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Publicado el 23 de enero, 2017

El crudo diagnóstico de “Cabilderos” sobre el proceso constituyente: “El fracaso fue evidente”

Autor:

Renato Gaggero

El grupo liderado por el abogado Víctor Manuel Avilés se encuentra por estos días difundiendo una “memoria crítica” al respecto. Ahí se cuestionan, entre otras cosas, el alto costo económico del proceso y que “menos personas hayan decidido por más”.
Autor:

Renato Gaggero

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El pasado lunes por la mañana la Presidenta Michelle Bachelet recibió en La Moneda las bases ciudadanas del proceso constituyente, documento que supuestamente recopilaba los distintos énfasis de las temáticas abordadas en los cabildos ciudadanos realizados el año pasado, en los que participaron cerca de 200 mil personas.

Pero al día siguiente apareció una nube de cuestionamientos. La Presidenta en realidad había recibido dos textos. Uno era el informe del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) y el otro era un documento del Comité de Sistematización. ¿La polémica? Según publicó El Mercurio, un grupo transversal de consejeros del CCO pidió a la Universidad de Chile que hiciera un trabajo de sistematización de datos paralelo al que había encargado el gobierno. Y en algunas temáticas claves surgieron graves inconsistencias entre los dos informes, como en Educación.

Mientras el documento de la Universidad de Chile registraba que un 2,4% de las personas había concebido la educación como un derecho «social», el del Comité de Sistematización destacaba en la primera frase que la educación «se describe como un derecho social y humano, fundamental».

Por las dudas que generaban las inconsistencias, el CCO decidió que ese día su informe debía ser entregado de forma separada al del Comité de Sistematización, a pesar de que el gobierno habría solicitado que todo el material fuera junto.

Pero a esa contingencia a la que tuvo que hacer frente el día miércoles la misma Mandataria -advirtiendo que el proceso se realizó “sin manipulaciones”- se suman las críticas del grupo Cabilderos. Y es que la asociación liderada por el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile Víctor Manuel Avilés, e integrada por participantes del Proceso Constituyente, por estos días se encuentra difundiendo un documento titulado “Memoria Crítica del Proceso Constitucional del Gobierno y Opiniones Ciudadanas Silenciadas” (ver aquí), en el que –tal como dice su nombre- critica la forma en que se desarrolló el proceso impulsado por el Ejecutivo.

vavilesEn el texto de nueve páginas figura un editorial de Avilés (en la foto), en donde sostiene que “la metodología del proceso participativo fue errada y la mera expresión de un deseo. Pueden haber existido buenas intenciones, pero el fracaso fue evidente. Al final, se cumplió el designio: ‘Un proceso diseñado para que cada vez menos decidan por más, para que al final, alguien decida por todos’”.

El documento también hace hincapié en el alto costo del proceso, que alcanzó los $3.814 millones: “A la luz de los datos entregados, podemos establecer que el Estado ha gastado por cada participante del proceso $34.471. Ello, pese a que el costo de los Encuentros Locales Autoconvocados (ELAS) lo asumían los organizadores. Ello es una cifra enorme, si se compara con lo que el Estado gasta en una elección popular, que es lo propio de una democracia. Según la Red de conocimientos electorales ACE (Administración y Costo de Elecciones), el costo promedio del Estado por participante en elecciones en Chile (que implica propaganda, logística y difusión) es de 1.2 USD, es decir $795,4 pesos. Así, el gobierno ha elegido un procedimiento 43 veces más caro por persona que uno verdaderamente democrático, en el que participaron 59 veces menos personas que las 6.585.808 que participaron en la última elección parlamentaria y presidencial”.

Respecto del diseño del proceso, el grupo Cabilderos sostiene que “el gobierno privilegió partir a toda velocidad, sobre preparar el proceso, formar a la población y sensibilizar. Probablemente, por esta vía algunos buscaron que pocos participaran, para poder lograr una incidencia desmesurada de grupos pequeños, pero organizados e ideologizados. Por ello, según la Encuesta Cadem del mes de abril, sólo el 17% de los encuestados sabía cómo participar en los Encuentros ideados por el gobierno”.

Asimismo, cuestionan que los miembros del CCO hayan sido escogidos a dedo “sin representar orgánicamente a las fuerzas democráticas del Congreso”, aunque reconocen que hicieron un buen trabajo. Sin embargo, aclaran, “muchas de las observaciones del CCO simplemente no han tenido respuestas, pues el gobierno optó por la política de los hechos consumados”.

Otra crítica del grupo dirigido por Avilés apunta a los contenidos del proceso. “El gobierno propuso temas, agrupándolos como Principios y Valores; Derechos; Deberes, e Instituciones. Las actas se diseñaron con un espacio para señalar los contenidos; categorizándolos luego entre ‘acuerdo’, ‘acuerdo parcial’ o ‘desacuerdo’, dejando un espacio para fundamentos. Además, se señaló que se podían incorporar ‘otros conceptos en la discusión y en el acta final’. Pero en los hechos los conceptos eran neutros, y como se sistematizaron literalmente, los ciudadanos no pudieron decidir nada relevante. Por ejemplo, nadie duda del ‘derecho a la vida’. Lo importante tiene relación con temas como ¿desde cuándo existe vida humana? ¿Puede haber pena de muerte? Los aportes de los ciudadanos en estas materias no fueron sistematizados oportunamente (para dar base a los debates en cabildos provinciales), por lo que en realidad quien redacte el proyecto de Nueva Constitución – si se hace- será quien decida”.

Finalmente se critica que dentro de los facilitadores un 31% hayan sido funcionarios de gobierno y que “menos personas hayan decidido por más”. Esto, pues según datos del sitio www.sistematizacionconstitucional.cl, la etapa de Encuentro Locales Autoconvocados (ELAS) habría tenido una participación total de 100.099 personas, mientras que en la etapa de Cabildos Provinciales la participación llegó sólo a 12.852 personas y en la etapa de Cabildos Regionales sólo a 8.621 personas. “Pese a ello, los Cabildos Provinciales y Regionales pudieron modificar las conclusiones mucho más representativas de quienes participaron en los ELAS (…). Un ejemplo que demuestra cómo el proceso fue diseñado para que grupos pequeños pudieran sobreincidir, es el caso de la Asamblea Constituyente. En la etapa de los ELAS, la Asamblea Constituyente fue valorada positivamente sólo por 9.709 personas, alcanzando el lugar 18° de las preferencias nacionales. Con todo, en las etapas sucesivas de Cabildos, donde participaron 10 veces menos personas, terminó entre las cinco instituciones más importantes”, sostienen.

 

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