¿Dónde estudió? ¿Qué ha hecho en materia de derechos humanos? ¿En qué ha trabajado?
Como si se tratara de un total desconocido, el abogado Juan Pablo Hermosilla planteó esas preguntas sobre el ministro de Justicia, Luis Cordero, tanto el miércoles en un concurrido punto de prensa, como ayer a la salida del Anexo Cárcel Capitán Yáber, donde tras un impasse, finalmente quedó recluido su hermano Luis, quien está formalizado por soborno y blanqueo de capitales en el marco del Caso Audio.
El motivo de su enojo con Cordero, radica en que el secretario de Estado criticó en entrevistas su estrategia legal e incluso dijo que había cometido un ilícito al llamar a las autoridades de Justicia para pedir el traslado de Luis Hermosilla desde Santiago 1 a Capitán Yáber.
Las críticas de Cordero, como las del Presidente Gabriel Boric, se volvieron rápidamente en su contra, como un búmeran, pues Hermosilla usó sus concurridas y extensas declaraciones de prensa para devolver el tema a La Moneda: desde el Colegio de Abogados hasta el exministro de Justicia Isidro Solís cuestionaron la intromisión del Mandatario, y el ministro de Justicia bajó un poco el tono con el abogado especialista en derechos humanos afirmando que no ironizó con su trabajo, sino que sólo había salido a «aclarar una serie de imprecisiones».
El primer “encontrón” que Hermosilla reveló que tuvo con Cordero, fue cuando se estaba tramitando la ley que perfeccionó el sistema de defensa de la libre competencia, y se tipificó el delito de colusión.
En esa oportunidad (2015), Hermosilla concurrió a la Cámara de Diputados defendiendo la posición de sancionar penalmente el ilícito (con cárcel) y castigar a los abogados que lo facilitaran, mientras que la socia del estudio de abogados donde el ministro también tenía participación, FerradaNehme, tuvo una postura diferente.
El asunto de la colusión
Dando un punto de prensa televisado que comenzó con luz de día y terminó de noche afuera de su oficina, Hermosilla recordó el miércoles que cuando él asesoraba al Ministerio de Economía durante la segunda administración de Michelle Bachelet, fue contratado en su rol de profesor informante de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales para aportar su visión sobre esa ley económica.
“Yo sostuve que había que restablecer el delito y además castigarlos, crear un delito especial para los abogados que desarrollaban actividades asesorando los procesos de colusión. ¿Qué oficina de abogados fue la que se me sentó al frente para oponerse a esto? Y no sólo oponerse a esto, sostener que no había que penalizar los delitos de colusión y que además no tenía que existir un delito para los abogados: la oficina del Ministro de Justicia”, aseguró.
El estudio jurídico aludido es FerradaNehme abogados, y fue su socia, Nicole Nehme, quien expuso ante los diputados. Eso sí, en la citación se hace la salvedad de que fue representando a Espacio Público.
Hermosilla se centró en la gravedad del delito
En la Comisión de Economía, Hermosilla recordó que fue “un día muy doloroso para la República” cuando se derogó la colusión, y opinó que las multas y la delación compensada no eran suficientes, y que la señal que se dio con ello, fue “nefasta”.
“No es casualidad que en Chile todos los delitos económicos que se puedan cometer tengan penas bajas y, en cambio, el asalto a una farmacia y hasta la venta de películas piratas merezcan sanciones mucho más gravosas. Esto habla de desigualdad social y de la falta de oportunidades que lleva a muchos jóvenes a realizar labores que se sancionan duramente, mientras que quienes han tenido mayores posibilidades de desarrollo personal pueden, ya sea por su condición económica o contactos, evadir las penas de cárcel pagando una simple multa”, expuso.
Agregó que el delito de colusión lo cometen “señores que normalmente lo tienen todo, que actúan con premeditación, en forma organizada y asesorados por profesionales” y que por eso le satisfacía la idea de que, junto con restablecerse el tipo penal de colusión, quedara estipulado que los asesores (los abogados) también fueran a ser sancionados, “pues el secreto profesional no cubre delitos futuros y, por consiguiente, no podría haber violación de este por denunciar un caso de colusión que se esté preparando y los abogados no pueden prestarse para ayudar a la comisión de delitos”.
“No es una mera hipótesis plantear la relación que existe entre la riqueza y el poder político”, manifestó explicando que “los poderosos” logran que se despenalicen algunas conductas.
A diferencia de Hermosilla, Nehme no se centró en la gravedad del delito y la necesidad de un castigo más severo, sino que reflexionó sobre una regulación más flexible.
En una postura mucho más técnica, la abogada advirtió complicaciones de aplicar sanciones penales a prácticas que no son “carteles duros” (casos particularmente graves) y sugirió que las acciones penales ante la colusión quedaran condicionadas a una condena previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Tampoco se cuadró por completo con la idea de sancionar a los abogados involucrados en colusión, afirmando que “hay que precisar algunos aspectos porque, al parecer, el espíritu de la norma es que el asesor (el abogado) sea un facilitador, que esté de acuerdo con la conducta de colusión o que la diseñe, pero lo que no se quiere es que el abogado que sabe, por ejemplo, a propósito de un programa de prevención, que hubo infracciones en el pasado, se sienta en la necesidad de denunciar a las compañías, porque desaparecería la posibilidad de desarrollar programas de compliance serios”.
“Obviamente, el asesor que aconseje ponerse de acuerdo para fijar el precio sería muy legítimo que estuviera dentro de la hipótesis del tipo penal, pero la conducta de un asesor que interprete una conducta compleja de una manera más liberal que otro no debiera estar necesariamente dentro del tipo”, opinó.
El Líbero se contactó con FerradaNehme para conocer sobre su participación y rol dentro de la tramitación, pero declinaron hacer declaraciones.
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