Poner las huellas dactilares. No las toma. Poner la dirección. No la reconoce. Ese es un par de los problemas que a diario presentaban los tótems de control migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI) en el aeropuerto Arturo Merino Benítez y cuyo funcionamiento se suspendió esta semana para “la actualización del software”.
Se trata de un capítulo más de la controvertida instalación de los kioskos de autoatención, que demoraron meses en comenzar a funcionar y cuya operación -que comenzó en abril de 2024- no ha logrado aliviar el flujo de atención de personas en el aeropuerto. La empresa que la PDI licitó para estos fines se llama The Pegasus Group Company. Es chilena, pero opera en alianza con firmas internacionales y su historia de servicios de tecnología, seguridad e inteligencia es llamativa: por un lado ha celebrado más de 260 contratos con el Estado, pero también tiene millonarios proyectos cuestionados con el Ministerio Público y la firma ha presentado 19 demandas en el Tribunal de Compras Públicas.
Además, entre sus filas figura como representante el cónsul honorario de Serbia en Chile, en un minuto contaron con la asesoría del abogado Luis Hermosilla (2017) y su lobby ha sido intenso: 151 audiencias con 32 gestores de intereses.
El problema de los tótems del aeropuerto
En 2020 la PDI adjudicó a Pegasus la licitación “Sistema de Automatización CM AMB Kioskos”, que buscaba hacerse cargo del aumento de pasajeros que conllevaría la apertura del terminal 2 del aeropuerto.
Según los cálculos de la policía, el flujo de viajeros requeriría sumar a 285 funcionarios extras de la PDI en las casetas de migraciones, lo que tendría un costo anual superior a los $4.000 millones, por lo que instalar un servicio de autoatención por un monto disponible de $1.926.015.000 resultaba conveniente. Además, la PDI solicitó que el servicio estuviera disponible en sólo 50 días corridos desde la orden de compra.
Pegasus no era la oferta más barata. Propusieron $1.618 millones, mientras que Ricoh Chile junto a DTS ofertaron por $1.260 millones; Idemia por $1.539 millones y Vigatec por $2.350 millones.
Ricoh-DTS y Vigatec impugnaron la adjudicación afirmando que Pegasus no cumplió con requisitos técnicos obligatorios (con una certificación para biometría) y presentó información que no era precisa o comparable al respecto. Sin embargo, se desestimaron sus objeciones.
La PDI especificaba en las bases desde el tamaño de los tótem hasta los datos que debían recoger tanto de forma automática, como otros que debían ingresar los pasajeros de forma manual. Y es en este último punto donde fuentes de El Líbero indican que se formó el principal cuello de botella: la PDI habría privilegiado en las bases la captación de diferentes datos por sobre el proceso aeroportuario que buscaba agilizar, aspecto para el que no habrían recogido experiencias especializadas ni de casos similares en el extranjero, donde -en máquinas más pequeñas- basta escanear el pasaporte para que el sistema recoja toda la información necesaria.
Ahora bien, según las bases, Pegasus debe hacerse cargo de las mejoras y actualizaciones de softwares, aunque IATA y el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Seebach, han afirmado que lo que se requiere es otra licitación.
Pegasus, que el año pasado aseguró que no había fallas en el software, prefirió no comentar con El Líbero las dificultades de los kioskos.
Polémicos proyectos fallidos
Pegasus ha estado detrás de controvertidos millonarios proyectos fallidos. Los dos más relevantes corresponden a licitaciones del Ministerio Público, ambos se adjudicaron durante la administración de Jorge Abbott y están en sede judicial. Se trata del sistema Vigía Elite y de la Red de Gestión Penal.
En el primer caso, existe una investigación penal por un presunto fraude al Fisco relacionado con la millonaria adquisición del software por parte de la Fiscalía Nacional. El programa iba a mejorar el sistema de interceptación de llamadas telefónicas y se compró por trato directo a The Pegasus Group Company S.A. (intermediaria) y Suntech/Verint (hoy Cognyte), por un monto total de US$ 1.030.00. Sin embargo, nunca se usó porque nunca funcionó.
Según documentos internos del caso citados por radio Bío Bío, el sistema no sólo era incompatible con empresas telefónicas -aquí hay versiones encontradas-, sino que también ofrecía una capacidad de interceptación «muy inferior» a la que necesitaba la fiscalía (máximo 1.000 líneas versus 4.700 que mantenía el programa anterior). No se hizo contrato, sino sólo una orden de venta; no se pidieron garantías y el Ministerio Público continuó pagando aproximadamente $7 millones mensuales por servicios asociados (almacenamiento y comunicación) hasta julio de 2024 pese que el servicio no se llevó a cabo.
Por el caso Vigía Elite están siendo investigados el exjefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional y actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo; el exjefe de Informática, Óscar Zapata; y la abogada y asesora de la Unidad de Drogas, Carolina Zavidich. El sumario administrativo por este caso terminó sin sanciones y Pegasus comentó que el software era “de clase mundial” y que sí funcionaba con todas las compañías telefónicas. La investigación penal está en manos de la fiscal jefe de Los Ríos.
La Red de Gestión Penal (RGP), en tanto, fue un proyecto informático ambicioso del Ministerio Público, ideado para unificar las distintas bases de datos involucradas en la persecución de delitos y avanzar hacia la digitalización plena de los procesos investigativos en todas las fiscalías del país. Costó más de $7.000 millones y tampoco funcionó. Las primeras pruebas, en La Araucanía en 2022, revelaron que el sistema era un «clon» o «copia» del módulo de flagrancia que ya existía en la Fiscalía y nunca logró la integración.
En este caso, hubo tres empresas involucradas: Soaint Gestión S.A, que firmó un contrato el 23 de octubre de 2018 para el diseño de seis módulos de la RGP por 34.000 UF (más de $931 millones) y cuyo contrato fue modificado, reduciendo los módulos a cuatro y generando una pérdida económica de 10.200 UF; Pragma Informática S.A. que ganó una licitación el 17 de noviembre de 2018 para apoyar la ejecución del proyecto de Soaint Gestión S.A. por 41.251 UF; y The Pegasus Group Company S.A, que se adjudicó la propuesta «Construcción y servicios asociados del sistema de administración de causas» por un total de $3.585 millones de pesos por varios servicios, incluyendo licencias de software, construcción de sistemas, capacitación, migración de datos, y soporte y mantención. Su contrato también fue modificado, postergando la entrega de «hitos pendientes» hasta febrero de 2023.
La Fiscalía de Magallanes está investigando el caso y según confirmaron a El Mostrador el año pasado, están «investigando a representantes de Pegasus y a exdirectivos de la administración del exfiscal Abbott».
Cónsul honorario de Serbia es representante de la empresa
Pegasus es de la abogada Montserrat Rodríguez y la sociedad Centurión Latinoamérica (de Rafael Valenzuela Munita), mientras que según Mercado Público, sus administradores son Bruno Barrera Chevesich y Demir Solar.
Este último es cónsul honorario de Serbia en Chile desde 2003, donde es parte de 15 sociedades. Una de ellas es Cramick S.A, que en 2018 fue denunciada por fraude por parte de la PDI luego de que la firma se adjudicara la compra de más de 700 chalecos antibalas -por más de $213 millones- los que no habrían cumplido con los estándares de seguridad.
Aunque el Consejo de Defensa del Estado se sumó como querellante al caso, éste fue sobreseído en 2021. En la licitación de la PDI para los tótems del aeropuerto, se omitió el nombre de Solar. Consultada Pegasus prefirieron no contestar esa pregunta a El Líbero.
En paralelo, Cramick, Pegasus y una tercera empresa llamada Synergie, participaron en conjunto en una licitación de Gendarmería para la compra de tobilleras electrónicas. Como se la adjudicó otra empresa, acudieron a tribunales, por medio del abogado Luis Hermosilla, alegando una decisión arbitraria en 2017.
Synergye, que según prensa de la época, también postulaba a la licitación por medio de una Unión Temporal de Proveedores sólo con Pegasus, estaba vinculada a Marcelo Ribeiro de Almeida indagado por un presunto fraude como proveedor de estos dispositivos en Brasil.
Aunque la información ya no aparece en Infolobby, dos gestores de interés de Cramick en 2018 habrían sido Mario Falcón Rojas, exchofer y guardaespaldas del exagente de la CNI Álvaro Corbalán y el capitán (R) del Ejército, Patricio Castro Muñoz, protagonista del escándalo de «La Cutufa».
32 gestores de intereses y 19 demandas
Aunque ninguno de ellos es lobbista o gestor de intereses de Pegasus, la empresa tiene un amplio staff de representantes para esos fines.
Se trata de 32 personas entre los que destacan los dueños y representantes de Pegasus, pero también Álvaro Guzmán Valenzuela, quien fue director del Comando de Salud del Ejército (Cosale) y a quien se le vincula con la Dina.
También figura el abogado Mario Andrés Vargas Cociña, fundador de la Defensoría de Carabineros (Defcar) y quien tiene varias causas mediáticas. Él fue a sólo una de las 151 reuniones de lobby de Pegasus.
Ocurrió en enero de 2019 en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el tema fue: “Denuncia de irregularidades en licitación privada del Estado Mayor Conjunto (EMCO)”.
En efecto, se trataba de una de las múltiples ofensivas que ha iniciado Pegasus a raíz de una licitación en que no han tenido éxito. Según conocedores, es una estrategia agresiva que realizarían con el objeto de poner en entredicho a sus competidores en siguientes licitaciones donde vuelven a verse las caras.
Entre 2017 y 2020 presentaron 19 demandas en el Tribunal de Competencias Públicas, contra entidades como Gendarmería, diferentes estamentos de salud, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y la PDI. Tanto en el caso de EMCO como en el de SPD, Pegasus acusó prevaricación administrativa de los funcionarios públicos (decisiones deliberadas a pesar de “saber” que eran injustas o ilegales) al otorgar licitaciones a Entel y Motorola, respectivamente.
Consultados sobre a qué se debió esa estrategia defensiva en esos años y el cambio de actitud en los últimos cinco, Pegasus declinó dar declaraciones.