Publicado el 5 mayo, 2021

El noviazgo de Garzón con la Fiscal General española que le da ventaja contra el Presidente Piñera

Autor:

Ángela Del Canto

El exmagistrado ordenó la detención de Augusto Pinochet en 1998 valiéndose del principio de jurisdicción universal. Ahora impulsa una acusación contra el Presidente Piñera, lo que genera dudas sobre si intentará una táctica similar con el “poder fáctico” que el vínculo con Dolores Delgado le otorga dentro de la justicia española.

 

 

Autor:

Ángela Del Canto

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En medio de baile, comida y una decena de personas al interior de la embajada de Ecuador en Londres, Baltasar Garzón y Julian Assange celebraban el segundo aniversario del asilo otorgado por el expresidente del país latinoamericano, Rafael Correa, al fundador de WikiLeaks. La escena, que corresponde a 2014 y que según informa El Mundo tuvo un costo de 6.557 dólares, es una de las tantas polémicas que ha rodeado al exjuez español quien ha mostrado su presencia en varios países, especialmente en Latinoamérica.

Por estos días, su nombre le dio un dolor de cabeza al Gobierno chileno. Garzón, fue quien impulsó la reciente acusación contra el presidente, Sebastián Piñera, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad ocurridos en el denominado “estallido social” de 2019.

El escrito, que fue presentado el pasado 29 de abril junto al Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ), pide la investigación del Presidente y sus colaboradores por más de tres mil casos de violaciones a los derechos humanos. 

“Los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley”, explica el documento. La acusación ya había sido advertida por el Partido Comunista a principios de 2020. 

En enero de este año, en una presentación de la Fiscalía Nacional en el Congreso, se expuso que “desde el 18 de octubre del 2019 al 30 de noviembre del 2020, contabilizan 38.247 casos, en donde destacan los ingresos de las fiscalías metropolitanas. Con respecto a las causas terminadas, indicó que los casos vigentes son 13.154, los casos terminados son 25.273, lo que lleva a un 34% de casos vigentes”.

Un factor que podría incidir en la arremetida judicial de Garzón contra el Presidente de Chile es su vínculo amoroso con Dolores Delgado, quien de ser ministra de Justicia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pasó a ocupar el puesto de Fiscal General del Estado, una designación del presidente español Pedro Sánchez, que no estuvo exenta de polémica “al dejar a un lado de forma definitiva la aparente imparcialidad que se presupone del cargo”, reclamaban los medios españoles, que, además, dejaron asentado que desde 1986 no había precedente en España de que un Ministro de la Presidencia pasara a ser Fiscal General del Estado.

El noviazgo de la pareja se oficializó en junio de 2020. Garzón y Delgado se conocieron en medio de leyes y justicia mientras la fiscal ejercía sus labores en un juzgado de la Audiencia Nacional en 1993, año en que él era magistrado titular en esa instancia. Ya para octubre de 2020 se difundieron fotos de la pareja paseando por Roma.

Una reseña del diario El Español relata que “desde que la fiscal llegó a ese tribunal en 1993 ha vivido a la sombra de Garzón y obnubilada por la aureola de este exmagistrado, que la introdujo en sus círculos latinoamericanos y le llegó a buscar una plaza en la Corte Penal Internacional de La Haya cuando Garzón se marchó allí tras ser suspendido por las investigaciones seguidas contra él en el Tribunal Supremo”.

Para algunos en Chile, la figura de Garzón es áspera. Su nombre resonó en la opinión pública luego de que, mientras se desempeñaba como juez de la Audiencia Nacional de España, fuera el primero que ordenara la detención de Augusto Pinochet mientras este permanecía en Londres en 1998.

El entonces magistrado, pidió la extradición del exmilitar a España con una demanda criminal acusado de violaciones de derechos humanos en Chile. Cerca de un año y medio después se entregó la resolución. A pesar de que la justicia del Reino Unido no autorizó la reclusión en España y permaneció en el país británico hasta el 2000, Garzón ganó fama con el procedimiento, ya que siendo juez dictó la orden de detención desde España y se consiguió la captura de Pinochet el 16 de octubre de 1998 en Londres, apoyado en el principio de jurisdicción universal.

Según las declaraciones en Pauta del periodista chileno, radicado en España, John Müller, la relación del exjuez con Delgado le otorga “una especie de poder fáctico dentro de la justicia española”. Surge entonces la duda sobre si Garzón podría repetir una estrategia similar apoyado en la influencia de la Fiscal General del Estado.

En conversación con El Líbero, Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos -con sede en Ginebra-, afirmó que la toma de decisiones por parte de la CPI requiere tiempo. Muñoz comparó la situación con requerimientos similares contra mandatarios mexicanos y colombianos sobre los que se han presentado argumentos sólidos, pero que todavía llevan más de una década en investigaciones preliminares y no formales. Así que duda que por la vía de la corte con sede en La Haya “se desate muy pronto una posible detención del presidente Piñera en un viaje al exterior”. Agrega que “es muy apresurado, pues apenas se presentó esa denuncia y no habido ningún pronunciamiento por parte de la CPI, y si ellos deciden abrir una investigación preliminar para comenzar a conformar un expediente, eso va a tomar mucho tiempo”.

“Yo lo considero como un acto muy valeroso del juez Garzón, pero de momento hay que considerarlo como un acto simbólico importante, sobre el cual tenemos que tener una espera muy larga para ver qué resultados da”, comentó Muñoz.

No es la primera vez que desde la izquierda se anuncian acusaciones contra el Presidente Piñera en la CPI. Sin embargo, hasta diciembre de 2020 no había una investigación en el juzgado internacional en relación con la situación en Chile, según informó la oficina de prensa de la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya a El Líbero. En su momento, especialistas en Derecho Penal Internacional se mostraron escépticos ante la posibilidad de que las comunicaciones enviadas a la CPI realmente impliquen abrir una indagación sobre el país.

Las trabas legales

En 2011 el Tribunal Supremo de España inhabilitó profesionalmente a Garzón por once años. La sanción se determinó tras comprobar que estaba involucrado en la grabación ilegal de las conversaciones entre los abogados y líderes de la Operación Gürtel, asunto que investigaba la corrupción política-económica dentro del Partido Popular de ese país.

Había sido el exjuez quien dio la autorización para escuchar las conversaciones privadas en la cárcel y así llegar al origen del mal uso de fondos.

La medida otorgada afirma que tendrá “la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo”. Sin embargo, la sanción está por caducar y ha trascendido que el exmiembro de la Audiencia Nacional busca volver a sus labores.

No ha sido el único conflicto legal que ha tenido Baltasar Garzón. En 2010 enfrentó otros procesos judiciales, uno de ellos, por el delito de prevaricación. Garzón se declaró competente para investigar los delitos cometidos en la Guerra Civil de España y en el franquismo sin considerar la Ley de Amnistía que se había instaurado después de los hechos. A pesar de la polémica, fue absuelto de los cargos.

Sus clientes

Tras ser separado del sistema judicial español, fundó la oficina de abogados International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), estudio donde se manejan numerosas causas relacionadas con Latinoamérica. En este ámbito, fue el propio Garzón quien decidió ser el abogado de Alex Nain Saab Morán, el acusado de ser el “testaferro” de Maduro en Venezuela.

Saab, quien se desempeñaba como operador financiero del Mandatario venezolano es investigado por Estados Unidos y Colombia por lavado de dinero de 350 millones de dólares. Está acusado por delitos de conspiración, lavado de activos y enriquecimiento fraudulento en nueve países. Además, se insinuó que servía como “testaferro” de Maduro para cubrir redes de narcotráfico y adjudicación ilícita de contratos millonarios.

El 12 de junio de 2020, en uno de sus viajes a Caracas, el avión en el que se trasladaba se detuvo para hacer una escala en el archipiélago de Cabo Verde, África, tiempo que fue suficiente para que la Interpol detuviera a Saab. En enero de 2021, el tribunal de Cabo Verde confirmó que lo extraditaría a EE.UU.

Pero Baltasar Garzón no solo es cercano a Saab. Una de sus apariciones más polémicas fue en 2014 cuando se revelaron imágenes del exmagistrado en una fiesta con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Assange vivió con asilo diplomático en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 hasta 2019. El presidente Lenin Moreno decidió quitarle el beneficio por acusarlo de incumplir “reiteradamente convenios internacionales y de protocolo de convivencia”. El programador tenía denuncias por delitos sexuales cometidos en Suecia y la filtración de documentos privados de Estados Unidos.

Garzón, coordinador de la defensa de Julian Assange, ha mencionado en numerosas ocasiones que el hombre detrás de WikiLeaks ha sido víctima de persecución política por parte de EE.UU “por revelar hechos gravísimos de crímenes contra la humanidad”.

Otra de sus defensas fue la que hizo a Hervé Falciani, el ingeniero que filtró una lista con los nombres de más de 130 mil evasores fiscales suizos y que accedió a esos datos mientras se desempeñaba como director de servicios informáticos del Banco Británico en Ginebra entre 2006 y 2008. 

Luego de que en 2012 Falciani fuera detenido en Barcelona con una orden emitida en Suiza, Garzón se presentó como su defensa. Era perseguido por la  vulneración del secreto bancario. Las autoridades suizas reclaman al experto informático para que cumpla una condena firme de cinco años de cárcel, pero la Audiencia Nacional rechazó el año pasado su extradición. 

Baltasar Garzón también fue cuestionado por su supuesta participación en el caso Villarejo. Se le acusó de intermediar con el empresario José Manuel Villarejo que –en ese momento– se encontraba detenido por blanqueo de capitales y cohecho, para frenar la extradición a Guatemala del empresario español Ángel Perez-Maura, quien estaba siendo investigado por asociación ilícita, cohecho y fraude. El exjuez habría cobrado más de seis millones de euros por la frustración del proceso, sin embargo, negó haber participado.

No todos sus clientes son personas, también ha representado a instituciones como la Banca Privada de Andorra (BPA). En este caso, la banca había sido acusada por Estados Unidos de blanquear dinero para favorecer a organizaciones delictivas. Asimismo, se le adjudicaba una relación estrecha con la mafia rusa, además de ciudadanos chinos y venezolanos con problemas legales. 

La justicia andorrana intervino la cuenta del entonces ministro del Petróleo de Venezuela, Diego Salazar y bloqueó el acceso a sus fondos. Luego del hecho, el banco contrató a Garzón para que revistiera la situación y arremetiera contra la jueza, quien antes de bloquear la cuenta de Salazar había sido advertida por EE.UU del desvío de fondos. 

Según una investigación del diario El Español, la firma de Garzón habría recibido en 2013 más de 170 mil dólares y 6.000 euros por asesorías a sus clientes Diego Salazar y Nervis Villalobos, el exministro de Energía de Hugo Chávez que también estaba siendo investigado.

Su vínculo con Chile

En 2020, luego de cumplirse 22 años de la detención de Pinochet, Garzón apareció con una columna de opinión para el sitio web Nodal. En ella, expresó la emoción que le recordaba el hito: “Hoy vuelvo la vista atrás y recuerdo con emoción esos días en los que quienes luchamos contra la impunidad de los crímenes más atroces”.

En la misma línea, criticó al gobierno del presidente Sebastián Piñera por los hechos registrados durante las manifestaciones y aseguró que “si alguna lección se debe sacar de lo que ocurrió hace 22 años es que Pinochet se creyó intocable, pero no lo fue… Tarde o temprano la justicia les caerá encima, o bien la chilena, o bien la internacional. Lo dije antes y lo reitero ahora. Es mi compromiso: No habrá impunidad en Chile”.

En medio del “estallido social”, Garzón participó de una de las manifestaciones en las cercanías de la Plaza Baquedano. Vestido con polera negra y un casco verde, un video muestra cómo avanza por las calles, mientras un grupo de la Primera Línea usa sus escudos para protegerlo del carro lanza aguas.

Su cuestionada visita al país ocurrió en un  viaje que realizó por el continente para participar en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos en enero del 2020. No obstante, su apoyo a las protestas no fue solo en su trayecto por Santiago, ni en su columna de opinión. En otras ocasiones, el exjuez ya había cuestionado el manejo de la crisis social por parte del Estado, incluso, había denunciado la “violación” de los derechos humanos.

La presencia de Garzón en las manifestaciones molestó a una parte de la derecha desde donde criticaron la visita. En el momento, algunas figuras de la Unión Demócrata Independiente (UDI) expresaron su descontento a través de Twitter. La senadora Jaqueline Van Rysselberghe –que dirigía el partido– aseguró: “Garzón, sancionado por 11 años para ser juez, invitado a Chile por el senador Alejandro Navarro, visitando manifestación ilegal en Plaza Italia desde donde nace violencia en ese sector!!”.

  1. Pit Leihy dice:

    Como se dice de Yiannis Varoufakis, “still starring in his own movie”.

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