Para que Myriam Olate Berríos –la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade– pudiera jubilarse con la pensión de $5,2 millones que ha generado un escándalo nacional, tuvieron que cumplirse varias cosas, como tener 20 años en Gendarmería, estar contratada de planta, ser subdirectora y jubilarse justo en el mes que recibió los mayores bonos.
Pero, además, su millonaria pensión no habría sido posible si el Congreso no hubiese rechazado un proyecto de ley que sacaba a los funcionarios civiles de Gendarmería de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), y los enviaba al sistema de capitalización individual de las AFP, que tiene la gran mayoría de los chilenos.
El frustrado proyecto que acotaba el riesgo de “jubilazos” en Gendarmería
El 18 de octubre de 2012 el gobierno de Sebastián Piñera ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que “modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile”.
Dicho proyecto buscaba eliminar el 6% de cotización de los pensionados en Dipreca y Capredena (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) mayores de 65 años; limitaba la edad para los montepíos de las hijas solteras, homologaba las pensiones entre Capredena y Dipreca estableciendo como máximo una única reliquidación de pensiones; eliminaba las triples y hasta cuádruples jubilaciones y los dos años de abono para efectos de pensión.
El acápite cinco del proyecto establecía que los “empleados civiles de planta de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería (como Miriam Olate), son, en la actualidad, beneficiarios de los sistemas previsionales administrados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros, sistemas ambos que fueron concebidos para el personal uniformado aún cuando no están sujetos a las mismas exigencias que estos últimos, por lo que no se justifica que compartan el mismo sistema previsional”.
Al respecto, agrega el documento que “se requiere que los únicos beneficiarios de los mencionados sistemas previsionales, sean el personal directamente relacionado con el ejercicio de las funciones de Defensa, Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile”. Por lo que establecía “como regla general, que el personal que integra las plantas de Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, quedará afecto al sistema previsional regulado por el decreto ley Nº 3.500, de 1980”, que es el de las AFP.
Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por los diputados de las comisiones de Defensa y Hacienda, quienes respaldaron los reclamos de los gremios de Gendarmería, entre otros, la Asociación de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen).
Las 100 jubilaciones irregulares que se detectaron en Dipreca en 2011
Los problemas que llevaron al pasado gobierno a intentar enviar a las AFP a los funcionarios civiles fueron los reiterados desórdenes y arbitrariedades que se generaban con las pensiones, y que se repetían al menos desde 2000.
En noviembre de 2011 el entonces director Carlos Jerez denunció ante la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado que hubo 100 pensiones irregulares de los funcionarios de Dipreca, que generaron un perjuicio fiscal de más de $16 mil millones.
Jerez detectó que los empleados con más de 20 años de servicio y que querían jubilarse renunciaban a la planta institucional, y se les recontrataba bajo el Código del Trabajo por tres meses con un sueldo de entre el 50% y 100% más que el original. Así, el desahucio y la posterior jubilación se elevaban artificialmente.
El entonces director consultó el tema en el organismo y le dijeron que era una facultad privativa del director, «que empezó en 2000 con dos casos. Pero ahora había 97», recordó en ese momento cuando La Segunda publicó un extenso reportaje con las irregularidades.
Los pensionados apenas financian el 25% de su jubilación
Lo complejo del financiamiento de los 70 mil pensionados de Dipreca es que la cotización del 6% de los funcionarios apenas cubre el 25% de los costos previsionales del sistema. El restante 75% lo coloca el estado a través de los impuestos de todos los chilenos.
Actualmente, dichas pensiones tienen un costo fiscal de $500 mil millones, de los cuales $375 mil son aporte estatal directo.
Ese sistema previsional fue creado en 1927 especialmente para efectivos de Carabineros, dadas las particularidades de su trabajo, en que exponen su vida e integridad física, no pueden desempeñar actividades paralelas o trabajar en otro organismo o empresa, y están sometidos al Código Militar, condiciones que no cumplen los funcionarios de Gendarmería. Éstos fueron integrados a Dipreca en 1991 por el entonces Presidente Patricio Aylwin.