Publicado el 13 septiembre, 2020

El abogado de Cristina K que persiguió a El Clarín busca ser «guardián» de la Libertad de Expresión de la OEA

Autor:

Maolis Castro

A pocos días de la selección de un nuevo relator especial para la Libertad de Expresión, existen resquemores en torno a uno de los finalistas: Damián Loreti. El abogado fue coautor de la controvertida Ley de Medios en Argentina; defendió al gobierno de Fernández de Kirchner en su disputa contra el Grupo Clarín; a la ex Presidenta de Brasil Dilma Rousseff en su  impeachment; y actualmente es miembro del Grupo de Puebla. Su candidatura es recibida con incertidumbre, en un eventual proceso constituyente en Chile.

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Damián Miguel Loreti, un reconocido abogado de militancia kirchnerista, podría convertirse en el próximo Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de uno de los favoritos entre cinco finalistas para reemplazar al actual relator Edinson Lanza, quien concluye sus funciones el 6 de octubre. «Puedo proponer una línea que expanda los derechos de la comunicación de todos y cada uno de nosotros y nosotras a nivel internacional», justifica en un video de postulación al cargo.

Su candidatura produce resquemores. Fue defensor del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su disputa judicial contra el Grupo Clarín, en 2011, y también de la ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuando enfrentó un proceso de impeachment, en 2016. Y está relacionado con el Grupo de Puebla, una instancia ligada a la izquierda que pretende continuar con la labor del Foro de Sao Paulo.

Loreti fue coautor de la controvertida  Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, en 2009, en Argentina; y cuestionada por el Grupo Clarín por estar «hecha a la medida» del gobierno de Cristina Fernández que, según denunció el conglomerado, pretendía «sostener su poder a través de la más impresionante maquinaria comunicacional montada en tiempos de democracia, con una amplia red de medios oficiales y paraestatales, financiados con fondos públicos, orientados a atacar a quienes no dicen lo que el poder de turno quiere que se diga».

Sus detractores afirman que se trató de copiar el patrón del chavismo venezolano, que a través de distintas leyes y artimañas consiguieron apropiarse de medios de comunicación privados, vulnerando irremediablemente la libertad de prensa. «Él ha tenido alguna participación en reformas importantes de libertad de prensa en Argentina (…) Una persona vinculada a esos episodios genera ciertas desconfianzas que no debieran existir en el entorno de la Comisión Interamericana«, explica Sebastián Zárate, profesor de Comunicación de la Universidad de Los Andes y director ECU-Centro de Estudios de la Comunicación UANDES, en entrevista con El Líbero.

Pero la crisis de la izquierda en América Latina no desalentó a Loreti, quien a mediados de abril, y virtualmente, participó en un debate sobre diferenciar la legalidad extraordinaria de las medidas excepcionales en Covid-19, organizado por el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) nacido del Grupo de Puebla. Él forma parte de esta iniciativa que tiene como objetivo «estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región».


Sus reuniones con líderes de izquierda son recurrentes. En julio estuvo, junto a políticos de 17 países, en un encuentro virtual para conmemorar el primer aniversario del Grupo de Puebla, discutir la «Agenda progresista para superar la crisis de la pandemia Covid-19«, y rechazar los procesos judiciales contra de los ex Presidentes Evo Morales (Bolivia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador). Sobre este último, la Relatoría Especial a la Libertad de Expresión, tiene una conclusión menos favorable a la respaldada por la agrupación integrada por Loreti. «Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el Presidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana», dice un informe de la instancia de 2018.

Otro intento en la Comisión

El relator es el responsable de apoyar a la CIDH en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de la libertad de expresión en las Américas. Un total de 81 aspirantes postularon al proceso en enero, de los cuales fueron escogidos 10 y posteriormente este grupo se redujo a cinco. La selección final se conocerá este lunes o martes.

Los otros seleccionados a la fase de entrevistas finales para el cargo son Paula Ligia Martins (Brasil), Carlos Martín Lauría (Estados Unidos), Ana Cristina Serna (México) y Pedro Vaca Villarreal (Colombia). Según fuentes relacionadas al proceso, los favoritos serían Loreti y Martins. Los aspirantes gozan de una amplia trayectoria, algunos con mayor experiencia en el ámbito académico y otros más en el área de la comunicación. Pero todos tienen perfiles distintos.

Esta no es la primera vez que Loreti aspira a la Relatoría. En 2014, el abogado fue preseleccionado para ocupar el cargo este puesto, pero finalmente el jurado apoyó a Lanza (Uruguay). Durante el proceso de selección el periodista uruguayo Andrés Alsina solicitó información a la CIDH sobre el proceso de selección, pero solo recibió una respuesta por correo electrónico más de un mes después: «Ésta (la solicitud) ha sido trasladada al seno de la Comisión para su consideración». Así aseguró en un artículo publicado en la edición del 30 de septiembre de 2014 de Noticias de Treinta y Tres, donde acusa a la Comisión de negar «transparencia» en la elección del relator.

Zárate percibe un cambio en la postulación de este año, que considera un proceso más participativo. «Es primera vez que se hace tan abierto y participativo, y eso llama la atención: la publicación, primero, de los perfiles de los candidatos, y después de los seleccionados (…) Hay algo que deberíamos aprender, y se está aprendiendo a nivel internacional, y son los niveles de participación».

La incidencia del relator en procesos constituyentes

La elección de un nuevo relator se realiza a pocos días del plebiscito en Chile, que definirá si se escribe una nueva Constitución en el país. Pese a parecer hechos aislados, el papel del seleccionado en la Comisión puede ser fundamental frente a un escenario en el cual resulte ganadora la opción del Apruebo.

Zárate explica que se trata de dos circunstancias que se «integran» entre sí. «Es muy importante el rol que se genere dentro de instancias como la representada por la CIDH en procesos constituyentes, de las discusiones que se pueden generar y promover de posible cambio en materia de libertad de prensa o de libertad de expresión. Obviamente que hay muchos espacios para mejoras, pero hay muchos temas que podrían implicar, a mi juicio, un retroceso en materia de libertad de prensa, entonces el rol que va a tener el Relator es muy importante porque va a fijarse en aquellos países que estén en proceso constituyente o críticos; en una etapa política relevante, como Chile».

Según el académico de la Universidad de Los Andes, en ese escenario la idea será promover un debate que «ayude a fortalecer nuestro sistema de libertad de expresión, a fomentar la libertad de prensa, a generar una discusión que creo sana». De ahí que evalúa como laberíntica la posibilidad de un relator como Loreti y ante un inminente un proceso constituyente en el país. «Encontraría complejo, tanto para Chile como para el resto de nuestra comunidad latinoamericana, tener figuras (en la RELE) que estén asociadas a situaciones en las cuales se cuestionó la libertad de prensa en la región, en Argentina y en varias instancias internacionales». Para él «sería introducir un elemento disruptivo en nuestra discusión, que no necesitamos en procesos constituyentes», y especialmente en uno como podría enfrentar Chile en el futuro. «Necesitamos, más bien, ideas frescas de personas que fomenten la discusión; propuestas de cómo tratar de fomentar la participación política en los medios de comunicación, temas relacionados con el rol del periodismo en la región, preocuparse de dónde los periodistas están corriendo riesgo sus vidas en la región; más que entrar con agendas que, probablemente, son doctrinarias, ideológicas, que puedan influir en la redacción de una Constitución«.

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