Como una constante, en cada gran reforma que ha emprendido el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (tributaria, educacional, laboral), ha asegurado que no se generarían efectos adversos, rechazando las críticas de la oposición.
En la reforma previsional, anunciada hace pocos días, el Gobierno reconoció por primera vez los negativos efectos que podría tener (hasta 394 mil empleos perdidos), pero aseguró que no se producirían, ya que se hará en forma gradual durante cinco años.
La Mandataria, incluso, pese a no conocer el polémico informe realizado por los ministerios de Hacienda y Trabajo, insistió en que “si bien es cierto que puede tener un impacto, no creo que sea de ese tenor tan alto y por eso que está pensado en gradualidad«. Con ello, volvió a su postura tradicional de descartar los impactos de las reformas, que se sintetizó en su frase “realismo sin renuncia”.
Las promesas incumplidas del impacto de las reformas
La reforma tributaria fue la primera de todas y en la que insistentemente el Gobierno aseguró que no generaría daño en el crecimiento, el empleo y la inversión.
Tan pronto se anunció la reforma tributaria, en junio de 2013, el entonces Presidente Sebastián Piñera y su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtieron que provocaría una pérdida en la capacidad de crecimiento, la creación de empleos y la inversión, entre otros impactos.
Luego, entre abril y septiembre de 2014, cuando se discutió en el Congreso, varios ex ministros de la Concertación, como Andrés Velasco, Eduardo Aninat (DC) y Manuel Marfán (PS), realizaron cuestionamientos similares advirtiendo un eventual daño en la economía, a los que se sumaron destacados economistas como Sebastián Edwards, Klaus Schmidt-Hebbel y Jorge Desormeaux.
Todos las advertencias fueron rechazadas tajantemente por la Mandataria, por los ministros y parlamentarios de la Nueva Mayoría, y específicamente por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien criticó a quienes “enarbolan el slogan de que afectará la inversión”, e incluso prometió que el crecimiento durante 2014 y 2015 sería en torno al 5%, que resultó ser 1,9% y 2,1%, respectivamente.
En el empleo las cifras fueron igualmente dramáticas, ya que sólo se han creado 350 mil empleos, la mitad de los 600 mil que prometió Bachelet en su programa de gobierno. Con el agravante que el 70% son trabajos por cuenta propia sin seguridad social.
Además, dicha reforma contemplaba aumentar la recaudación en US$8 mil millones pero sólo le ha generado al fisco US$988 millones, debido precisamente al bajo crecimiento.
Otra promesa de Bachelet fue “financiar el actual déficit fiscal para terminar esta administración con las cuentas fiscales equilibradas», lo que tampoco se logró, ya que el déficit creció; al igual que su apuesta por “introducir nuevos y más eficientes mecanismos al ahorro y a la inversión”, pero la inversión ha caído cada año desde 2014. Arenas había prometido que “esta reforma tiene incentivos modernos a la inversión”.
Las promesas de la ley de inclusión vs. la realidad
El gobierno también rechazó el negativo impacto en el sistema educativo que tendría la llamada ley de inclusión, que prohíbe el lucro, el copago y la selección en los colegios particulares subvencionados.
Así lo manifestó en junio de 2015 el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien aseguró que “es falso que la Ley de Inclusión obligue a cerrar colegios, lo que va a pasar es que algunos colegios particulares subvencionados se van a convertir en corporaciones sin fines de lucro, que es lo mismo que decir que la plata que el Estado está colocando tiene que ser usada para mejorar la calidad de la educación de sus hijos e hijas».
Precisamente el cierre de colegios como impacto de dicha legislación fue el tema principal en la interpelación que le hizo la diputada María José Hoffmann al ministro Eyzaguirre en noviembre de 2014, en que lo emplazó: “Su reforma, ministro, va a cerrar colegios y usted lo sabe».
A lo que el titular de Educación replicó que las clausuras de establecimientos se debe a la «competencia salvaje de este sistema (por captar estudiantes), y no a la reforma educacional», que pretende revertir ese escenario.
Pero, ¿qué pasó en realidad con la ley de inclusión una vez puesta en marcha?
El presidente del gremio de colegios particulares subvencionados, Hernán Herrera, admitió que “por primera vez los cierres de colegios están directamente relacionados con la ley de inclusión. Las veces anteriores fueron por otras razones, pero ahora es por la nueva ley. Podemos presumir que se debe a la incertidumbre que existe con la propiedad de los establecimientos”.
Ello, porque al 30 de junio pasado, en que se vencía el plazo para que los sostenedores decidieran si seguirían como particulares subvencionados, cerrarían o se pasarían a pagados, apenas 726 se habían convertido en fundaciones sin fines de lucro como establece la reforma de Bachelet, dejando a más de un millón de niños en la incertidumbre.
Y, contrario a lo asegurado por Eyzaguirre, 80 colegios subvencionados decidieron cerrar a partir de 2018, y 146 pasarán a particulares pagados, lo que afectará a 62 mil alumnos.