Publicado el 21 noviembre, 2020

Desplazados por violencia rural presentan, de manera inédita, recursos legales en contra del Estado de Chile por delitos de lesa humanidad

Autor:

Emily Avendaño

25 personas que residían en la ribera del Lago Lanalhue presentaron ante la Corte de Apelaciones de Concepción una acción de protección por haber sido desplazados y por la afectación de diversos derechos fundamentales derivados de este hecho. El recurso es en contra del Estado chileno. Las mismas personas se querellaron en el Juzgado de Garantía de Cañete, esta vez contra quienes resulten responsables, por varios delitos, entre los que se incluye el de “lesa humanidad de traslado forzoso”. En las próximas semanas otras 27 se sumarán con nuevas acciones. En Arauco denuncian la existencia de desplazados en zonas del lago Lleu Lleu, como Puerto Choque, y también en Quidico.

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Emily Avendaño

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La quema el 28 de agosto de cuatro cabañas situadas en la ribera del Lago Lanalhue gatilló las acciones de cara a la justicia. Ese día se viralizaron las imágenes de una mujer que debió huir de su cabaña a bordo de un bote ya que por el terreno “estaba todo quemado”. Primero, el 26 de septiembre, 21 personas recurrieron a la Corte de Apelaciones de Concepción -a las que luego se sumaron cuatro más- para solicitar una acción constitucional de protección. El texto presentado ante el juzgado dice que se está en presencia del delito de incendio terrorista y del delito de lesa humanidad de traslado forzoso, que aparece configurado en la Ley 20.357, referida a los Crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra. 

A cargo de esta acción está el abogado Andrés Cruz Carrasco, Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca y ex fiscal adjunto del Ministerio Público. “El recurso de protección es contra el Estado de Chile, por no haber brindado una protección adecuada para impedir que esto ocurriera tomando en cuenta que atendida la circunstancia y el contexto era evidente que iba a suceder y muchas de las personas habían reclamado ya a las autoridades de manera consecutiva en torno a la necesidad de obtener algún tipo de resguardo”, argumenta Cruz.

Ya la Corte de Apelaciones ordenó a Carbineros disponer de un punto fijo de vigilancia policial en los sectores Playa Tranquila, Punta del Sapo y Punta del Toro, la medida se tomó el 28 de septiembre y se concretó a partir del 16 de octubre de 2020. El caso podría llegar a la Corte Suprema, en caso de que haya una apelación. Es decir, si existiera una condena al Estado por estos hechos, en cuyo caso este podría apelar la decisión diciendo que sí está cumpliendo con la función de garantizar los derechos constitucionales de las víctimas. O, en caso de que se rechace el recurso, sería la defensa quien presentaría la apelación. Esta decisión se podría demorar alrededor de tres semanas más.

La acción de protección, que es contra el Estado de Chile, se encuentra personificada en las figuras del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Intendente del Biobío y el Gobernador de la Provincia de Arauco, por ser esas las figuras dentro del Ejecutivo a cargo del resguardo del orden público. En el proceso se involucró, a partir del 23 de octubre, el Consejo de Defensa del Estado en representación del Estado de Chile. 

En adición a esto, se presentó una querella que, entre otros delitos, incluye el crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de seres humanos, contra quienes resulten responsables, “en la que se contempla como sujeto activo del delito a individuos que formen parte de organizaciones o de grupos que de manera violenta y por la vía armada puedan ejercer algún tipo de control territorial”, dijo el abogado.

La querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Cañete el 5 de octubre. Cruz Carrasco, además, prepara nuevos recursos legales en representación de otras 27 víctimas. El texto será redactado en los mismos términos y también por residentes de los alrededores del Lago Lanalhue, ubicado en la la Provincia de Arauco, en la región del Biobío.

Tanto en la querella como en el recurso de protección se dice con respecto al crimen de lesa humanidad por traslado forzoso que se configura el delito al “perseguir, y haber conseguido como objetivo, obligar a un grupo de personas consideradas ajenas a la ‘etnia’ mapuche o no pertenecientes a las comunidades en conflicto, a desplazarse del territorio ubicado en el Lago Lanalhue hacia otros lugares dentro del país, lo que está relacionado con lo dispuesto en el artículo 7 letra d) del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y establece los delitos de lesa humanidad, por cuanto no solo los recurrentes, sino que también un grupo importante de personas, han sido expulsados del lugar por medio de actos coactivos que las han obligado a desplazarse de las zonas en las que se encontraban legítimamente presentes, siendo víctimas del delito de traslado forzoso”.

En la querella se agrega que este desplazamiento afecta a las 25 víctimas individualizadas, pues se trata de un delito cometido en el contexto de un “ataque perpetrado por un grupo armado organizado, existiendo indicios de que se ha obrado bajo la dirección de un mando, que se han adjudicado la comisión masiva de estos delitos de incendio en el mismo sector, llegando a ejercer un control sobre el territorio en el que se han consumado una multiplicidad de hechos punibles contra ciudadanos chilenos, sin que exista posibilidad de intervención del Estado, sea por incapacidad o por falta de voluntad, que les ha permitido a estos grupos organizados verse favorecidos al quedar sus actos impunes”. 

El abogado subraya que no conoce otros casos en los que se haya aludido al delito de lesa humanidad del desplazamiento forzoso en el caso de los hechos con connotación por violencia rural, por lo que indica que “esto permitiría darle un impulso distinto y de una vez por todas dejar especificado quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Porque hay muchas personas en estos momentos que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad en el contexto que se está dando y que están siendo permanentemente objeto de diversos delitos por parte de sujetos que quieren expulsarlos sin que el Estado asuma ningún tipo de acción decidida a los efectos de evitar que esto se siga llevando a cabo”. 

La respuesta del Estado

Como parte de las decisiones de la Corte también se ordenó a cada una de las oficinas mencionadas en el recurso de protección entregar un informe con respecto a su accionar. En este sentido, el Ministerio del Interior responde que “han cumplido y cumplen las funciones públicas que les competen a propósito de la coordinación en la prevención de delitos en la zona de Arauco”, y menciona la creación de la Mesa de Seguridad de la Macrozona Sur en marzo de 2018; la creación de un centro de información de inteligencia entre Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería y Fuerzas Armadas; el reforzamiento de capacidad de vigilancia área y terrestre, mencionan 14 proyectos de infraestructura policial que se encuentran vigentes en la Macrozona Sur.

Además, sostienen que “a contar de marzo de 2019 se fortaleció la vigilancia especialmente en este sector, con la instalación de un cuartel policial que realiza servicios policiales de patrullaje y presencia en zonas y rutas estratégicas”. Y, en particular, por el incendio del 28 de agosto indican que el Gobierno se querelló en la investigación criminal a cargo del Ministerio Público por los delitos de incendio con carácter terrorista, disparos injustificados y robo con intimidación.

El Ministerio del Interior sostiene que lo referido a la reparación cuentan con un catastro desde el año 2018 en el que están inscritos 924 casos de víctimas de violencia rural, incluyendo personas naturales, organizaciones sociales y empresas, que forman parte del Plan de Reposición de actividades económicas y sociales afectadas por violencia rural, y que coordina la Subsecretaría del Interior. Este plan cuenta actualmente con un presupuesto de $3.252.769.000. Otro de los argumentos de esa cartera es que el recurso de protección se introdujo de forma “extemporánea”. Agregan que “no existe ninguna acción u omisión en la cual hubiere incurrido esta Secretaría de Estado, por el contrario, conforme se señaló, se han ejercido efectivamente las facultades que le franquea la ley”.

Por su parte, la Intendencia del Biobío se adhiere al informe del Ministerio del Interior, destaca las coordinaciones de seguridad existentes en la Macrozona Sur y la participación de esta oficina en distintas reuniones con víctimas. Así como otras medidas específicas que incluyen fortalecer la vigilancia policial con servicios preventivos en la comuna de Cañete; reuniones de trabajo con gremios; participación en el Consejo Regional de Seguridad Pública; la realización del Comité Policial Provincial trimestral; la adquisición de cuatro drones; así como la implementación de distintos programas.

La Intendencia destaca que en total se han involucrado en 192 querellas desde 2018, en las provincias de Arauco, Biobío y Concepción. 

La Gobernación Provincial de Arauco también se sumó al informe del Ministerio del Interior y destacan su participación en reuniones para la coordinación de seguridad en la Macrozona Sur, así como a nivel reional y provincial. También han sostenido encuentros con agrupaciones y particulares afectados por la violencia rural y enumeran distintos proyectos que llevan adelante en materia de seguridad pública.

Tres sectores de Arauco los más afectados

Una de las víctimas de Lanalhue, que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias, relata que si bien su cabaña no fue una de las cuatro consumidas por las llamas el 28 de agosto, ese día marcó un punto y aparte. “Me sentí agredida, aterrada, atacada. Después de eso fuimos a la casa, sacamos todo lo que pudiera ser de valor y fuimos forzados a retirarnos”. Por ahora no tiene intención de volver. 

La víctima cuenta que la parcela la heredó de sus padres, quienes a su vez la compraron en los años sesenta. Se trataba de un territorio en el que se había asentado una colonia alemana en 1885 y sobre los que no existió nunca -y así queda asentado en los documentos legales presentados- ningún tipo de reclamación territorial.

Sin embargo, estaban rodeados por el fuerte aumento de atentados incendiarios a viviendas, antenas de celular y vehículos de distinto tipo en las cercanías de sus casas, bien sea en el camino Cañete-Contulmo, en el camino Contulmo-Purén, en otra ribera del lago Lanalhue más cercana a Cañete, o en las zonas de Chanchan, Peleco, Elicura, Calebu, San Ernesto o El Nogal. A esto se suma que luego de la llegada de la pandemia a Chile, en marzo, los vecinos del área se encontraban con barricadas casi a diario que les impedían trasladarse a pueblos cercanos como Purén y Cañete, lo que además afectaba la cadena de abastecimiento. 

“Nosotros no residimos permanentemente en la parcela, pero teníamos muchos años yendo, más de 50 en mi caso. Hicimos lazos de amistad con los vecinos de Contulmo, por la frecuencia con que la visitamos habíamos echado raíces sin residir allí de forma permanente. Era el lugar en el que había planeado mi retiro. Es un sitio que amamos en donde están los recuerdos de la infancia míos y de mis hijos. No volver allá es doloroso y muy triste”, afirma la víctima de desplazamiento. 

La mujer además advierte que se trata de un suelo tipificado como urbano, por lo que la Conadi no puede comprar esas tierras y reafirma que durante décadas convivieron allí colonos, mapuche y chilenos siempre de forma armónica. “Esto no tiene su origen en el tema mapuche. Se trata de mafias que quieren establecerse, como si ese fuera un territorio propio. Son guerrillas, andan con fusiles de guerra, se instalan como lo hacía las FARC en Colombia y a nada de eso le han tomado el peso”, opina. 

Solange Etchepare, vocera de la Agrupación Paz y Diálogo en el Biobío, resume que en la Provincia de Arauco son tres las zonas en las que se ha visto con mayor fuerza el desplazamiento de personas, no solamente de quienes vivieron en esos lugares durante generaciones, sino también de quienes tenían su segunda vivienda en el sitio.

Etchepare menciona primero el Lago Lleu Lleu, donde está Puerto Choque. Afirma que el 100% de esas familias tuvo que salir del lugar porque fue la primera zona donde comenzaron los grandes incendios a casas. Unas 100 familias se habrían visto afectadas, según los datos que maneja. Esto habría ocurrido a partir de los tempranos 2000, con las amenazas y atentados incendiarios que sufrió el fundo de Osvaldo Carvajal, llamado Hacienda Lleu Lleu, “luego los atentados fueron avanzando en el territorio, en el Lago Lleu Lleu, hasta terminar con su total desocupación. Hoy en ese lago no existen más que familias de comunidades mapuche. Todos los que no son de ese origen se tuvieron que ir y la mayoría desplazados por la fuerza”, sostiene Etchepare. 

La vocera de la Agrupación Paz y Diálogo en el Biobío explica que luego esto fue avanzando  hacia el lago Lanalhue. Sobre todo afectando a familias del borde sur del lago. “Hablo de la zona que va desde el cruce de Peleco, por el lado poniente del lago y después casi toda la ribera sur, a excepción de las familias de comunidades mapuche. Eso yo diría que partió más o menos en 2015. Primero con atentados a empresas forestales, y luego empezó la quema de casas, atentados armados, abigeato, lo que terminó con familias que se desplazaron a Santiago o a Concepción y otras que veraneaban allí que nunca más volvieron”.

La tercera afectación, explica, empezó hace un año y medio o dos años en el eje Quidico-Tirúa. “Esa caleta pesquera era históricamente dedicada al turismo, y allí en plena zona urbana hay más de 40 viviendas incendiadas que también quedaron abandonadas”.

En respuesta a la Corte de Apelaciones de Concepción, como parte de la acción de protección, el Ministerio Público informó que identificaron la comisión de 62 hechos delictuales en las inmediaciones del Lago Lanalhue en los últimos dos años, de estas 51 investigaciones se encuentran terminadas y 11 están vigentes. Adicionalmente, el fiscal de alta complejidad Juan Yáñez, a cargo de las investigaciones de hechos de violencia rural en la Provincia de Arauco conduce 109 investigaciones por acciones ocurridas en los alrededores del Lanalhue (incluyendo Contulmo y las zonas aledañas a la Ruta P-60 R, que corresponde a Cañete-Contulmo-Purén), que en la mayoría de los casos corresponden a delitos contra la propiedad y atentados incendiarios.

Etchepare señala que gran parte de las viviendas al quedar desatendidas, terminan por ser tomadas. “La mayoría de las personas que abandonan estas propiedades nunca más vuelven a recuperarlas. Pierden su patrimonio”. Sobre este punto, el abogado Cruz Carrasco subraya que el objetivo de los instrumentos presentados es “que las cosas vuelvan al estado anterior en que se encontraban previo al ataque”. 

Asevera el abogado que “hay muchas casas que fueron abandonadas porque esto no se trató simplemente de un ataque, va unido a unas amenazas. El objetivo en el fondo es lograr que estas personas se vayan y muchas inclusive se fueron antes por ser amedrentadas. No son empresarios, en su mayoría no son turistas que tengan una segunda vivienda, muchas de ellas son personas que viven ahí y que producto del esfuerzo de toda una vida lograron asentarse a orillas del Lanalhue como cualquier persona que toma una decisión en torno a trasladarse a un lugar y habitarlo y se encontraron en este contexto que ha puesto en riesgo su vida, su integridad física y también su futuro”.

Etchepare plantea que si bien aún no se alcanza el número de víctimas por desplazamiento que pudo tener las FARC en Colombia, se trata de sucesos igualmente graves. “El desplazar a personas de un lugar a otro en el territorio forzosamente, sistemáticamente, por un grupo armado, con atentados continuos y sistemáticos y además con la complicidad del Estado es un tema gravísimo… Los juicios van a pasar en algún momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con esta denuncia por delito de lesa humanidad, donde no solo serán enjuiciados los terroristas que produjeron el hecho, sino también las autoridades que lo permitieron, no solo de este gobierno, sino del anterior, con todos sus ministros del Interior, de Defensa, el Presidente, la ex Presidenta”.

No obstante, en este punto discrepa Cruz Carrasco, para quien por tratarse de un delito ya tipificado en la legislación chilena, “no es necesario que intervenga la justicia internacional”. Añade que “es perfectamente pesquisable por parte de los tribunales nacionales y el Ministerio Público. Yo creo que se puede lograr el objetivo por parte de los tribunales nacionales, no veo que sea necesario, ni tampoco pertinente, la intervención de tribunales extranjeros. La Corte Penal Internacional no creo que sea la instancia adecuada para los efectos de conocer un delito de estas características”.

También en la Araucanía: “No voy a regresar nunca más”

En la IX Región también existen casos de desplazamiento forzoso, pero no se han organizado para hacer frente a la situación. El profesor jubilado Carlos Bühlmann tenía como plan para su retiro continuar al frente de una granja educativa y campo deportivo, pero las amenazas reiteradas y los carteles en el suelo exigiendo su salida del “territorio mapuche” frustraron sus planes. Tuvo que dejar el fundo y la antigua casa patronal construida por sus antepasados antes del año 1900, el 11 de marzo de este año. Se fue en silencio. No quería hacer ruido sobre su partida. Poco más de un mes después, el 24 de abril, la casa con más de 120 años de antigüedad fue quemada hasta los cimientos, con animales incluidos, en la comuna de Ercilla. 

Los bisabuelos de Bühlmann fundaron el Fundo El Molino, habían sido molineros en Alemania y replicaron la actividad, que consiste en sacar la harina del trigo, en las tierras que les entregaron en 1885. Luego Bühlmann, profesor de Educación Física, mantuvo allí entre 1970 y 2015 su proyecto educativo. Cada verano llevaba a La Araucanía a entre 20 y 30 jóvenes de Viña del Mar (donde residía la mayor parte del año) a que aprendieran allí la vida del campo: les enseñaba a cabalgar, artesanías, teatro y los estudiantes -que a lo largo de los años fueron más de 3.000- se alojaban dentro de la casa patronal. 

Al jubilarse, en 2018, Bühlmann quiso cumplir su sueño de vivir permanentemente en el fundo, que quería convertir en espacio para el deporte. Invirtió y desarrolló canchas para carreras de perros y de caballos, una rayuela, cancha de futbolito, para tenis de mesa y minigolf, así como una cantina. Pero a lo mucho logró hacer algunas carreras de perros. 

Las amenazas a su predio comenzaron en enero de 2019. “No pude terminar mi obra”, reclama. Las 120 ovejas que tenía se las estaban matando, además de quemar el pasto con el que se alimentaban. En los últimos dos días allá debió venderlas a la rápida. “Sí me siento desplazado. Me pasaron por encima. Los últimos 60 días en el fundo los tuve que vivir con una escopeta atravesada en el pecho y con un revolver entre los calcetines. Como dormía así, decidí marcharme. Ahora la tierra quedó para que la venta a la Conadi. No se puede hacer nada”, se resigna. Y asegura: “No voy a regresar nunca más”.

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