Corría el año 2015 cuando el “Plan Nacional Contra el Narcotráfico” fue anunciado por la expresidenta Michelle Bachelet durante la presentación de su cuenta pública en mayo de ese año. Una promesa que tenía el objetivo de reducir la producción, distribución y disponibilidad de drogas ilícitas y la desviación de sustancias químicas usadas en la fabricación de drogas y que tan solo durante su primer año de ejecución contaría con un presupuesto de $3 mil millones.
Pero al poco andar, tres años después del anuncio, los resultados del plan fueron duramente cuestionados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y Contraloría. La Dipres acusó un “mal desempeño”. Es decir, «el programa presenta resultados a nivel intermedio y final insuficientes y/o muestra debilidades significativas en el diseño, implementación y/o eficiencia». Mientras la Contraloría apunta que desde la Subsecretaría del Interior no se fijaron los parámetros para comprobar el grado de cumplimiento de las líneas de acción, ni se indicó a los responsables de coordinar las tareas correspondientes a la implementación de cada una y las instituciones participantes.
En el liderazgo de la fallida medida estaba el entonces asesor en materias de seguridad de la Subsecretaría del Interior Eduardo Vergara, militante del PPD y quien actualmente se desempeña como encargado de seguridad del programa de Gabriel Boric.
????#Seguimos con #Seguridad. Porque necesitamos devolver la #paz a nuestros #barrios, erradicar las #armas del #crimen y #redistribuir los recursos públicos de seguridad para que estén donde más lo necesitan. ???????????? Queda poco, hay que salir a la calle ????????♂️????????♀️????????????????♀️ pic.twitter.com/PuyWK39N4D
— Edυαrdo Verɢαrα B ོ???? (@EduardoVergaraB) December 10, 2021
En una de las reuniones del Consejo Regional de Seguridad Pública realizada en junio de 2016, hubo una exposición de profesionales del Departamento del Crimen Organizado de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, donde Vergara, quien se desempeñaba como Jefe División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior, hizo una intervención para hablar sobre este proyecto: «Este plan contra el narcotráfico es una iniciativa nacional. Hasta hace poco nos habíamos centrado en planes regionales, en estrategias focalizadas, pero esta es la primera vez que como gobierno, tomamos la decisión de hacer un plan a nivel país».
Los diarios regionales reseñaron la exposición de Vergara, que describió que esta política consideraba entre sus ámbitos el ataque al microtráfico y al narcotráfico con iniciativas como Microtráfico 0 (MT0), a cargo de la Policía de Investigaciones que, dijo, «tienen que ver con la expresión más baja de la cadena de valor (de la droga)». Con respecto al «gran tráfico», apuntó que establecieron áreas de acción en los puntos fronterizos, centros urbanos y carreteras, para hacerse cargo de todo lo relacionado con el ingreso de la droga al país, su tránsito y posterior venta.
Sin embargo, la administración de los millonarios fondos destinados a Carabineros y la PDI fue una de las razones que derivaron en la modificación de la vigencia del plan que en un principio estaba contemplado hasta 2020, pero que solo se mantuvo hasta 2018.
Vergara, quien formaba parte del equipo del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, como Jefe de la División de Seguridad Pública, era la contraparte técnica del plan y tendría directa relación con la administración del proyecto. Antes de asumir este cargo Vergara se desempeñaba junto a la socióloga Lucía Dammert -quien actualmente también forma parte del equipo del abanderado de Apruebo Dignidad- como asesores en materias de seguridad en el gabinete de Aleuy.
Ahora ambos asesores trabajan codo a codo en la campaña de Boric. El director ejecutivo de la fundación de centroizquierda Chile 21 hizo su debut en el equipo del frenteamplista luego de que éste llegara segundo en la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre. Mientras que Dammert se integró desde octubre para encargarse de temas programáticos y estratégicos, según explicó a Las Últimas Noticias del 18 de octubre.
Vergara se sumó para fortalecer uno de los flancos que complicó al candidato en primera vuelta: la seguridad. “La ciudadanía quiere respuestas y hoy estas no pueden quedar solo en el populismo, en más cárcel y shows vacíos. Con ello, la seguridad no puede seguir siendo sinónimo de desigualdad, donde la protección y los recursos quedan reservados para quienes más tienen”, dijo a La Tercera el pasado 23 de noviembre, .
La seguridad la construimos entre todos y todas! Bien @EduardoVergaraB hoy en Temuco! https://t.co/7kZIeS1zMv
— Lucía Dammert (@LuciaDammert) December 6, 2021
La evaluación de Dipres
El Ministerio del Interior consignó que el “Plan Nacional Contra el Narcotráfico” tenía entre sus objetivos “la contención del ingreso de drogas al país y la desarticulación de organizaciones criminales que trafican y realizan delitos conexos como el lavado de activos”. Para lograrlo, creyeron correcto fortalecer las prácticas ya vigentes, el incremento del presupuesto en el control del microtráfico, además del fortalecimiento al control fronterizo.
Pero en septiembre de 2018, la Dipres emitió un informe denominado «Resultados Evaluaciones 2018», que forma parte de su Sistema de Evaluación y Control de Gestión que evalúa el desempeño de los programas para tomar decisiones sobre su continuidad y “permitir una asignación más eficiente de los recursos públicos”.
El escenario para el plan contra el narcotráfico no fue alentador, obtuvo la calificaión de “mal desempeño” y, tanto su diseño como su implementación fueron “insuficientes”.
Por medio de cuatro calificaciones correspondientes al diseño, implementación, eficiencia y resultados, entregaron las principales apreciaciones del plan.
Según plantea el documento, la estrategia diseñada para abordar el problema de ingreso, distribución y disponibilidad de drogas en el país presenta debilidades, debido a que “está enfocada en mejorar la coordinación intersectorial de Carabineros e Investigaciones, e incluye formalmente a un conjunto de instituciones relevantes en el control del tráfico de drogas como Aduanas, Directemar, SAG, Ministerio Público entre otras. Sin embargo, el Ministerio del Interior solo desarrolla con PDI y Carabineros una vinculación presupuestaria mediante la transferencia de recursos por separado”.
Asimismo, destaca los problemas en la implementación del programa y asegura que a pesar de la definición formal estipulada, donde se destaca que el eje central será la coordinación, “no existen documentos ni instancias formales que acrediten dicha coordinación, ni a nivel diagnóstico, operativo o evaluativo”. Según consignan, tampoco hay un encargado de coordinar ambas policías que permitan que las acciones realizadas sean más sistemáticas, evaluables y comparables, lo que sería un factor importante para, por ejemplo, complementar las estrategias de acción o evaluación.
Sobre la eficiencia, el documento estipula que los gastos de administración representan un bajo porcentaje respecto de los gastos totales, que serían superiores en Carabineros más que en la PDI. “Si bien hay una tendencia a la disminución en la cantidad de procedimientos y detenidos, el gasto promedio por procedimientos alcanza en 2017 los $749 millones, con un aumento de 1,2% en el período evaluado; en el caso del gasto promedio por detenidos se incrementa en 11,7% llegando a los $604 millones”.
En cuanto a los resultados, determinaron que el desbaratamiento de bandas es un indicador de eficacia que evidencia un resultado de las acciones realizadas; pero “el desconocer el total de organizaciones criminales y bandas barriales que están bajo investigación en cada año por ambas policías, no permite conocer en cuánto impacta la cantidad desbaratada”. De la misma forma, el informe consignó que en los indicadores de cantidad de procedimientos hubo una tendencia a la baja.
Otro documento de la Dipres que evalúa el Plan Nacional Contra el Narcotráfico en el período 2015-2018, dice que el presupuesto asignado al programa en 2018 era de $28.402 millones y detalla que en 2017, las mayores incautaciones de droga se realizaron por cannabis procesada con 16.540 kilogramos, cocaína base con 12.542 kg. y clorhidrato de cocaína con 6.025 kg. «En términos de unidades, destacan las incautaciones de plantas de cannabis, con 245.666 unidades y de fármacos con 161.596 unidades. Respecto del año anterior, la mayoría de los tipos de drogas decomisados presentan una disminución, principalmente el cannabis procesada (-21.6%), las plantas de cannabis (-23,6%), cocaína base (-2,0%) y el clorhidrato de cocaína (-1,7%)».
El informe de Contraloría
La Contraloría también se refirió al programa y, en específico, al conflicto con los montos destinados a las policías mediante transferencias de la Subsecretaría del Interior, para el período comprendido entre los años 2016 y 2017.
Por medio de un informe final de auditoría emitido en septiembre de 2019, el organismo se refirió al desempeño del programa y determinó que la Subsecretaría transfirió recursos a Carabineros para la ejecución del «Plan Nacional Contra el Narcotráfico» por la suma de $2.982 millones en diciembre de 2018. «El organismo policial no había utilizado el monto de $1.620 millones, advirtiéndose que al 9 de septiembre de 2019, no se habían efectuado los reintegros correspondientes de acuerdo a lo establecido», dice Contraloría.
Dentro de los puntos que destaca el órgano fiscalizador, es que aún cuando la subsecretaría tenía la posibilidad de fijar los parámetros para comprobar el grado de cumplimiento de las líneas de acción detalladas en el plan, no lo hizo. Tampoco logró indicar a los responsables de coordinar las tareas correspondientes a la implementación de cada una y las instituciones participantes.
El órgano citó el documento de la Dipres y aseguró que la oficina gubernamental «deberá procurar que los programas o planes que elabore contengan como mínimo indicadores y metas de gestión medible y evaluables, para evitar que en el futuro se reiteren situaciones como la objetada».
Entre las conclusiones está la comprobación de que Carabineros y la Subsecretaría del Interior, durante 2016 y 2017, «contabilizaron erróneamente las transferencias recibidas y otorgadas, sin crear el acreedor y deudor presupuestario, según corresponde. Considerando que se trata de recursos públicos que están destinados a la ejecución de un programa o proyecto por parte del organismo receptor».
De la misma forma, aseguran que no fue posible determinar de manera objetiva el cumplimiento de las metas y plazos comprometidos para el programa frente a la ausencia de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos específicos del plan, «falta de definición de las responsabilidades y tareas de cada servicio público participante por línea de acción. Lo anterior, considerando además que el programa no continuaría para los años 2019 y 2020, según lo indicado por el servicio en su respuesta».