Una decisión sorpresiva tomó la entonces Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando en octubre de 2008 firmó el proyecto de ley por el que se eliminó el sistema privado de pensiones que se creó en ese país en 1994. De este modo, alrededor de 30 mil millones de dólares depositados por 9,5 millones de argentinos en las empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) pasaron a ser gestionados por el sistema estatal.
Cuando se creó el sistema en la década de los noventa, «lo copiamos de Chile», recuerda el economista y empresario argentino, Gustavo Lazzari, en el programa Mirada Líbero transmitido por Radio Agricultura. La diferencia con respecto al modelo chileno, explica, es que había una base llamada prestación básica universal, por la cual el sistema mantenía una parte de reparto en la cual todos los argentinos aportaban, pero el resto era capitalización individual.
Ahora, ante la perspectiva de que un proceso similar ocurra en Chile, el economista es enfático: «Si esto llegase a pasar en Chile sería una tragedia y no solo para Chile, sino que para la región. Es un retroceso absoluto en los principios para que Latinoamérica alguna vez se desarrolle. Chile, pese a sus problemas, ha hecho un avance extraordinario en los últimos 40 años».
Si esto pasa en Chile, advierte, «vendrá un período de inseguridad jurídica. Hay que ser un kamikaze para invertir en Chile el día después de la estatización de las AFP. Cómo vas a invertir en un país que le saca la plata a la gente. Eso es una locura. Les pido, por favor, que no hagan esa locura, porque Chile es un ejemplo con todas sus dificultades, no hay reformas sin dificultad. Puede ser que el problema de Chile sea haber creído que el mundo se convertirá en algún momento en una panacea, pero eso no va a pasar nunca en ningún país de la historia».
«El caso chileno si sucede es una tragedia no solo para Chile, pero para la región. Es un retroceso absoluto en los principios para que esta región alguna vez se desarrolle. Chile, pese a sus problemas, ha hecho un avance extraordinario», dice @lacha en #MiradaLiberoenAgricultura
— El Líbero (@elliberocl) October 8, 2021
Antes del primer retiro, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) manejaban alrededor de 200 mil millones de dólares, equivalentes al 75% del Producto Interno Bruto (PIB). Al 1 de octubre de 2021, los tres giros de fondos ya aprobados han implicado una reducción de US$47.731 millones de los ahorros de los afiliados. Además, 3,9 millones de personas no tienen dinero en sus cuentas de capitalización y con un cuarto retiro de fondos, eso aumentaría a 5 millones 612 mil personas, lo que representa el 50% del total de afiliados activos, datos entregados por los ministerios de Trabajo y de Hacienda ante el Senado, el pasado 6 de octubre.
Dadas estas cifras, el economista opina que el panorama en Chile sería aún más alarmante en caso de llegar a avanzar en una nacionalización de los fondos para desarrollar un sistema de reparto. Compara que en Argentina el sistema operó por 14 años y llegó a acumular 30 mil millones de dólares; mientras que en Chile ha funcionado por 40 años acumulando una mayor cantidad de capital.
«Argentina, en cambio, en los últimos 40 años multiplicó la pobreza por diez, al Estado por tres y los planes sociales por 20. El problema de haber expropiado los fondos de jubilaciones es que esto para el futuro resulta ser una estafa, es realmente un tema trágico. Tenemos que entender que un país puede tener problemas y crisis de distribución de ingresos, de balanza de pagos, inflación, pero eso no justifica nunca el robo», afirma.
“El problema de expropiar los fondos de pensiones garantiza la estafa a jubilados futuros y actuales”, reitera. Lo ejemplifica con que en Argentina en la década de los noventa la pensión mínima era de 200 dólares y eso era lo que recibía alrededor del 30% de los jubilados. Ahora, sostiene, «es muy raro encontrar a un jubilado que no cobre la jubilación mínima que es de 100 dólares»; por lo que insiste en que el sistema bajo el control del Estado «es una estafa y no es rentable».
«La confiscación fue compulsiva»
Para profundizar en el caso argentino, Lazzari se remonta a la década de los cincuenta, cuando Argentina tuvo un sistema de capitalización colectiva que luego pasó a ser un sistema de reparto, el cual, para el economista, no funcionó porque los sistemas de repartos se pensaron para cuando la gente vivía 45-50 años en promedio. Además, «que la cantidad de cotizantes dependían de un ingreso que era incierto contra un gasto que era seguro». Esto llevó a que en 1994 se creará el sistema de AFJP.
No obstante, explica que las fuertes críticas políticas causaron que el año 2007 se llevara a cabo un plebiscito para que fuesen los ciudadanos los que decidieran si preferían pasarse al sistema de reparto instrumentado por el Banco de la Nación de Argentina. Ahí, «el 92% decidió quedarse en el sistema privado, sin embargo al año siguiente, la confiscación fue compulsiva», lamenta.
«Fue de locos, la gente aceptó esto pasivamente, como en forma de rebaño. Fue muy impresionante. Es más, todavía no hay protestas por eso y no hay una gran judicialización lo cual es gravísimo porque esa plata se perdió y se la llevó el Estado argentino», denuncia el economista.
Es por ello que cuando se le pregunta sobre las señales de alerta, recalca que hay que estar atentos al actuar de los legisladores, cuando estos comienzan a presentar «malos proyectos», que aumentan la intervención del Estado, y con ellos se empieza a socavar el sistema.
«Son esas declaraciones que no legislan pero tiene fuerza de ley. Cuando un político importante te dice que hay que estatizar porque es importante que la plata la maneje el Estado y no los particulares, se está sembrando la semilla», afirma.
Para Lazzari la advertencia está hecha. «Argentina es el ejemplo de lo que no hay que hacer, pues durante años hemos violentado la propiedad privada. Eso no fue causalidad, eso fue resultado de haber dejado entrar al Estado en nuestras pensiones, en nuestras propiedades, y en nuestros depósitos».