Cuatro ministros y hasta el propio Presidente Gabriel Boric le respondieron esta semana al alcalde de La Florida Rodolfo Carter.
Esto luego que el edil, molesto por las críticas que se han levantado desde el Ejecutivo a su plan de demoler las llamadas «narco-casas», los acusara directamente de presionar al Ministerio Público para que abriera un sumario contra los responsables de entregarle «información no oficial» sobre el paradero de estas viviendas.
Si el gobierno había mantenido un política de cautela frente a la medida del alcalde, la batalla comunicacional que se desató esta semana dejó por evidenciar la incomodidad que existe en el gobierno y el Ministerio del Interior con el plan del alcalde.
Fue el subsecretario Manuel Monsalve, de hecho, el primero en abrir los fuegos hace dos semanas, cuando calificó de «efectista» la medida aplicada por Carter. En paralelo, desde Interior, la ministra Tohá no ha aceptado hasta ahora ninguna de las invitaciones o mensajes que internamente el equipo de Carter le ha hecho para conversar y explicarle las demoliciones.
Las conversaciones con el subsecretario Vergara
Pese a la molestia de Interior, el diálogo entre el gobierno y el municipio lo ha manejado el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. El subsecretario, dicen en el equipo de Carter, es el único que les ha respondido los mensajes, y a través de quien le han transmitido al Gobierno la necesidad de conversar sobre la medida.
Vergara de hecho juega un rol clave en estos operativos dada la dotación policial que necesita el alcalde para llevarlos a cabo. Más aún, luego de la última demolición donde por primera vez el equipo municipal y Carabineros fueron atacados.
Se trató de la demolición de una vivienda en el sector Los Quillayes, una de las zonas rojas de la comuna, lo que implicó llegar con un fuerte contingente policial.
Vergara y el alcalde tuvieron línea directa durante casi todo el operativo y hablaron al menos tres veces. De hecho apenas el alcalde le avisó de los incidente, el subsecretario lo llamó de vuelta para estar enterado de lo que sucedía, y ver si necesitaban más apoyo, aseguran en el equipo del alcalde.
Carter lo volvió a llamar cuando intentaron quemar una parroquia y le transmitió la gravedad de lo que sucedía. Fuentes que conocieron la conversación aseguran incluso que Vergara le comprometió que Carabineros se mantendría en la zona hasta que se retirara toda la delegación municipal que participó en el operativo.
En el equipo municipal reconocen que terminar el cuarto operativo de demolición no habría sido posible sin el contingente policial.
Las dudas del municipio para las 16 demoliciones que quedan
Ese es precisamente uno de los temas de preocupación que se ha instalado en el equipo de Carter, ya que aún quedan 16 demoliciones previstas en el cronograma y varias de ellas representan un alto riesgo, por lo que contar con el contingente policial será clave.
En el equipo del edil reconocen que dado los acontecimientos del martes, realizar las próximas demoliciones sin un número importante de Carabineros «es un suicidio».
A esto se suma que la municipalidad busca comenzar otro proyecto emblemático de Carter de intervención urbana en la comuna, y que representa una inversión de 600 millones de pesos.
«Por qué es tan importante esta discusión. Lo que viene ahora es un proyecto de inversión de 600 millones que aprobó el concejo municipal, pero si no tenemos el respaldo de la policía y del Estado de Chile, que lo dirige el Presidente Boric, que es el Presidente de todos los chilenos, no vamos a poder hacerlo», aseguró Carter luego de los incidentes del martes.
El factor electoral
En el oficialismo están mirando con inquietud cómo Carter y su proyecto de derrumbar estas casas ha logrado permear la agenda política, sumando apoyos como el del Presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, el del ex fiscal Carlos Gajardo o el de la diputada Pamela Jiles.
El domingo en la noche la última encuesta Cadem, mostraba que las figuras políticas mejor evaluadas eran la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con un 70% de aprobación, y Carter con un 60%. En tercer lugar aparecía la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Una semana antes, la encuestas Panel Ciudadano UDD mostraba que un 48% de los encuestados identificaba la delincuencia y el narcotráfico como los problemas que más preocupan a los chilenos. También que un 88% aprobaba la medida impulsada por el edil de La Florida.
El tema ha encendido también las alarmas electorales. Por eso en privado diputados oficialistas le han pedido al Ejecutivo que se debe agilizar la estrategia en materia de seguridad, principalmente en el Congreso.
“Hay que evitar que la derecha use la demagogia policial y el populismo penal para llevar agua al molino de sus candidatos presidenciales Kast, Matthei y Carter, quienes buscan pantalla invocando de manera populista la necesidad de seguridad del país”, advierte el diputado PS, Leonardo Soto.
Hasta hace un par de semanas, reconocen en algunos círculos del oficialismo, las miradas estaban puestas en Matthei y en el nicho que aún podría mover Kast. Carter era mirado con más lejanía, y algunos pensaban que la medida y la cobertura mediática lo podían hacer perder seriedad. Ese escenario cambió hace al menos dos semanas.