Hace poco más de un mes, a la activista mapuche Juana Calfunao no se le ve en su casa de Los Laureles, ubicada en la comuna de Cunco, en La Araucanía. Lo último que sus vecinos escucharon de ella es que estaba en La Haya, denunciando a los Estados de Chile y Argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI).
“Nosotros hemos venido a la Corte Penal en representación de nuestro pueblo para entregar pruebas de las graves violaciones que vivimos a diario la Nación Mapuche por la intromisión de los Estados de Chile y Argentina dentro de nuestro territorio ancestral”, declaró Calfunao frente al tribunal el pasado 11 de abril, donde hizo denuncias por genocidio y torturas en contra del pueblo indígena. “Es imperativo que la Corte esté al tanto de los intentos de genocidio contra nuestra nación y las prácticas de tortura y criminalización que los gobiernos de Chile y Argentina siguen llevando a cabo contra nuestro pueblo que no se considera ni chileno, ni argentino”, agregó. Estas gestiones las realiza con el respaldo de la Comisión Mapuche de Derechos Humanos, fundada en 2012, con sede en el cono sur y en Europa.
Los documentos los entregó en la oficina de la Fiscal Fatou Bensouda. Le acompañaban la abogada Zulma Villa y miembros del pueblo mapuche residenciados en Europa. El diario británico The Guardian reseñó la actividad. En el texto explican que la batalla legal cuenta con el respaldo del Reino de La Araucanía y La Patagonia y que ya en febrero la CPI había recibido una carta con su escudo de armas, con la misma acusación sobre las naciones suramericanas. La misiva la firmaba SAR Príncipe Federico I de Araucanía y Patagonia.
Explica el medio que, en marzo de 2018, el francés Frédéric Luz, de 55 años, obtuvo el título de Príncipe, el séptimo en una sucesión que comenzó en 1860 con el procurador francés Antoine de Tounens, y cuyo «reinado» duró solo dos años. Calfunao dijo al periódico inglés que sus antepasados aceptaron a De Tounens como parte de una estrategia para protegerse de la invasión chilena. Sin embargo, el reinado terminó en 1862 cuando el abogado fue capturado, declarado loco y enviado de vuelta a Francia.
En su visita a los Países Bajos, Calfunao aprovechó para reunirse con el ex juez español Baltasar Garzón, el mismo que emitió la orden que condujo al arresto y detención de Augusto Pinochet en Londres, y que en 2012 fue expulsado de la carrera judicial, tras haber sido inhabilitado por 11 años, al ser condenado por el Tribunal Supremo de España por un delito de prevaricación.
Calfunao sabe moverse a través de los organismos multilaterales de Derechos Humanos. Tanto que el 26 de octubre de 2015, consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara la adopción de medidas cautelares a su favor y de seis miembros de su familia -que más tarde se extendió a otros tres de sus parientes-. En ese instante, la CIDH consideró que los beneficiarios “estarían enfrentando presuntos actos de violencia, amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad pública del Estado, debido a la posición de dichas personas de defender el territorio donde residirían”. No obstante, la propia CIDH levantó las medidas cautelares el 11 de febrero de este año, al considerar que ni ella ni su grupo familiar se encuentran en “una situación grave de riesgo inminente que pueda producir un daño irreparable a sus derechos”.
El enfrentamiento entre Calfunao y el Estado comenzó en los tempranos 2000. Por casi 20 años, Calfunao se negó a la pavimentación de un camino cercano a su residencia, de 1.800 metros en la ruta Los Laureles-Lago Colico, alegando que se trataba de un terreno ancestral, en donde están enterrados sus antepasados. No obstante, se trata de un área que expropió y pagó el Estado hace más de 60 años. Este año, finalmente la comunidad de Los Laureles logró que se pavimentara la vía, obras que tuvieron que hacerse con la custodia de Carabineros.
De Europa, Calfunao continuó con su agenda en Jamaica, donde participó en el 172 Periodo de Sesiones de la CIDH, audiencias que tuvieron lugar en la sede regional de la Universidad de West Indies, en Kingston, del 8 al 10 de mayo. Allí tomó la palabra en nombre de la Comunidad Juan Paillalef, y alegó que se trata de una comunidad “perseguida por haber decidido proteger la integridad de su territorio frente a la imposición de una inconsulta carretera que afecta sus lugares sagrados y cementerio”. No obstante, en ese punto comienzan los primeros alegatos de las propias comunidades mapuche en cuanto a la legitimidad de Calfunao como líder indígena.
La usurpación de la Comunidad Juan Paillalef
Adelita Estrella Paillalef es la presidente de la Comunidad Juan Paillalef, misma de la cual Calfunao se atribuye la representación. “Tiene usurpada la comunidad de nosotros”, repite varias veces a El Líbero. “Somos una comunidad que se formó hace 20 años, y ella utiliza nuestro nombre para pedir ayudas en el extranjero que son puro para ella”. En la lista de 15 personas que acreditan a la comunidad ante Conadi, recibida en 1999, no figura el nombre de Juana Calfunao.
“Hemos ido al diario, a la televisión, hemos llevado documentos a Santiago, y no logramos que deje de utilizar nuestro nombre; ella lo utiliza porque vive de ayudas en el extranjero. Pero nosotros somos personas adultas, tranquilas, que no molestamos a nadie. En cambio, a ella los escándalos se los pagan”, cuestiona Paillalef.
Un texto titulado “¿Infiltración en la Nación Mapuche?”, con el sello del Centro de Documentación Mapuche y firmado por el periodista Juan Curixewa alega: “Extrañamente, algunas autoridades consideran a Juana Calfunao una importante dirigente o lonko. Sin embargo, al recorrer las casas del Título de Merced de la reducción Juan Paillalef en Cunco, respecto de la cual ella reclama liderazgo, encontramos que solo una casa, conformada por una persona mapuche y un no indígena, de un total de 20 casas, dice pertenecer a la comunidad de la que señala ser dirigente. Los demás, se encuentran afiliados a otra comunidad que posee el mismo nombre y que es presidida por una habitante del lugar”.
Quienes la rodean fuera de las instancias internacionales y conviven con ella en Los Laureles tienen una postura similar a la de Adelita Paillalef. Luis Muñoz, uno de sus vecinos, explica que, si bien Calfunao nació en la IX Región, se fue a Santiago siendo una adolescente y no regresó sino hasta que la Ley Indígena estuvo vigente (en 1993) y comenzó el proceso de restitución de tierras.
“No es dueña, se empezó a meter acá y llegó amenazando gente… No respeta a la autoridad, ni a sus vecinos y nos amenazan con que nos van a quemar la casa y los galpones. Aquí vivimos asustados e intimidados”, señala el habitante de Los Laureles, Luis Muñoz. Continúa: “Viaja al exterior y se hace la víctima. Cuando lo que ella hace es terrorismo: corta los caminos, nos dejó sin locomoción porque nadie quiere venir para acá. Si no se podía pavimentar no era por la comunidad, sino por ella”. Muñoz respalda que se tomó el nombre de la Comunidad Juan Paillalef y que nunca ha sido lonko. “Adelita Paillalef se lo ha reclamado, pero ella no tiene patrocinios”.
“Ella no representa al pueblo mapuche”
En Los Laureles incluso cuestionan el terreno que ocupa. Jhon Fernández Ancamán tiene una tierra que colinda con el lugar en el que habita Calfunao. Relata: “Ella se fue a los 14 años a Santiago, hizo su vida allá y regresó en 1998 a recuperar una tierra que había sido de su padre. Instaló una carpa y ni siquiera nosotros, que éramos sus vecinos, podíamos pasar. Le sacaban punta a los colihues y las utilizaban como lanzas. Eran como 20 personas”. Exigía la restitución de 120 hectáreas, según títulos de merced de 1913. No obstante, el Estado argumentó que estos terrenos habían sido vendidos a privados.
Calfunao finalmente se muda al terreno de una de sus hermanas. Sin embargo, en la comunidad afirman que relegó a Rosita Paillalef y ocupó todo su campo, con la excusa de que una sobrina le había vendido un derecho. En los archivos del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, consta en la inscripción de la propiedad que se trata de una herencia, que beneficia a Hortensia Calfunao Paillalef y a Rosita y Elisa Calfunao Paillalef, esta última fallecida y representada por su hija Alfonsina Morales Calfunao. No obstante, Morales Calfunao cedió sus derechos a la activista.
En 2016, cuando el Estado de Chile se defendía ante la CIDH por la medida cautelar a favor de Calfunao, entregó una versión de este hecho similar a la de los vecinos de Los Laureles. “El Estado indicó que la beneficiaria –en alusión a Juana Calfunao– no sería titular de predio en disputa, habitando uno en Cunco de propiedad de sus hermanas. Asimismo, el Estado cuestionó que la beneficiaria fuera lonko de la comunidad ‘Juan Paillalef’, siendo que dicha comunidad tendría como presidenta a la hermana de la beneficiaria. El Estado indicó que el camino Laureles-Lago Colico, donde ocurrirían los hechos, es público y fue construido en 1941, siguiendo las normas de expropiación de la época”, detalla la CIDH en el resumen del caso.
“Le quitó toda la herencia a la hermana”, reclama Fernández Ancamán. “Ese terreno no produce nada, allí tiene a algunos animalitos, pero en realidad lo utiliza para esconder a sus secuaces. Toda la gente está en desacuerdo con ella, no tiene el respaldo de nadie. Ella no representa al pueblo mapuche. Se refiere a sus vecinos como ‘los limpia pies de los latifundistas’. Solo busca el dinero que consigue a través de los patrocinios internacionales. El Estado chileno sí tiene una deuda mapuche, pero no concordamos con la manera en que lo reclama. El mismo Aucán Huilcamán, está en desacuerdo con ella”.
En el texto de Curixewa se dice que Calfunao trabajó en el Consejo de Todas la Tierras en sus inicios, en donde se desempeñaba cosiendo las banderas. “Da su primera gran sorpresa a Aucán Huilcamán: inscribe la bandera del Consejo en el registro de propiedad intelectual a su único y personal nombre. Este y otros hechos que la distancian de Huilcamán hacen que el Consejo no intervenga mayormente en los diversos problemas en los que se encuentra envuelta”, se lee.
Fernández Ancamán denuncia que el hijo de Calfunao, Waikilaf Cadín (llamado Carlos Manuel González Calfunao hasta que se cambió el nombre), lo atacó cuando él, junto con un trabajador, intentaban cercar su predio. Aunque admite que se trataba de alrededor de ocho hombres encapuchados.
Nexos con Suiza
En 2018, Suiza decidió expulsar a Flor Calfunao Paillalef -hermana de Juana Calfunao- quien se desempeñaba como embajadora de la Misión Permanente Mapuche ante la ONU. La decisión de Suiza llega después de que el Tribunal Federal Administrativo decidiera ratificar la denegación de una solicitud de asilo que presentó en 2008. “¡Me sacarán muerta de este país, pero viva jamás!”, aseguró Flor Calfunao tras el fallo. “Llevo 22 años en Suiza y una tiene su vida formada”. Para los suizos el hecho de que haya violencia en La Araucanía, no implica que se le vaya a perseguir solamente por ser mapuche.
Flor Calfunao fue nombrada jefa de esa misión el 20 de septiembre de 2011, aunque reside en Ginebra desde 1996. El gobierno suizo mantiene la orden de expulsión. No obstante, hasta abril de este año la mujer seguía en su territorio. Y uno de los apoyos que ha recibido es del político español, Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de Podemos.
El Gobierno suizo mantiene una orden de expulsión contra @FlorCalfunao, representante del pueblo #mapuche ante la ONU. La semana pasada mandamos una carta al Comité contra la Tortura y la Misión Suiza ante la ONU. Aquí os lo contamos ???? pic.twitter.com/TopHAOwCNN
— Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) 24 de abril de 2019
Ella no sería la primera Calfunao que hace una solicitud de asilo a los suizos. En 2009 se hizo público que Remultray Cadín, entonces de 11 años de edad, también había hecho una petición de este tipo. En ese entonces, su madre, Juana Calfunao, había sido condenada a seis años y medio años de prisión por maltrato a la autoridad por agredir a dos fiscales (En 1999 también había golpeado a quien fuera director de Conadi, Rodrigo González). Cumplió cuatro años de condena en prisión y salió en libertad condicional en 2011. Ese año recibe un permiso especial del gobierno para viajar a Suiza a ver a su hija. Ya en 2010 Suiza había rechazado la solicitud de asilo de la niña.
«Una organización de derechos humanos vio la situación que vivía mi hija y quiso llevársela a Suiza, para que viviera una vida mejor, así es que le compró el pasaje y se la llevó», explicó en aquel entonces Calfunao sobre las circunstancias que llevaron a su hija a vivir del otro lado del océano.
Durante ese paso por Suiza, Juana Calfunao interrumpió un discurso de la ex Presidenta Michelle Bachelet, cuando esta se desempañaba como directora de ONU Mujeres. Bachelet estaba en una conferencia en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Calfunao cuestionó el rol que jugó su gobierno con los indígenas y la acusó de «genocida».
En La Tercera del 19 de junio de 2011, Freddy Barriga, quien se presenta como abogado de Juana Calfunao, asegura que la petición de Relmutray se hizo en conjunto con su tía Flor, «quien no tenía acciones judiciales pendientes en Chile, que había registrado dos ingresos al país y en ninguna de las dos oportunidades fue detenida y formalizada judicialmente (…). Entonces, la comisión estimó que ella no era perseguida en Chile».
No obstante, en una entrevista para The Clinic, publicada el 21 Julio 2011, Juana Calfunao entrega otra versión: “Nunca han rechazado el asilo político de mi hija, fue un acuerdo que tuvimos con el gobierno suizo que consistía en que ellos la cuidarían mientras yo estuviera encarcelada pero, una vez que yo viniera a buscarla, renunciaban al asilo. Ahora mi hija se va conmigo a Chile”. Madre e hija regresaron en agosto de ese año al país.
Cinco meses después, en enero de 2012, condenan a su hijo, Waikilaf Cadín, a 4 años de cárcel por detonar y poseer artefactos explosivos en Temuco.
El año pasado Calfunao fue condenada a 5 años y 1 día de presidio efectivo, luego de ser declarada culpable del delito de maltrato de obra a un funcionario de Carabineros, por hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2016. En ese entonces, también por oponerse a la ejecución del camino en Los Laureles. Se habría ordenado en octubre de 2018 un nuevo juicio oral contra la mujer.
Nota de la redacción:
Después de la publicación de este reportaje, Juana Calfunao se comunicó con la redacción para indicar que la Comunidad Juan Paillalef pertenecía a su madre Mercedes Paillalef. «Yo soy su hija, represento sus derechos ahora y siempre… Las personas que tomaron los nombres y se inscribieron cuando mi madre fue encarcelada en el año 1973 se pusieron ‘Calfunao Paillalef».
Asegura que quienes en el texto aparecen reseñadas como sus hermanas en realidad no lo son. «Mi madre tiene solamente ocho hijos: cuatro mujeres y cuatro hombres, y los demás que son Calfunao Paillalef tendría que haberlos tenido cuando ella tenía 3 años… Ellos se inscriben para pasar las tierras a nombre de ellos. Yo tengo ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres que son hijos de Ambrosio Calfunao y de Mercedes Paillalef».
Esto a pesar de que en la Resolución De Levantamiento De Medidas Cautelares 6/2019, de la CIDH, quedó asentado lo siguiente: «El Estado indicó que la beneficiaria no sería titular de predio en disputa, habitando uno en Cunco de propiedad de sus hermanas. Asimismo, el Estado cuestionó que la beneficiaria fuera lonko de la comunidad ‘Juan Paillalef’, siendo que dicha comunidad tendría como presidenta a la hermana de la beneficiaria». Tal y como quedó asentado en esta nota.