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Publicado el 15 de mayo, 2016

El millón de dólares a la precampaña de Bachelet que revela el dispar criterio del SII en el financiamiento político

Autor:

Uziel Gomez

Ese dinero fue rectificado por las empresas que aportaron el financiamiento, reconociendo la inexistencia de los servicios. Sin embargo, no ha habido querellas, lo que contrasta con otros casos, como los de los hijos del senador Pizarro o ex dirigentes UDI.
Autor:

Uziel Gomez

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Un millón de dólares ($605 millones) es el monto que aportaron cuatro empresas a la precampaña presidencial de Michelle Bachelet durante enero de 2012 y marzo de 2013, y que debieron rectificar ante el Servicio de Impuestos Internos por haberlos declarado como gasto indebido que les permitieron pagar menos impuestos.

La sociedad Asesorías y Negocios (AyN) de Giorgio Martelli -el recaudador de la precampaña de Bachelet- recibió durante esos dos años $245 millones de SQM Salar, y $218 millones de Copec, Arauco y Santa Cruz. Además, estas últimas tres empresas entregaron otros $142 millones a la firma Harolds & Johns Business and Law, constituida en febrero de 2007 por Harold Correa y Alex Matute Johns, ambos del PPD.

Con los dineros recibidos y mucho antes de que Bachelet declarara que sería candidata presidencial, la firma de Martelli pagó sueldos a casi una treintena de personas que dirigieron la posterior campaña, como  Rodrigo Peñailillo, ex ministro del Interior, y a Michel Jorrat, ex director del SII durante este gobierno de Bachelet.

La disparidad de criterios del SII en las querellas

Sin embargo, según abogados tributarios consultados, el SII ha tenido una contradictoria actuación, ya que mientras se querelló contra SQM Salar y contra decenas de contribuyentes -como recientemente los hijos del senador Jorge Pizarro-, no lo ha hecho por los $360 millones que rectificaron las empresas Copec, Arauco y Santa Cruz.

El SII se querelló contra el senador UDI Iván Moreira por $39 millones, contra el ex senador UDI, Jovino Novoa por $36 millones, contra el ex alcalde UDI, Pablo Zalaquett, por $71 millones, y el ex subsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo  Wagner, por $120 millones.

En noviembre pasado, tras casi un año de reclamos de la oposición contra el organismo fiscalizador por no presentar la respectiva querella contra SQM Salar y AyN -tal como hizo tempranamente por los $400 millones del caso Penta-, el SII ingresó un recurso judicial en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

La querella apuntó a la presunta presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas en el caso de la filial de Soquimich, mientras que para AyN la denuncia fue por la facilitación de boletas y/o facturas ideológicamente falsas.

Ex director del SII: “El servicio no ha mantenido  un criterio específico en las querelllas

Gonzalo Torres Zúñiga

Consultado por este medio, el abogado, Gonzalo Torres Zúñiga, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos que trabajó 25 años en dicha institución,  afirma que la facultad de querellarse por delitos tributarios es exclusiva del director del SII,   y que en la legislación no existe un monto de dinero establecido sobre el cual deba querellarse por delitos tributarios, lo que califica de “vacío legal que debe ser subsanado a través de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo”.

El SII no ha mantenido un criterio específico y en algunas oportunidades su actuar ha sido  totalmente diferente al iniciar acciones penales por delitos tributarios. He sostenido desde un principio que en estos  casos de financiamiento de actividades políticas los que fueron candidatos a cargos públicos de elección popular,  a mi juicio, no cometen delito tributario, no existe dolo tributario,  pueden haber cometido otros delitos, pero no delito tributario, tal como sucedió en el bullado caso Publicam, donde se siguió la teoría del ex director del SII Ricardo Escobar. Es decir, los contribuyentes debían rectificar sus declaraciones de impuestos y posteriormente el director del SII decidía si ejercía   la acción penal o cursaba una sanción pecuniaria”, explica a “El Líbero” el abogado.

Además, el actual profesor de derecho tributario de las universidades del Desarrollo y Central de Chile recuerda que el ex director Interino del SII, Juan Alberto Rojas, planteó el año pasado una serie de parámetros objetivos para utilizar la acción penal por delito tributario, “pero pasaron al olvido y nunca se han aplicado. De haberse hecho, se habría tenido un criterio más objetivo e imparcial que diera mayores garantías a todos los contribuyentes. La comunidad no se puede confundir, el SII no es el Servicio Electoral y estos casos en términos de recaudación son absolutamente residuales”.

Los requisitos para querellarse según la circular del SII

Gonzalo Torres agrega que la circular número ocho del 14 de enero de 2010 es la que regula los casos en que se deben presentar querellas por delitos tributarios.

El primero es el “monto del perjuicio al interés fiscal comprometido, en aquellos casos en que es posible determinar su cuantía, atendida la realidad regional o del sector”.

También establece la relación del monto del crédito fiscal amparado en los documentos impugnados, con el monto del crédito total empleado en los períodos revisados, cuando pertenezca al ilícito; la reiteración en la utilización de facturas falsas, o que el infractor registre participación en casos anteriores como proveedor de las mismas, si corresponde a la conducta detectada.

Además, las querellas corresponden cuando existan antecedentes que “permitan presumir que ha existido intencionalidad en la conducta delictiva de que se trate”; y para lograr un “efecto ejemplarizador o pedagógico que podría alcanzar una eventual persecución penal de los hechos, considerando la realidad regional, el giro o actividad del infractor y la naturaleza del ilícito”.

Los $600 millones cuestionados a los proveedores de Bachelet

Pero no sólo los financistas de Bachelet están en la polémica, sino que también seis de las empresas que contrató durante su campaña presidencial han recibido cuestionamientos públicos, ya sea tributario o por conseguir millonarios contratos en forma directa con el Gobierno.

Las empresas vinculadas a servicios creativos, publicitarios, de encuestas y diseño y producción de páginas web facturaron $604 millones durante la primera y segunda vuelta de la última campaña electoral de la hoy Mandataria.

Ello son parte de los gastos totales por $5 mil 377 millones declarados ante el Servel, de los cuales el 18% recibió 37 observaciones ($966 millones) por no haber entregado las facturas correspondientes, entre otros cuestionamientos.

La empresa Comercial ECCSA S.A.  rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) dos facturas por $50 millones a Asesorías Credo Limitada, firma que facturó $15 millones el 15 de diciembre de 2013 por publicidad radial a Bachelet en la pasada campaña.

Dicha sociedad fue constituida apenas cuatro meses antes, en agosto de 2013, por Magdalena Velasco Weber y su cónyuge, el publicista Diego Perry Aldana, quien junto a José Miguel “Kiko” Carcavilla fue el creativo de la exitosa campaña presidencial.

Diego Perry, además, es dueño de Servicios y publicidad La Clínica Limitada, que también facturó $175 millones por la grabación y producción de los spots de la campaña. Esta compañía aparece mencionada en la denuncia del SII en el marco del caso SQM por una factura de $58 millones que la minera no metálica rectificó.

Los pagos a Bachelet por $240 millones a la cónyuge de Kiko Carcavilla

mariella fernandez melgarejoPese a que Mariella Inés Fernández Melgarejo no es conocida en el mundo publicitario ni tiene expertise ni estudios en ese ámbito, facturó $240 millones a la campaña de Bachelet, convirtiéndose en uno de los proveedores que más dinero recibió.

Su nombre lo hizo público el diputado UDI, José Antonio Kast, cuando dijo que  “Michelle Bachelet le paga 240 millones a una persona que nadie conoce. Yo he averiguado quien es Mariella Inés Fernández Melgarejo que recibe 240 millones en las facturas número 1 y número 3 y no tengo idea cuál es su expertise. ¿Se hizo esta pega o no se hizo esta pega? (…) Acá una señora que dice prestar servicios publicitarios, asesorías publicitarias y marketing cobra 240 millones en una campaña presidencial y nadie en el mundo publicitario la conoce”.

Mariella Fernández es cónyuge de José Miguel “Kiko” Carcavilla, director creativo general de la agencia Porta y encargado del área publicitaria de la campaña presidencial de Bachelet (ver nota al final).

La empresa que hacía encuestas presidenciales en la pre-campaña

Cuando Michelle Bachelet hizo su discurso en la comuna de El Bosque, el 27 de marzo de 2013, anunciando que se repostularía a la Presidencia de la República, llevaba siete meses continuos liderando la preferencia presidencial en las reservadas encuestas que cada quincena realizaba la consultora Ekhos S.A.

La empresa comenzó a medir a la Mandataria en junio de 2012, cuando ella era directora de ONU-Mujeres. Luego, durante la campaña de Bachelet, la consultora realizó ocho encuestas por un monto de $49 millones, que están rendidos como gasto ante el Servicio Electoral.

Una vez asumido el gobierno, Ekhos se adjudicó contratos directos –sin licitación pública- para asesorías comunicacionales y políticas con la Subsecretaría de Energía ($38,5 millones), el Comité de Inversiones Extranjeras ($42,7 millones), los ministerios de Desarrollo Social y Vivienda y Urbanismo ($28,5 millones).

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