Siguen saliendo nuevos antecedentes en el llamado Caso Convenios, tras el allanamiento de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI al domicilio de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. A esto, se suman las declaraciones del senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre quien le quitó el piso a la parlamentaria y aseguró que “es muy poco probable que no supiera”.
Al mismo tiempo, se dio a conocer una carta enviada por el ex co-coordinador de la campaña del Apruebo para el plebiscito de salida del 4 de septiembre, Felipe Heusser, al Consejo para la Transparencia, donde detalló que la Fundación Democracia Viva les entregó un aporte por $30 millones, lo que se convierte en una nueva arista de este caso.
En Mirada Líbero abordamos este tema junto al diputado UDI, Jorge Alessandri, quien también se refirió al anuncio de RD de querellarse contra quienes resulten responsables, y advirtió que “vamos a pedir al fiscal que los saque como querellantes, porque no queremos que sean parte interviniendo y tengan acceso a la carpeta investigativa. No creemos que sea positivo poner al gato a cuidar la carnicería, en palabras coloquiales”.
El parlamentario agregó: “Acá tenemos un partido que sigue dirigido por los mismos, el mismo tesorero de Catalina Pérez, los mismos vicepresidentes que armaron el partido con Giorgio Jackson. Siento que esa señal para afuera se vio bien, pero los que estudiamos Derecho y sabemos cómo funciona, quedamos preocupados”.
Por otro lado, Alessandri detalló que le solicitaron al Presidente Boric suspender los pagos a fundaciones por 90 días, porque “el Presidente debe dar una señal fuerte, constituir una mesa con la Contraloría, decir cómo se van a realizar los pagos en adelante para que no vuelva a ocurrir esto, y de ahí seguir. Pero no lo ha querido hacer, siguen emitiendo cheques a distintas fundaciones, quizás nos vamos a encontrar con un caso más grande los 426 millones”.
Asimismo, hizo un llamado al Mandatario a tomar decisiones y hacer pagar las responsabilidades políticas. “El Presidente tiene que dar una señal de que esto le importa, lo ha dicho, pero tiene que pasar a la acción».
Y apuntó al gabinete: «Aquí tiene dos responsables: Carlos Montes, porque es el jefe del Ministerio de Vivienda, que sabía o debió haber sabido, las alarmas que este caso prendió tienen que haber llegado al ministro. Si no estuvo encima de esto, es grave. Y el otro es Giorgio Jackson, como fundador de RD, como reclutador de todas las personas. Él, que hace pocos meses, vino a poner un estándar ético y moral diferente, como que bajaba del cielo a enseñarnos transparencia, que ahora dé el ejemplo y diga que está siendo un lastre para el Presidente y para el gobierno. Sé que es amigo, compañero, lo que sea, pero el Presidente va a tener que ser duro y pensar en la República primero. O es Montes, o es Jackson”.
Alessandri: “Es difícil para el gobierno reconocer que una parte de su coalición piensa distinto en materia de seguridad”
Por otro lado, esta semana se venció el plazo que se había acordado entre el Gobierno y el Congreso para avanzar en la agenda legislativa de seguridad. Eran 31 proyectos a los que se les daría prioridad. 13 de esas iniciativas tenían un plazo que venció este 28 de junio con pocos avances, puesto que ninguna ha sido visada.
Frente a esto, Alessandri, quien también es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señaló que “a este gobierno le cuesta el tema de las metas y los plazos. Hay un alma del gobierno al que le cuesta mucho este tema. Hay proyectos que todavía no han ingresado y ahí se destacan algunos que ni siquiera se han redactado».
En esta línea, el parlamentario aseguró que una de las razones del retraso del Ejecutivo para presentar los proyectos de ley comprometidos tiene relación con la falta de apoyo desde Apruebo Dignidad en materia de seguridad. “Les duele o les molesta llegar con un proyecto de ley, como el de usurpaciones, que divida a las dos coaliciones de gobierno. Eso al gobierno le duele políticamente. Pero yo le digo a la ministra Tohá que no se preocupe de eso, todos los votos de Chile Vamos van a estar a favor en proyectos de seguridad. Por supuesto que, políticamente, es difícil para ellos reconocer que una parte de su coalición piensa distinto respecto a la persecución del crimen organizado y de cómo debiéramos endurecer la mano para que Chile vuelva a tener los índices que tenía hace 15 años atrás”, sostuvo.
Por lo mismo, indicó que junto al senador Felipe Kast, que preside la Comisión de Seguridad del Senado, están trabajando para poner en tabla los proyectos de seguridad. Alessandri aseguró que “como no recibimos urgencias del gobierno, pusimos en tabla la ley de usurpaciones, la pusimos como prioridad».
Agregó que “en el caso de la ley de usurpaciones que se aprobó en el Senado, el Ejecutivo constantemente iba a la Comisión de Seguridad para decir que había que bajarle la intensidad al proyecto, incluso diputadas del PC y del Frente Amplio han dicho que querer sacar gente de una toma con uso de la fuerza pública es criminalizar la pobreza. Yo, como Comisión de Seguridad, tengo que preocuparme de que se cumplan las leyes, que la propiedad privada se respete”.
Por esto, el diputado UDI explicó que “estamos citando los lunes a una sesión extraordinaria autoimpuesta por la urgencia para tramitar usurpaciones. Espero sacar en un mes y medio o dos meses, y que sea ley de la República, que se acabe la flagrancia de 12 horas, que tenga flagrancia permanente, y que las normas de la legítima defensa puedan ser usadas en tu casa, parcela, predio, campo en cualquier parte del país, porque si en un país la propiedad privada no se respeta, finalmente no se va a respetar ninguna norma”.