Por primera vez en sus 90 años de historia, la Contraloría General de la República presentó una “contienda de competencia” ante el Tribunal Constitucional (TC) por un fallo de un tribunal de justicia de primera instancia que, según el organismo, vulneró materias que le corresponden exclusivamente a la Contraloría.
El inédito litigio se produjo luego de que el juez del 29 Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago diera curso a una demanda presentada por 869 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que exigen pasar sus cotizaciones del sistema de capitalización individual (AFP) al de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
Por esa demanda los funcionarios de la DGAC han realizado varios paros nacionales con la suspensión del servicio, lo que ha generado importantes problemas en las atenciones de los aeropuertos del país.
Capredena es tan apetecida porque entrega las pensiones a las fuerzas armadas, carabineros y gendarmería en base a su último sueldo promedio y a los años trabajados, y ha estado en la polémica por las millonarias jubilaciones que ha pagado a ex directivos de Gendarmería, como la pensión de $5,2 millones que recibió la periodista Myriam Olate Berríos, ex cónyuge del diputado socialista Osvaldo Andrade, que fue revocada precisamente por la Contraloría porque no le correspondía.
Las razones de la Contraloría para acudir al Tribunal Constitucional
El argumento medular de la Contraloría para impugnar el fallo del tribunal civil es que el artículo 6° de la ley N° 10.336 establece que “corresponde exclusivamente al Contralor pronunciarse sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización”. (Ver presentación de la Contraloría ante el TC)
De hecho, cuando se creó la DGAC en 1985 se estableció explícitamente en la ley que sus funcionarios quedarían bajo el sistema de AFP, situación que ha sido refrendada con una jurisprudencia reiterada y uniforme en decenas de dictámenes a lo largo de tres décadas.
El escrito presentado ante el TC por el contralor Jorge Bermúdez señala que lo que piden los funcionarios de la DGAC al tribunal “no es que éste revise la legalidad de un determinado acto administrativo o decida si a determinada persona le asiste un derecho que le es denegado por otra. Por el contrario, lo que se pretende es que el tribunal declare en abstracto cuál es el régimen previsional que rige a la generalidad de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, es decir, que interprete una norma administrativa sobre pensiones y jubilaciones”.
Contraloría: Fallo judicial «altera el sistema y orden institucional establecido en nuestro ordenamiento jurídico»
De esta manera, según la Contraloría, “admitir la acción a tramitación y al trabarse la litis, no está ajustando su actuación a lo ordenado por el citado artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales, toda vez que ello implica inmiscuirse en el ejercicio de una atribución propia de esta Contraloría General, pero no mediante el control de su actuación, sino lisa y llanamente sustituyéndola en tal cometido”.
Por lo que se “altera el sistema y orden institucional establecido en nuestro ordenamiento jurídico, e implica una transgresión de los límites que la Constitución y las leyes han fijado con el fin de que los distintos órganos del Estado actúen dentro de su ámbito de competencia”.
La Contraloría acudió al TC debido a que el tribunal es de primera instancia, ya que si hubiera sido la Corte de Apelaciones o la Suprema la contienda debía resolverse en el Senado, como ha ocurrido en no más de una decena de veces en 90 años.
La fuga masiva de las AFP a Capredena que quiere evitar la Contraloría
El traspaso de los casi 900 funcionarios al sistema de Capredena significará un costo importante en recursos para el estado, ya que el 90% de la pensión que reciben quienes se jubilan bajo ese mecanismo se financia con presupuesto de la Nación, y apenas el 10% con los aportes previsionales que hicieron los beneficiarios durante su actividad laboral.
Este grupo se suma a otros 1.331 funcionarios de la DGAC que presentaron otra demanda este año y que perdieron en primera instancia pero que ganaron en la Corte de Apelaciones en agosto pasado. El Consejo de Defensa del Estado apeló a la Corte Suprema, que deberá dirimir.
De ratificarse el traspaso a Capredena de los 1.331 funcionarios, le costaría al fisco $900 mil millones, ya que recibirían pensiones promedio de $704 mil en vez de las $210 con las AFP, según ha reconocido el ministro de Defensa, José Antonio Gómez.
El fisco gasta al año US$2.230 millones en pagarle pensión a los jubilados de Capredena, lo que equivale al 38% de todos los fondos previsionales que financia el Estado. La otra parte se va a pagar las pensiones solidarias de $94 mil de 1,2 millones de adultos mayores vulnerables.
El problema que se avecina es que de irle bien en la Suprema funcionarios públicos que trabajan en empresas relacionadas con las Fuerzas Armadas o que son de civil también podrían pedir el cambio a Capredena, situación que quiere evitar a toda costa la Contraloría.