo de forma “consistente”. En tanto el gerente general actual, Andrés Roccatagliata, no compartió la decisión tomada “tanto por los dineros que involucraron, como además por considerarlo innecesario” y principalmente la pertinencia de hacerlo por la situación financiera de la empresa que arrastraba una deuda de sobre 5 mil millones de dólares.

Un segundo hecho que fue investigado por la CGR y que fue parte del reporte de los diputados fue la mudanza del edificio corporativo a Apoquindo 2929, que tuvo un costo cercano a los US$5,8 millones. El órgano contralor advirtió que el traslado implicó cambiarse a un espacio más pequeño en 1.493 metros cuadrados, además de cuestionar que ello no era consistente con una política de austeridad, ya que el gasto en la mudanza ascendió a cerca de US$ 6 millones.

“Debe anotarse que el gasto que implica el pago de las rentas de arrendamiento correspondientes al contrato, por 15 años, es superior en un 46% a los recursos obtenidos por ENAP con la venta del inmueble corporativo”, agregó. Es decir, el inmueble fue vendido en 463 mil UF, mientras que el arriendo por 15 años de las nuevas oficinas se estimó en 675 mil UF. Otra de las razones de la compañía para cambiarse era la cantidad de estacionamientos disponibles, lo que fue cuestionado por la Contraloría debido a que el nuevo edificio tenía 35% menos espacios para los automóviles.

Entre los antecedentes que no formaban parte de la comisión, pero que surgieron durante las sesiones y fueron anexados en el informe está el conflicto de interés por la contratación de la empresa Dueik S.A, de la cual dos de sus tres socias eran hijas de la directora María Isabel González, quien no se inhabilitó en el proceso de negociación, de acuerdo con el informe de Contraloría.

“No consta que haya tenido lugar la declaración mediante el documento respectivo, de un eventual conflicto de intereses con la empresa Dueik S.A.; ello por cuanto entre los socios propietarios de dicha empresa se encuentran dos hijas de la directora de ENAP, María Isabel González”, reza el informe. LA CGR expuso que ENAP suscribió contratos con esta empresa entre 2015 y junio de 2017, que implicaron desembolsos por $131 millones.

Incluidos esos hechos, actualmente en Contraloría hay más de 14 investigaciones referentes a dicho período y desde ENAP se han realizado 80 auditorías a las que sumarán otras 36 durante 2021. Otros, incluso, han ido a parar a la Fiscalía de Alta Complejidad y también el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte.

Los cambios drásticos entre quienes tomaban el mando de ENAP durante cada gobierno facilitaban la existencia de favores políticos, contrataciones irregulares, pagos excesivos y licitaciones privadas, por lo que en 2017 se estableció la ley que modificó el Gobierno Corporativo de ENAP, que busca evitar estas malas prácticas para las siguientes administraciones. Esta medida redujo el número de directores de 8 a 7, excluyendo al Ministro de Energía y, además, evitó que cada vez se renovaran por completo los 7 directores para generar una mayor estabilidad.

La ley estableció que de los siete miembros, solo dos fueran designados directamente por el Presidente de la República, cuatro vinieran de propuestas del Sistema de Alta Dirección Pública y uno por todos los trabajadores de la empresa. De esta manera se evita la existencia de eventuales conflictos de interés y se establece un mecanismo claro para la selección de los candidatos que deben informar sobre un plan de negocios y desarrollo.

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