¿Quién administrará el 5% adicional para las pensiones que prometió la Presidenta Michelle Bachelet? ¿Las AFP o una entidad estatal? Esa es la polémica que está copando la agenda sobre el tema previsional, pero hay un “iceberg” oculto que no se menciona: el costo que deberán pagar las empresas.
El debate previsional se generó luego de que la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, levantara polvareda con su declaración de que “no irá un peso más a las AFP”, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunciara que se establecerá una entidad estatal similar a la que existe en Canadá.
Esta decisión fue duramente criticada por el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz: “No hay nada más ‘sesentero’ que creer que la solución en materia de pensiones es poner al Estado contra el mercado o cuestionar la legitimidad de cada uno de ellos”.
Nuevo impuestazo a las empresas: Deberán pagar US$3.700 millones al año
Pero mientras el debate sobre quién administrará la “torta” sube de tono, empiezan a aparecer economistas que advierten el enorme costo que tendrá para las empresas obligarlas a pagar el 5% adicional.
Ello, en un deteriorado mercado laboral en que se han perdido 120 mil empleos asalariados en el último año, y que el 90% de los nuevos puestos creados son vendedores ambulantes.
A lo que se suma la reforma tributaria que sube de 20% a 27% el impuesto a las compañías y elimina el sistema que permitía reinvertir el 100% de las utilidades. Además, la reforma laboral no permite los reemplazos en huelgas, entre otras polémicas medidas.
“El aumento de cotización de 5% para los trabajadores dependientes significa un total de recursos (considerando las cifras actuales de ingreso imponible y cotizantes dependientes) de US$ 3.700 millones anuales, lo que equivale a la mitad de la recaudación esperada de la reforma tributaria de 2014, es decir, es una nueva reforma tributaria”.
Así de categórica es Cecilia Cifuentes, investigadora del Centro de Estudios Financieros ESE Business School de la Universidad de Los Andes, quien afirma que ello será un “impuesto al trabajo formal, reconocidamente el más ineficiente y regresivo de los impuestos”.
El ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, agrega un dato revelador: Dicho monto de US$3.700 millones es equivalente a subirle 8% el impuesto a las empresas. Es decir, en vez del 25% que pagan este año sería equivalente a pagar 33%, y cuando el impuesto esté en 27% en realidad pasará a 35%. En 2015 la recaudación tributaria a las empresas fue de US$10.380 millones.
El también académico de la Universidad Mayor plantea que en un “mercado del trabajo extremadamente débil, donde la economía no da señales de recuperación, una reforma previsional que es equivalente a subir en 8% la tasa de impuesto a las empresas, requiere de una mayor y profunda reflexión”.
Flores agrega que el mejoramiento de las pensiones requiere de un análisis técnico profunda, que permita crear una solución que no afecte a la competitividad de nuestra economía, y que equilibre los aportes que cada uno tendrá que hacer”.
Trabajadores pagarían impacto por mayor impuesto
Pero si bien las empresas serán las responsables de aportar el 5% adicional, los economistas coinciden en que finalmente ese costo será traspasado a los trabajadores, ya que habrá menos dinero para sueldos y reinversión.
Cecilia Cifuentes dice que si se implementara el cobro de una sola vez, sería pagado con la utilidades, lo que significa que para las empresas intensivas en mano de obra, como las pequeñas y medianas, afectaría sus tasas de retorno. “Esta situación llevaría a postergar, a veces indefinidamente, decisiones de inversión, de aumentos salariales y de contratación formal, por lo que en el mediano plazo el impuesto es pagado por los trabajadores”, afirma Cifuentes.
En cambio, si se implementa en forma gradual, las empresas lo pagarían en forma importante a través de no realizar aumentos de salarios reales, por lo que igualmente es pagado por los trabajadores.
Los trabajadores más afectados serían los del sector formal, de ingresos medios y bajos, ya que el efecto en los trabajadores de ingresos más altos es proporcionalmente menor como porcentaje de su ingreso, producto del tope imponible, explica la economista.
“Debido a eso es su carácter regresivo. Se debe considerar también que un impuesto al trabajo formal es un contrasentido cuando precisamente una de las causas de las bajas pensiones es la informalidad laboral, que se ve fomentada con este impuesto”, concluye la investigadora del ESE.
En la misma línea, el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, dice que el cobro será gradual en 10 años (medio punto por año), lo que lleva a “presumir que habrá una tendencia de las empresas de intentar traspasar al trabajador el costo, ya que es el beneficiado, por medio de un menor aumento en las remuneraciones. El empleador va a subir los sueldos medio punto menos cada año».