El pago de un millonario bono de US$84 millones a los menos de 10 mil funcionarios del BancoEstado gatilló la salida del presidente del directorio, Guillermo Larraín, y las críticas del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, antecesor en dicho cargo, quien admitió que el reajuste laboral “fue más allá del marco que habíamos puesto».
“Es muy importante en estos tiempos en que la economía crece menos de lo que esperábamos, en que el precio del cobre está bajo y que ha habido calamidades en Chile que son caras y que estamos financiando, además de prioridades muy claras como la educación y salud, tenemos que tener particular cuidado en otros ámbitos del Estado», señaló el ministro Valdés.
Y es que los US$84 millones ($6,3 millones por trabajador) equivalen a casi el 20% de la capitalización que hizo el Estado al banco este año, para que pudiera extender sus beneficios en créditos hipotecarios y comerciales a los consumidores y a las empresas pequeñas y medianas.
Mediante una ley aprobada en el Congreso, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet le transfirió US$500 millones a BancoEstado a través de la capitalización (US$450 millones) y otros US$50 millones del Fondo de Garantía para los Pequeños Empresarios (Fogape), que permitía incrementar el límite superior de ventas anuales de las empresas elegibles.
Ello, en medio de un programa de reactivación económica, productividad e innovación de siete ejes que contemplaba crear un fondo de inversiones estratégicas, desarrollar infraestructura de conectividad, fortalecer el financiamiento a las empresas, impulsar el emprendimiento e innovación e incentivar la competencia, entre otros.
De hecho, la anterior capitalización se había hecho en plena crisis subprime internacional de 2009 cuando el Congreso aprobó US$500 millones y US$130 de transferencia a través de Fogape.
La relevancia de los recursos de capitalización
Los recursos para el banco, aportados por todos los contribuyentes, eran fundamentales para mejorar los indicadores de capital, aumentar el potencial de colocaciones totales y mantener su participación de mercado, según el Ministerio de Hacienda.
Con los dineros se pretendía, en lo concreto, tener un potencial cercano a los US$5 mil millones de nuevos créditos por los próximos cuatro años, otorgar créditos para las pequeñas y medianas empresas por US$1.500 millones, destinar US$2.000 millones en créditos hipotecarios y colocar US$2.600 millones para los micro y pequeños empresarios.
Al firmar el proyecto de ley en agosto de 2014, Bachelet destacó que los mayores fondos públicos permitirían “fuentes de financiamiento para las pymes y también para aquellos que quieran optar a través del ahorro y de financiamiento de crédito hipotecario y también para la fluidez en los créditos de consumo”.
Economistas: «Gobierno cometió error no forzado»
En cambio, el sindicato de BancoEstado, que reúne al 97% de los trabajadores, defendió los bonos porque son “absolutamente coherentes con los excelentes resultados obtenidos por nuestra empresa, durante el ejercicio del año 2014 y primer semestre de 2015″.
Sin embargo, para la economista Cecilia Cifuentes, de LyD, el bono de término de conflicto, que representa el 51% de las utilidades del banco en el primer semestre, es “inconsistente con la necesidad de capital futuro que tiene BancoEstado para el cumplimiento de los requisitos de Basilea III, que son más exigentes en esta materia, y que empiezan a regir en 2019 en forma plena”.
En la misma línea, Rafael Garay afirmó que respecto del bono anterior en 2012, BancoEstado aumentó en un 40% el pago por el mismo concepto: “Esto parece poco presentable en el marco de una capitalización por US$ 500 millones que tenía por objetivo la colocación de créditos. Adicionalmente, esta es una muestra en la práctica de como operaría la reforma laboral. Todo esto dado en un clima de supuesta austeridad. Frente a la próxima negociación con la ANEF, creo que el gobierno cometió un error no forzado”.