La declaración que hizo ante el fiscal Carlos Gajardo el ex financista de la Presidenta Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, en que reconoció por primera vez que “efectivamente puedo decir que esta operación podría haber tenido que ver con financiamiento para la campaña presidencial de Michelle Bachelet”, es de altísima relevancia para la investigación judicial, ya que abre un nuevo y complejo escenario para la precampaña electoral de la Mandataria entre 2012 y 2013.
Martelli, creador de la empresa AyN que recibió $480 millones de empresas privadas en dicho período, pagó los sueldos de una treintena de profesionales que trabajaron en la precampaña de Bachelet, como su ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, entre otros.
En la declaración de este lunes, el militante del PPD aseguró, además, que en 2013 le pidieron “colaboración en el tema de conseguir recursos para la campaña, no participé directamente en la campaña, participé en algunas gestiones que tienen que ver con conseguir recursos, pero no en la campaña misma a diferencia de 2005 en que fui administrador electoral” (…) Las personas que me pidieron participar en el tema del financiamiento fueron Jorge Rosenblut y Rodrigo Peñailillo. Mi función era como operativizar los aportes de campaña que hacían tanto empresas como personas”.
Dicha afirmación es un vuelco respecto de su anterior declaración en junio de 2015, cuando señaló que la empresa AyN la creó a solicitud de Jorge Rosenblut, para “pedirme que me incorporara a trabajar en el financiamiento de varios profesionales que requerían mayor estabilidad financiera personal para dedicar tiempo a preparar información, análisis, documentos, etc, para una nueva opción de gobierno de la Concertación”.
La caja de pandora que abrió Martelli
En la declaración de este lunes, Giorgio Martelli mencionó al publicista de Bachelet durante su última campaña, Diego Perry, eslabón fundamental en la nueva línea investigativa que abrió el fiscal Gajardo, y que apunta a las empresas que rectificaron ante el SII gastos indebidos y que hicieron aportes a la campaña presidencial.
Si para el Servicio de Impuestos Internos las faltas impositivas terminaron con las platas restituidas y las multas aplicadas a Ripley, Copec, Cruz del Sur y Arauco, precisamente ese acto de “mea culpa” de las empresas es la llave maestra que está usando el fiscal Gajardo para investigar la precampaña de Bachelet.
De hecho, la decisión del SII de no querellarse por delitos tributarios contra las empresas que hicieron las rectificaciones -y que entregaron $605 millones- generaron polémica, ya que sí lo hizo con varios políticos por montos inferiores, como Jovino Novoa por $36 millones, Pablo Zalaquett por $71 millones y Pablo Wagner por $120 millones.
La circular número ocho del 14 de enero de 2010 del SII establece que para presentar querellas por delitos tributarios el “monto del perjuicio al interés fiscal comprometido, en aquellos casos en que es posible determinar su cuantía, atendida la realidad regional o del sector”.
Diego Perry, el creativo de la campaña de Bachelet
El primero en la lista es el publicista Diego Perry Aldana por las dos facturas por $50 millones que emitió su compañía Asesorías Credo Limitada a la empresa Comercial ECCSA S.A., propiedad de Ripley S.A, gasto que corrigió ante el SII en enero pasado, razón por la cual fue ayer a declarar ante el fiscal el gerente corporativo Lázaro Calderón.
Credo Li
mitada facturó $15 millones el 15 de diciembre de 2013 por publicidad radial a Bachelet en su pasada campaña, y la sociedad fue constituida apenas cuatro meses antes, en agosto de 2013, por Diego Perry y su cónyuge Magdalena Velasco Weber. Además, Perry fue socio del también publicista José Miguel “Kiko” Carcavilla en la exitosa campaña presidencial.
En su última declaración, Martelli relató que Rosemblut le pidió contactar a Diego Perry con ejecutivos de Ripley para realizar los trabajos “en el ámbito de las comunicaciones”.
Carcavilla también ha sido cuestionado porque la factura por $240 millones que le cobró a Bachelet fue emitida a su cónyuge Mariella Inés Fernández Melgarejo, quien no es conocida en el mundo publicitario ni tiene expertise ni estudios en ese ámbito.
«Yo he averiguado quien es Mariella Inés Fernández Melgarejo que recibe 240 millones en las facturas número 1 y número 3 y no tengo idea cuál es su expertise. ¿Se hizo esta pega o no se hizo esta pega? (…) Acá una señora que dice prestar servicios publicitarios, asesorías publicitarias y marketing cobra 240 millones en una campaña presidencial y nadie en el mundo publicitario la conoce”, criticó el diputado José Antonio Kast.
Diego Perry, además, es dueño de Servicios y publicidad La Clínica Limitada, que también facturó $175 millones por la grabación y producción de los spots de la campaña. Esta compañía aparece mencionada en la denuncia del SII en el marco del caso SQM por una factura de $58 millones que la minera no metálica rectificó.
De hecho, las empresas vinculadas a servicios creativos, publicitarios, de encuestas y diseño y producción de páginas web facturaron $604 millones durante la primera y segunda vuelta de la última campaña electoral de la hoy Mandataria. Ello son parte de los gastos totales por $5 mil 377 millones declarados ante el Servel, de los cuales el 18% recibió 37 observaciones ($966 millones) por no haber entregado las facturas correspondientes, entre otros cuestionamientos.