Nueve disparos a quemarropa fueron los que terminaron con la vida de Benjamín Bustos (23) y Alejandro Carrasco (30). Ambas muertes ocurrieron el domingo, mientras trabajaban en una empresa de seguridad, en un predio de Forestal Mininco, en La Araucanía, donde hace cinco meses rige un Estado de Excepción que abarca cuatro provincias de la Macrozona Sur.
La tarde del domingo 20 de febrero, Benjamín y Alejandro se encontraban resguardando a tres brigadistas que revisaban focos de incendios en el predio El Encanto, ubicado en Carahue cuando, pasadas las 18:30 horas, Carabineros del sector recibió un alerta de disparos en el lugar, momento en que los brigadistas decidieron refugiarse lejos de ahí. A más de 200 metros se encontraban los guardias de seguridad, al interior de una camioneta.
Carabineros logró llegar media hora después al sitio del suceso, pero ya la situación era trágica e inevitable: los dos guardias estaban muertos al interior del vehículo. Los disparos les habían llegado a corta distancia y desde los costados. Benjamín habría recibido el impacto de cinco disparos y Alejandro cuatro.
Benjamín Bustos fue sepultado en el Cementerio Municipal de Vilcún en medio de una masiva caravana rodeada de globos blancos. Hasta el lugar habrían llegado sus familiares, amistades y decenas de vecinos del sector. Al término del funeral, a la salida del cementerio, algunas personas se reunieron y protestaron contra las autoridades. Pedían mayores medidas de seguridad que permitan terminar con la violencia que día a día los amenaza en el sur.
Alejandro Carrasco fue velado en Santiago, en el Parque del Recuerdo de La Florida. Vivía en Puente Alto pero se había trasladado con su pareja y su hija a Nueva Imperial, en La Araucanía, por temas de trabajo. «Sus restos fueron trasladados acompañados por su familia del sur: su pareja y su hijita de dos años», relata Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), quien asistió al funeral en representación del gremio forestal.
«El funeral fue conmovedor. Había muchas personas, entre familiares, amigos, colegas de trabajo, hinchas del Colo-Colo, sus compañeros de barra quienes entregaron sus testimonios de cercanía, amistad, alegría y generosidad. Estaban sus compañeros raperos también, porque Alejandro era músico, le gustaba el rap, y cada uno de ellos le trajo unas bellísimas coronas de flores las cuales rodearon la ceremonia», detalla Ugarte.
Fueron momentos difíciles, sobre todo para la señora de Alejandro y su familia que la acompañaba desde el sur. Hasta el velorio llegó un tío que era el lonko de una comunidad mapuche que había venido a Santiago con otros representantes de la familia y del mundo indígena.
Este lonko, relata Ugarte, «se presentó como el representante de la familia de Alejandro en el sur y en medio del llanto entregó un testimonio desgarrador donde le pedía perdón a la familia de Santiago por traer de vuelta del sur a su hijo muerto. Fue un momento de mucha emoción, de compartir abrazos, de llantos, de asumir compromisos», lamenta.
Los minutos siguientes fueron sobrecogedores. Las familias no se conocían pero ambas se pusieron de píe y entre abrazos compartieron el dolor. «Todos llorábamos. Se generó un momento de unidad que yo creo que va a perdurar en el tiempo, porque no podíamos entender que una persona con ese nivel de nobleza ancestral, no teniendo ninguna responsabilidad en los hechos y habiendo acogido a Alejandro en su familia, sea él que que tenga que pedir perdón. A qué nivel hemos llegado».
El padre del trabajador fallecido, también prestaba servicios en labores de patrullaje dentro de la compañía First Security, por lo que desconsolado y desconcertado se preguntaba una y otra vez cómo es que esa misma profesión que la había heredado a su hijo había terminado con su vida. «¿Cómo llegamos a este nivel de inhumanidad?», observaba Ugarte que reflexionaba el padre de la víctima en medio del funeral.
Han pasado cinco días desde el atentado y el representante de CORMA aún dice estar conmocionado con lo que fueron estos dos asesinatos. El presidente gremial no conoció de cerca a Alejandro, de todas modos asistió al funeral por un deber moral. «Yo iba en representación de la familia forestal, de 300 mil trabajadores, a presentarle el respeto a la familia, a su pareja, a darle voz de consuelo y de compañía», afirma.
Y en ese sentido, critica que a la ceremonia no haya asistido ninguna autoridad pública. «Esto ya es un nivel de indefensión muy grande, pues no había presencia de ninguna autoridad, ni en Vilcún, ni en Santiago para representar el pesar, la solidaridad, para darle confianza a las familias de que se va a perseguir a los culpables de estos actos terroristas que los asesinaron a mansalva».
En el funeral, explica Ugarte, «las familias sólo nos pedían que le pusiéramos fin a este conflicto entregándole seguridad a sus familias, a sus hijos, esposos y hermanos que van a trabajar. Tener la seguridad de que van a volver y no vivir en esa angustia permanente».
Pero para eso, «se necesitan a las autoridades, al Estado, al Ejecutivo, al parlamento, al poder judicial y a las fuerzas de orden y de seguridad para poder garantizar esa paz social que todos necesitamos», dice.
La esperanza de las víctimas de la Araucanía y el desafío de Boric
La violencia en la Macrozona Sur aumenta y tan solo este 2022 ha cobrado las vida de siete víctimas en la zona. El miércoles el Congreso aprobó la novena prórroga del Estado de Excepción y probablemente la última que sea admitida bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Regirá hasta el próximo 11 de marzo, justo coincidiendo con el día del cambio de mando lo que dejaría en una encrucijada tanto al Presidente Piñera, quien ahora deberá decidir si impulsar una nueva extensión del Estado de Excepción más allá de su mandato, como también para el presidente electo, Gabriel Boric, quien recibirá el país con ocho provincias bajo la medida excepcional.
Las estadísticas muestran que el estado de excepción en la Macrozona Sur ha tenido efecto en disminuir en 72% las usurpaciones y 45% los hechos de violencia, sin embargo, el futuro presidente Gabriel Boric ya se ha manifestado en contra de mantenerla.
«Nosotros tratamos de entregar con la prórroga del Estado de Excepción una luz de esperanza y tranquilidad a miles de chilenos que hoy día están sufriendo en la Región de la Araucania y también en la región del Biobío», afirma Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputado en una nueva edición del programa «Especial Mirada Líbero».
Si bien la medida no es la solución final, Paulsen dice que permite al menos darle tranquilidad a miles de personas que viven con un miedo tremendo a ser asesinados y por eso «si de nosotros dependiera, y así además lo voy a tratar de impulsar, es que ojalá el presidente Piñera envié una nueva prórroga de estado de excepción antes del 11 de marzo para nosotros poder votarla».
Los ministros salientes y entrantes ya comenzaron a sostener las primeras reuniones bilaterales con el objetivo de definir y analizar los principales desafíos que tendrá la futura administración del presidente electo.
El primer encuentro lo tuvo el ministro del Interior Rodrigo Delgado, con la futura ministra del cartera, Izkia Siches donde se pudieron ver algunas luces sobre un cambio de opinión con respecto al Estado de Excepción, al decir que se iba a reunir con autoridades locales y víctimas de la violencia al asumir el cargo.
Frente a eso, para Juan José Ugarte, «se abre una luz de esperanza con que han cambiado el discurso con el cual se había instalado el futuro gobierno. Antes tajantemente y en basa a no sé que evidencia decían que no iban a renovar el Estado de Excepción y ahora vemos a la futura ministra desde el Palacio de La Moneda anunciando que va a ir a la región, algo tan simple como hablar con las víctimas», reflexiona.
Asimismo, Paulsen también espera que «finalmente todos los dardos que apunten al nuevo gobierno sean a reunirse con quienes han sido víctimas y no quienes son victimarios. Hemos visto las primeras declaraciones respecto del conflicto de la región de hablar con quienes le han declarado la guerra al Estado y yo hubiese esperado que las primeras palabras sean para quienes han sido víctimas».