La reforma previsional que impulsa el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha recibido numerosas críticas por su negativo impacto en la economía, el empleo, la inversión y el sistema de pensiones.

La crítica más reciente la hizo el ex presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, quien dijo que el proyecto de ley, en trámite en el Congreso, fue realizado “con mucha imaginación: han hecho un verdadero big bang”.

Sin embargo, hay un desconocido beneficio que tendrá la reforma especialmente para gran parte del medio millón de funcionarios públicos: cuando jubilen, podrían recibirán mayores aportes del fondo de reparto que se crea con parte de la cotización adicional que establece la reforma.

El Estado, el empleador con la mayor elusión previsional del país

Esa arbitraria situación se produce porque el 30% de esos mayores aportes del Seguro Social se hará sobre la base del sueldo imponible de los trabajadores, no sobre el sueldo líquido.

Y el problema radica en que el Estado paga sueldos en que no declara como base imponible ciertos componentes de la remuneración, lo que se denomina como “elusión previsional”.

Según el documento “Propuestas para mejorar pensiones de vejez”, conocido como el “Libro blanco de las AFP”, de diciembre de 2013, la elusión del Estado es del 18%, cifra que duplica el 9,9% del sector privado.

La reforma tiene como principio darles mayor aporte del fondo de reparto del 6% a los que cotizan menos. De hecho, los que tienen un sueldo promedio imponible por sobre los $1.100.000, financiarán a los que ganen menos de ese monto.

El Estado entrega 36 asignaciones no imponibles

“En el caso del sector público (con trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo), existen 36 tipos de asignaciones no imponibles, las que son aplicables sólo a los trabajadores que indica la Ley que crea la asignación respectiva. En promedio, estas asignaciones no imponibles representarían el 18% de las remuneraciones brutas de los trabajadores”, dice el documento (ver nota relacionada).

El texto agrega que el “impacto de la elusión previsional sobre la pensión de vejez puede ser muy significativo. Si la brecha entre remuneración efectiva e imponible fuese constante durante toda la vida laboral, el efecto sobre la pensión sería proporcional al porcentaje de asignaciones no imponibles”.

“Así, en promedio, los trabajadores del sector privado obtienen una pensión un 9,9% menor de la que obtendrían de cotizar por el 100% de su remuneración. Este impacto puede llegar al 18% para el caso de los trabajadores del sector público”, concluye el documento del ex subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias.

“En consecuencia, las asignaciones no imponibles, y en particular las que corresponden a componentes permanentes de la remuneración mensual, también contribuyen a acentuar la brecha entre las expectativas de pensión (que se forman sobre la base del total de remuneraciones efectivamente percibidas) y la pensión que se recibe (que depende de lo efectivamente cotizado)”.

Cecilia Cifuentes: “La reforma previsional genera un incentivo a eludir cotizaciones”

La economista Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes, señala a El Líbero que uno de los problemas de establecer solidaridad en función del monto que se cotiza es que genera incentivos a cotizar por el menor monto posible.

Cecilia Cifuentes, economista de ESE Bussines

“Es decir, la reforma previsional genera un incentivo a eludir cotizaciones, lo que se traduce en un sistema que puede ser injusto, ya que para trabajadores de empresas formales y muy controladas, la elusión es muy difícil, pero eso no es así en pequeños negocios y trabajadores independientes”, señala la economista.

Cifuentes agrega que “un caso particular y grave en este problema es la situación de los funcionarios públicos, que tienen componentes elevados no imponibles en su remuneración, a pesar de que en términos de ingresos tienen una situación bastante mejor que los trabajadores privados”.

“Esto significa que los funcionarios serían injustamente beneficiados por un sistema que transfiere cotizaciones en función de los montos de ingresos imponibles. Los de altos ingresos transfieren menos que sus pares del sector privado con ingreso líquido equivalente, y los de bajos ingresos reciben mayores transferencias. Este tipo de situaciones deslegitima el sistema, y genera mayores incentivos a eludir cotizaciones aún”, afirma la investigadora del ESE.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta