“Es un tipo muy trabajador y experto en sus temas, pero tiene un defecto: es muy poco neutral, no sirve para ser juez. Es tan cercano a Bachelet que hará todo lo que esté a su alcance para que se saque adelante el programa”. Así describe un abogado, que lo conoce desde hace años, al actual presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Carmona Santander, quien alcanzó gran figuración pública el pasado miércoles. ¿La razón? Dio luz verde al proyecto del Ejecutivo que pone fin al lucro, al copago y a la selección, ya que con su voto dirimente el TC rechazó casi en su totalidad el recurso de inconstitucionalidad que había presentado la Alianza en enero pasado.
Si bien no es una figura muy conocida por la ciudadanía, en el mundo de la política y del derecho administrativo no hay quien no sepa de él. Carmona tiene 53 años y gran parte de su vida profesional la ha desarrollado en el Estado y en la academia. A fines de los 80 trabajó con Carlos Huneeus en el CERC y luego fue secretario personal de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se tituló de abogado en la Universidad de Chile en 1990 y entró a trabajar a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el gobierno de Patricio Aylwin. Ahí estuvo en la División Ejecutiva y posteriormente en la División Jurídica.
Quienes lo conocen de esa época señalan que llegó a la Segpres “como un abogado más” y que fue forjando su camino desde adentro. Pero su nivel de influencia se acrecentó cuando Frei fue electo Presidente. En 1995, ya estaba como jefe de la División Jurídica, transformándose en un hombre clave para el gobierno, pues llevaba el timing de la agenda legislativa y por sus manos pasaban todos los proyectos de ley del Ejecutivo. Las mismas fuentes señalan que cuando llegó a tal posición sacó a varios “históricos” de la división y comenzó “a formar” a muchos abogados jóvenes que hoy lo ven como una especie de “maestro”.
El 13 de agosto de 1999, cuando ya faltaban pocos meses para que Frei terminara su gobierno, fue designado como subsecretario de la Segpres. Ahí permaneció hasta el 11 de marzo del año siguiente, cuando el recién asumido Ricardo Lagos nombró a Eduardo Dockendorff en ese cargo. Carmona volvería a la jefatura de la División Jurídica de la Segpres y de ahí no abandonaría esa oficina hasta el año 2009.
Los 20 años ininterrumpidos que pasó en la Segpres son el sustento de la suerte de mitología que se ha tejido alrededor de su figura. Se dice que estaba en el “inventario” de La Moneda y que en el oficialismo lo apodan “La República”, pues es la persona que más sabría sobre materias de Estado en el país.
Algunos señalan que es ególatra y que “le rinde culto a su persona”, aunque reconocen que es un hombre preparado y estudioso. Hasta el día de hoy quienes lo conocen recuerdan los gigantescos estantes de su oficina en La Moneda donde almacenaba su extensa colección de libros. Según su declaración de patrimonio que está en la página del TC, posee 6.228 textos, los que estarían avaluados en un total de 218 millones de pesos.
De forma paralela a su carrera en la Segpres, desde 1993 Carmona ha dictado clases de derecho administrativo en distintas universidades, como la Católica, la UDP y la Universidad de Chile. En esta última casa de estudios, sus alumnos lo describen como un profesor que tiene “un ejército” de ayudantes. Medio en broma, medio en serio, señalan en el portal Wikibello que “entrega una cantidad abismante de material para leer, por lo que en su curso se echa por lo bajo una hectárea de bosque amazónico, así que hay que estar financieramente respaldado para tomar el ramo”.
El salto al TC
Corría abril de 2009, y la Presidenta Michelle Bachelet nombraba a Carlos Carmona como integrante del Tribunal Constitucional por nueve años, en reemplazo de Jorge Correa Sutil. La decisión de la Mandataria no estuvo exenta de polémicas, pues el ex subsecretario de Interior de Lagos –que había llegado al TC en 2006 a cumplir el período del renunciado Juan Agustín Figueroa– esperaba ser ratificado por Bachelet.
Según se comentaba por esos días, la suerte de Correa se habría sellado el 1 de septiembre de 2008, cuando votó en contra del crédito pedido por el gobierno al BID para financiar el Transantiago. Desde ese día, tanto Bachelet como Carmona –que en su rol de jefe de la División Jurídica debía lidiar permanentemente con el TC-, vetaron el nombre de Correa, causando gran molestia en la DC.
De su desempeño en estos seis años en el organismo, varios tienen críticas. Acusan que en ocasiones ha actuado como un “operador político” y que sus votaciones han sido ideologizadas. Por ejemplo, algunos señalan que en el gobierno de Sebastián Piñera casi nunca le dio la razón al Ejecutivo en los distintos requerimientos que tuvo que votar. La excepción fue cuando determinó que los correos electrónicos de los funcionarios públicos eran de carácter privado, defendiendo la tesis del gobierno.
A juicio de una fuente consultada por “El Líbero”, el mejor ejemplo del nivel de politización de los juicios de Carmona se encuentra en 2011, cuando fue el único de los 10 ministros del TC que votó a favor de inhabilitar a Ena von Baer por haber reemplazado a Pablo Longueira en el Senado. Según comenta, todos los demás ministros del TC identificados con la Concertación tuvieron “pudor” de condenar un acto que, en los hechos, era muy similar al que había ocurrido en 2009 con la entrada de Felipe Harboe a la Cámara, en reemplazo de Carolina Tohá.
Pero a pesar de haber dejado La Moneda, su influencia en el gobierno sigue siendo importante. Gran parte de su círculo de confianza está en el Ejecutivo y algunas fuentes señalan que tiene línea directa con la Presidenta. Él, de hecho, habría solicitado que se instalara a su “discípulo”, William García, como jefe de la División Jurídica de la Segpres, nombre que le fue impuesto a la ministra Ximena Rincón.
En agosto de 2014 asumió la presidencia del TC, y en su primer discurso señaló que “no estamos para defender al gobierno o a la oposición. Quienes piensan que esa es nuestra tarea, le hacen un daño al Tribunal, porque lo abanderizan y lo politizan”. Si bien su cupo en el tribunal vence en 2018, algunos en el oficialismo ya lo mencionan como posible candidato de Bachelet a suceder al contralor Ramiro Mendoza, quien debe dejar su cargo en las próximas semanas. Quienes lo conocen señalan que ese sería “su techo” al que podría aspirar dentro del Estado, pero que sería un mal precedente que la Mandataria se la jugara por proponer para Contraloría a una carta tan evidentemente bacheletista.