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Publicado el 12 de diciembre, 2018

El prontuario de agresiones a los DD.HH. de países que integran el Consejo de la ONU con el que trabaja Bachelet

Autor:

Emily Avendaño

De los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 14 han sido calificados por Freedom House como “no libres” y 12 como “parcialmente libres”. Esta semana se cumplieron 70 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, un tercio de los integrantes del Consejo no cumple con el objetivo de la instancia de “promover y proteger” los DD.HH. al interior de sus fronteras.

Autor:

Emily Avendaño

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A partir de 2019 países como Camerún, Eritrea, Somalia y Baréin tendrán una silla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A esas cuatro naciones se les considera como países “no libres”, de acuerdo con el índice de “Libertad en el Mundo” que elabora Freedom House. Incluso la organización UN Watch –una ONG con sede en Ginebra cuyo mandato es supervisar la actuación de las Naciones Unidas según el criterio de su propia Carta– ha objetado la elección de Baréin, Bangladesh, Camerún, Eritrea, Filipinas y Somalia, al considerarlos “no aptos” por sus situaciones de derechos humanos y por sus historiales de votación en la ONU sobre esta materia.

Eritrea, por ejemplo, es un Estado militarizado que no realiza elecciones desde su independencia de Etiopía en 1993; hay un solo partido político, detenciones arbitrarias y en 2001 el gobierno cerró todos los medios de comunicación independientes. El propio Consejo de DD.HH de la ONU emitió en junio un informe que los acusa de cometer crímenes de lesa humanidad. “El gobierno de Eritrea continúa encerrando o desapareciendo a la fuerza las voces disidentes, silenciando así las discusiones analíticas y los debates críticos”, declaró la primera Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, Sheila B. Keetharuth.

En Somalia, reporta la ONG UN Watch, existen violaciones de DD.HH. como asesinatos de civiles por las fuerzas de seguridad, desapariciones, torturas, arrestos arbitrarios, niños soldados, restricciones a las libertades de expresión, de prensa y de asociación; falta de elecciones libres; y la lista continúa.

El 10 de diciembre se cumplieron 70 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos y que se convirtiera en punto de referencia de derechos fundamentales en diversas partes del mundo. No obstante, varios de los  integrantes -presentes y futuros- del Consejo de DD.HH. de la ONU no cumplen con el objetivo de la instancia de “promover y proteger” los DD.HH. al interior de sus fronteras. El Consejo trabaja a la par de la Oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH. de la ONU, cargo que actualmente ocupa Michelle Bachelet. Incluso, tiene atribuciones para instruirle realizar informes específicos por casos de violaciones a los derechos fundamentales, como hizo el pasado 26 de septiembre con Venezuela. Por su parte, la Oficina tendría la potestad de impulsar algunas de las reformas necesarias que evitarían la presencia de estos países cuestionados en el CDH.

Lo de China es increíble. El número de votos que recibe demuestra que lo han votado muchas democracias, debido a todos los vínculos económicos y comerciales que tiene. Esa es otra preocupación, que muchas democracias claudiquen por priorizar las cuestiones económicas comerciales por encima de los DD.HH.”, afirma Gabriel C. Salvia, director general de CADAL.

Un artículo de Gabriel C. Salvia y Matthias Peschke, del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina (CADAL), subraya que desde 2007 hasta 2017 “los tres países que cumplirán mayor cantidad de años como miembros del Consejo son tres dictaduras con un negro y persistente historial de violaciones a los derechos humanos: Arabia Saudita, Cuba y China”. De hecho, si se mira la composición actual de la institución aparece que, de sus 47 miembros, 14 (29,78%) han sido catalogados por Freedom House como “no libres” y 12 (25,53%) como “parcialmente libres”.

Esto resulta una paradoja si se considera que el Consejo de Derechos Humanos es una institución que se encarga de “fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos”, de acuerdo con la descripción en su página web. Fue creado el 15 de marzo de 2006.

“El punto de la reforma de 2006, iniciada por el fallecido Secretario General de la ONU Kofi Annan, era crear una competencia que eliminara a los peores abusadores. Lamentablemente, esto nunca se respetó, con miembros actualmente electos como Arabia Saudita, China, Cuba, Burundi y Venezuela”, declaró Hillel Neuer, director de UN Watch el 8 de octubre, pocos días antes de que se concretara la elección de estos países al Consejo.

Además de Cuba, China y Arabia Saudita -envuelta en una reciente polémica por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi al interior de su consulado en Estambul-, otros de los miembros actuales del Consejo son Afganistán, Irak, la República del Congo, Ruanda, Etiopía, Burundi y Venezuela. Todos con un cuestionado historial de violaciones a los DD.HH.

Los gobiernos democráticos, como son electos por su pueblo, tienen como prioridad la atención de las demandas domésticas. Al revés de las dictaduras, que carecen de legitimidad democrática. Esos países no necesitan legitimarse con su ciudadanía, no necesitan priorizar porque con represión mantienen su situación, no se tienen que someter a las urnas regularmente. Para ellos la prioridad es la legitimación internacional”, dice Gabriel C. Salvia, director general de CADAL.

En Afganistán, la insurgencia librada por militantes islamistas ha socavado los derechos políticos y las libertades civiles. Además de la violencia, hay corrupción y procesos electorales poco confiables. En Ruanda, el Frente Patriótico Ruandés (RPF), dirigido por el presidente Paul Kagame, gobierna el país desde 1994, cuando derrocó a las fuerzas responsables del genocidio de ese año. “Si bien el régimen ha mantenido la paz y el crecimiento económico, también ha eliminado la disidencia política a través de la vigilancia generalizada, la intimidación y los presuntos asesinatos”, reporta Freedom House.

De Burundi, reporta la propia ONU, desde 2015, más de 400.000 personas han huido escapando de abusos a los derechos humanos, la incertidumbre política y el deterioro de la situación humanitaria. En 2018 se esperaba que esta cifra aumentase en más de 50.000. Etiopía, por su lado, es un Estado autoritario gobernado por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), que está en el poder desde 1991 y actualmente ocupa todos los escaños en el Parlamento.

Una elección sin opciones

Los 47 estados miembros son elegidos por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de votación directa y secreta.

La membresía se basa en una distribución geográfica equitativa, que asigna escaños por zonas del mundo. África: 13 asientos; Asia y el Pacífico: 13 asientos; América Latina y el Caribe: 8 asientos; Europa occidental y otros Estados: 7 puestos; y Europa oriental: 6 asientos. Cada miembro sirve por un período de tres años y no son elegibles para reelección inmediata después de servir dos mandatos consecutivos.

Gabriel C. Salvia, director general de CADAL, explica a El Líbero: “A la ONU la integran 193 países donde las democracias son una minoría y los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que son 47, se eligen por regiones donde las democracias están concentradas en un solo grupo. Una excepción puede ser América Latina, donde se ha equilibrado un poco. Hace unos años, cuando hicimos el informe, había 4 países del ALBA, más El Salvador, que siempre jugaba para el ALBA. Y no había ninguno de los tres países del Cono Sur”.

A partir de 2019 esta situación va a cambiar con la entrada de Argentina y Uruguay -Chile ya forma parte-. Salvia agrega que “para las dictaduras siempre es importante estar presente en estos ámbitos, porque es una manera de defenderse de las críticas”.

El activista de derechos humanos subraya que las democracias no estás coordinadas en política exterior y DD.HH. “Los gobiernos democráticos, como son electos por su pueblo, tienen como prioridad la atención de las demandas domésticas. Al revés de las dictaduras, que carecen de legitimidad democrática. Esos países no necesitan legitimarse con su ciudadanía, no necesitan priorizar porque con represión mantienen su situación, no se tienen que someter a las urnas regularmente. Para ellos la prioridad es la legitimación internacional”.

En las elecciones para definir a los miembros del Consejo en 2019 ni siquiera hubo competencia en ninguno de los cinco grupos regionales, reporta UN Watch, pues cada uno presentó la cantidad exacta de candidatos para el número de vacantes disponibles por grupo. “Elegir a un régimen como el de Eritrea como juez de la ONU para los derechos humanos es como nombrar a un pirómano como jefe de bomberos”, reclamaba Neuer.

Entre los reelectos para un nuevo período aparece Filipinas, un país que Freedom House califica como “parcialmente libre” pues “el estado de derecho y la aplicación de la justicia son aleatorios y favorecen fuertemente a las elites gobernantes”, en donde las insurgencias violentas no se han detenido y hay impunidad para los delitos contra activistas y periodistas. Dice Freedom House que “la guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte, desde 2016, ha llevado a más de 12.000 asesinatos extrajudiciales”.

Senegal presidirá en 2019, país también cuestionado en materia de DD.HH.

A partir del 1° de enero de 2019, el embajador Coly Seck, representante permanente de Senegal ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, ejercerá la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos. No obstante, Senegal también tiene un historial de cuestionamientos por la existencia de prácticas como violencia contra las mujeres, mutilación genital femenina, tortura, arrestos arbitrarios, maltrato infantil, matrimonio precoz y forzado, trata de personas, y trabajo forzado.

Elegir a un régimen como el de Eritrea como juez de la ONU para los derechos humanos es como nombrar a un pirómano como jefe de bomberos”, subraya Hillel Neuer, director de UN Watch.

Al respecto el Informe de Freedom House señala: “Se cree que las tasas de mutilación genital femenina han disminuido debido en parte a las campañas para desalentar la práctica, pero sigue siendo un problema. El gobierno lanzó un plan para reducir el matrimonio prematuro en junio de 2016, dado que casi una de cada tres senegalesas se casa antes de los 18 años”.

El texto agrega: “El trabajo infantil sigue siendo un problema, particularmente en la economía informal, y las leyes que restringen la práctica no se aplican adecuadamente. La mendicidad forzada de los estudiantes en las escuelas religiosas es común… El tráfico sexual sigue siendo una preocupación”.

No es la primera vez que un país con credenciales cuestionadas ejerce la Presidencia del Consejo. En el período 2010-2011 le tocó a Tailandia, un país actualmente “no libre”, que en ese momento era considerado “parcialmente libre” por el uso de la violencia para reprimir las protestas callejeras que hubo en abril y mayo de 2010, y al uso coercitivo de las leyes y los poderes de emergencia para limitar la libertad de expresión y la autonomía personal.

Otro caso aún más emblemático es el de Gabón, un país actualmente “no libre” que ejerció la presidencia del Consejo en 2014 también siendo “no libre”. En donde el Partido Demócrata de Gabón ha estado en el poder desde 1968. El informe de 2014 de Freedom House indicaba que “adolescentes de Mali, Benin y Togo son traficados a Gabón y obligados a realizar trabajos manuales, mientras que las niñas son enviadas a hogares o burdeles sin su consentimiento y se les hace trabajar sin paga”. Ese año The Walk Free Foundation, en su Índice Global de Esclavitud 2013, clasificó a Gabón en el décimo lugar del mundo en prevalencia de esclavitud.

“Muchas democracias podrían claudicar por priorizar las cuestiones económicas comerciales por encima de los DD.HH.”

Para que estos casos no se repitan UN Watch propone una “profunda reforma” del sistema de votación. “Si nuestras propias democracias continúan ignorando los criterios de elegibilidad al votar a los violadores, entonces deberíamos eliminar las elecciones por completo, como es el caso del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General. Las no-democracias no pueden seguir utilizando su elección al Consejo de Derechos Humanos como un escudo de legitimidad internacional para encubrir los abusos de sus regímenes”, ha declarado Neuer.

Por su parte, Salvia también ha hecho propuestas que, en su opinión, son más simples de ejecutar: “Una es la más sustancial que consiste en modificar el punto 7 de la Resolución que crea el Consejo. Habría que incluir un agregado para que los países al ingresar automáticamente estén obligados a establecer invitaciones abiertas y permanentes a todos los relatores de las Naciones Unidas. Es sabido que en países como China no puede entrar el relator del tema de la tortura, o el de las detenciones arbitrarias. En Arabia Saudita los dos relatores que se ocupan del tema de la situación de la mujer y en Cuba básicamente lo mismo. Ninguno de los relatores que investigan los temas más importantes de cuestiones de libertades civiles y políticas son invitados”.

A la ONU la integran 193 países donde las democracias son una minoría y los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que son 47, se eligen por regiones donde las democracias están concentradas en un solo grupo”, asevera Gabriel C. Salvia, director general de CADAL.

Dice que se trata de “una reforma relativamente simple, pero siempre va a chocar con que la tienen que aprobar la mayoría de los países que está en la ONU, y necesita un trabajo importante de algunos países que la impulsen”. La otra propuesta es que haya más transparencia: “Cuando se votan los países para integrar el Consejo, se hace en la Asamblea General y el voto es secreto. Nuestro planteamiento es que el voto debería ser público porque los Estados allí presentes deben rendir cuentas a su ciudadanía. Especialmente los países democráticos”.

Da como ejemplo países como China, que incluso reciben más cantidad de votos de los que necesitarían. Un ejemplo fue la elección de 2013, cuando Uruguay no logró entrar al Consejo pues obtuvo 93 votos. En cambio países como China lograron 176 votos y Cuba 148.

“Lo de China es increíble. El número de votos que recibe demuestra que lo han votado muchas democracias, debido a todos los vínculos económicos y comerciales que tiene. Esa es otra preocupación, que muchas democracias claudiquen por priorizar las cuestiones económicas comerciales por encima de los DD.HH. La última vez que China fue elegida la votaron 180 países, de 193. Ese es un indicador del bajo compromiso internacional que hay en la defensa de los DD.HH.”, reclama Salvia. Además, recuerda que en la ONU el voto de una isla como San Vicente y las Granadinas vale lo mismo que el voto de Canadá o Alemania.

De Cuba dice que a pesar de ser un país pequeño “tiene toda una política de diplomacia paralela, como las misiones internacionales, con las que básicamente utilizaron sus recursos humanos: médicos, las campañas alfabetizadoras para comprar voluntades políticas. No olvidemos que Cuba es el segundo país de América Latina después de Brasil con más cantidad de embajadas en el mundo. No olvidemos que cada país es un voto, y Cuba tiene muy claro que necesita legitimarse internacionalmente, entonces la diplomacia cubana es muy activa en los ámbitos regionales e internacionales”.

Salvia destaca que las reformas podrían ser impulsadas por la Oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH. que tiene una división que trabaja con el CDH y es la encargada de elaborar un informe ante el Examen Periódico Universal de cada país. Ambas instancias son designados por la Asamblea General de la ONU.

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