Las críticas que se desataron contra la propuesta de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que el Ejecutivo ingresó la semana pasada ante la Cámara de Diputados, específicamente en cuanto a las fuentes de financiamiento, en opinión de diversos economistas, no responden a motivaciones económicas, sino que políticas.
Desde la perspectiva de Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, si es que está en duda la existencia de los fondos para la PGU el asunto se debe resolver mediante la instalación de una mesa de expertos y no generando polémicas a través de los medios.
«Uno debiera esperar que los políticos, el parlamento, se ponga en la mesa a trabajar, a despejar las dudas que hay respecto al financiamiento, lo cual no se hace necesariamente con cartas a los diarios, sino que se hace más bien convocando a una mesa de trabajo, donde se puedan exponer los números y a partir de ellos poder consensuar si está o no financiado este proyecto de ley», advierte Horst.
Y es que a lo largo de la semana la PGU ha sido tema desde las páginas de las Cartas al Director del diario El Mercurio. Con el título «Sin financiamiento la PGU no es solución» los economistas Andrea Repetto, Eduardo Engel, Rodrigo Valdés y José de Gregorio -siendo los dos primeros parte del equipo económico de Boric- plantearon, el 28 de diciembre, que la propuesta del actual gobierno era una «estrategia peligrosa» porque al haber ingresado dos proyectos por separado, el de gasto y el de financiamiento, existía una «alta probabilidad de que se aprobarán solamente los gastos».
«Nos parece que la estrategias más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses», se indica en la carta.
Horst es crítica con respecto a este último asunto. «Eso es un error que solamente implica dilatar y no avanzar. Si hay consciencia y acuerdo reamente de priorizar los recursos fiscales en una pensión universal no hay que esperar una reforma integral, porque sabemos que eso es algo que en el corto plazo no se va a implementar. Sería una irresponsabilidad boicotear ese proyecto de ley en el Congreso, instalando la sensación de que tiene que ser visto en conjunto con una reforma más larga», advierte.
También desde LyD, el economista Tomás Flores asevera: «Las observaciones económicas son fácilmente resueltas, pero yo creo que finalmente lo que está detrás es impedir que la promulgación de la PGU lleve la firma del Presidente Piñera«.
El proyecto de Pensión Garantizada Universal ingresó el martes 21 de diciembre al Congreso, como una indicación al Proyecto de Ley Corta de Pensiones y un día después fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y despachado a Sala, donde se espera por su votación el próximo 4 de enero.
Flores señala que los tiempos dan para que esta pensión, que sería de 185.000 pesos para los mayores de 65 años de edad que estén dentro del 80% más vulnerable de la población, pudiera empezar a pagarse en febrero. «Esperar a que tenga que asumir el nuevo gobierno para ello sería una atraso inexcusable, sobre todo para quienes serían los principales beneficiados de la norma», dice.
«Con una rápida indicación se pueden corregir las observaciones que fueron realizadas, porque el financiamiento está. A partir de allí es posible que la indicación pudiese ser votada lo antes posible y estar pagando esta nueva pensión en prácticamente 30 días más», asevera Flores.
Rafael Aldunate, director económico del Instituto Libertad, coincide en que las fuentes de financiamiento están, así como en que las críticas responden a un asunto político.
«Como hubo recién una elección política, los distintos bandos quieren llevarse la preeminencia del fondo solidario o universal de pensiones. El ministro de Hacienda ha sido enfático, sabe de números porque fue Director de Presupuesto y ha dicho en forma categórica que los números alcanzan, que hay ingresos permanentes para los gastos permanentes», sostiene.
Aldunate es enfático en la raíz política del ataque a esta propuesta: «En el fondo es negar con mezquindad la oportunidad al Presidente Piñera de que tenga otro logro de gestión, cuando desde el primer día de su gobierno, antes de la crisis del 18 de octubre, llamó a todas las fuerzas políticas para crear distintas mesas, entre ellas la del tema previsional».
De hecho, el presidente de la UDI, Javier Macaya, también criticó la postura que están tomando ciertos sectores de izquierda. «Estamos volviendo a la vieja lógica de la política de quién lleva la firma», dijo.
En criterio de Macaya es «una pequeñez política sin límite» que ahora busquen ponerle trabas a la PGU propuesta por el gobierno de Piñera solo por un asunto político, por una necesidad de que se haga durante el mandato de Boric y no en el actual.
«Si hay algo que es costoso fiscalmente es el programa de gobierno que Boric está planteando»
El presidente electo Gabriel Boric, que en su programa de gobierno propuso una pensión universal garantizada de 250.000 pesos mensuales, también manifestó sus críticas al proyecto del actual gobierno.
«Vamos a tener todas las conversaciones que sean necesarias en el Parlamento, con el gobierno, para buscar solucionar este problema, porque no podemos aprobar algo a última hora si es que no vamos a poder financiarlo de aquí en adelante. Por eso es importante la reforma tributaria», dijo.
«Tenemos un compromiso con la convergencia fiscal, un compromiso con que los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes, porque sino es pan para hoy y hambre para mañana«, remató.
El jefe político del Presidente electo, Giorgio Jackson, también salió a atacar la propuesta del Ejecutivo. «El proyecto que presentó el Gobierno no tiene financiamiento, lo que es fiscalmente muy irresponsable», publicó en su cuenta en Twitter.
La situación en la que nos pone el Gobierno es muy compleja. Queremos avanzar en mayores pensiones y en mayor cobertura, pero el proyecto que presentó el Gobierno no tiene financiamiento, lo que es fiscalmente muy irresponsable y puede dejar un forado financiero al prox Gobierno. https://t.co/GV0DNjmQpZ
— Giorgio Jackson ???? (@GiorgioJackson) December 28, 2021
Desde el Partido Comunista, Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, se plegó a quienes ponen trabas al proyecto propuesto por el actual gobierno, fundamentando sus críticas en cuanto al financiamiento del mismo. Ponerle «urgencia al proyecto de royalty a la minería que duerme en el Senado», esa fue su sugerencia.
Y qué tal si para financiar el proyecto de PGU le ponemos urgencia la proyecto de Royalty a la Minería que duerme en el Senado hace tanto tiempo #royaltyahora
— Daniel Jadue (@danieljadue) December 28, 2021
En este sentido la economista Cecilia Cifuentes, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE, explica que «hay formas técnicas de hacerse cargo del problema fiscal».
«Es insólito que el Presidente electo lo critique porque si hay algo que es costoso fiscalmente es el programa de gobierno que Boric está planteando. Entonces en ese sentido a mí me parece que esa crítica es mucho más política que técnica, probablemente para no darle un triunfo al gobierno actual», asevera Cifuentes.
Más cartas
En el debate epistolar de El Mercurio intervino incluso la directora de Presupuesto, Cristina Torres Delgado, con el texto titulado «Solución urgente con financiamiento», en el que indica que «la solución está a la vuelta de la esquina y, dejando de lado la estrechez política, si este proyecto se aprueba, su pago en febrero mejorará la calidad de vida de los adultos mayores».
Pero el intercambio no quedó allí. Ayer nuevamente Repetto, Engel, Valdés y de Gregorio contraatacaron. «Estamos disponibles a la invitación de la señora Torres a relevar la importancia de que el financiamiento no se entrampe, pero la clave está en el compromiso del Ejecutivo de que eso no suceda, es decir, de no gasta sin financiamiento», indican en una carta titulada «PGU: financiamiento sin respuesta».
Para Cifuentes, «es bien curioso que dos economistas que le dieron el visto bueno al programa de Boric, que tenía una pensión universal mucho más generosa, ahora critiquen la del gobierno por falta de financiamiento».
Por su parte, Bettina Horst plantea que una vez que se haya despejado el tema del financiamiento sería incongruente no avanzar en esa línea, sobre todo tomando en cuenta la necesidad de que exista una pensión universal.
«La motivación desde los técnicos economistas sigue siendo técnica, pero sin duda que eso es aprovechado por terceros en su agenda política», advierte.