Publicado el 21 septiembre, 2021

Derecho a la educación, libertad de enseñanza y de elección: la “tríada” que propone la UC para la Convención

Autor:

Ángela del Canto

“Si no hay libertad de enseñanza, no hay derecho a la educación, si no hay derecho a la educación, no hay libertad de enseñanza, ese es el gran mensaje que queremos dar”, señala el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval. El análisis es parte de las propuestas del plantel con miras al debate constitucional.

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Ángela del Canto

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El derecho a la educación, la libertad de enseñanza y de elección en la educación de los padres sobre sus hijos son tres de los pilares fundamentales que el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica (UC) busca instalar en el proceso de discusión constitucional. En un documento, expusieron los resultados de la discusión de un grupo de académicos sobre qué fórmula sería la más idónea para lograr un sistema educacional democrático, pluralista, de calidad, con pertinencia pedagógica y financiamiento suficiente. 

En medio del trabajo por una posible nueva Carta Fundamental expresaron que el propósito, más que entregar una formulación prescriptiva, “pretende facilitar insumos, aclarar conceptos y presentar reflexiones y propuestas en relación a ciertas temáticas priorizadas por el equipo, con miras al trabajo que desarrolla la Convención Constitucional”. Según exponen, en Chile más bien hay consenso sobre la importancia de mantener las garantías a la educación y la libertad de enseñanza en la Constitución. Sin embargo, existen diferencias sobre los aspectos de los derechos “que han de ser relevados al nivel constitucional y de qué forma, según se ha visto reflejado en la discusión pública en el último tiempo”.

Si no hay libertad de enseñanza, no hay derecho a la educación, si no hay derecho a la educación, no hay libertad de enseñanza ese es el gran mensaje que queremos dar”, señala el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval.

En conversación con El Líbero, el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval se refiere a las principales implicancias de la publicación sobre la que, recalca, buscan asegurar tres derechos “íntimamente unidos”; la libertad de enseñanza, el derecho a la educación y la libertad de elección.

“Nosotros nos concebimos en esta tríada, por sí solos no funcionan adecuadamente”, asegura Irarrázaval. Aclara que dicha correlación se debe a que el derecho a la educación implica garantías de disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, pero la libertad de enseñanza también refuerza otras libertades fundamentales que son parte de los Derechos Humanos. Si no hay libertad de enseñanza, no hay derecho a la educación, si no hay derecho a la educación, no hay libertad de enseñanza ese es el gran mensaje que queremos dar”, dice. 

En La Mirada El Líbero en Agricultura,  el académico explica que el Centro de Políticas Publicas ya ha desarrollado otros contenidos en materia constitucional:  “Hicimos una propuesta en términos de descentralización, otra en términos de pueblos indígenas, de sustentabilidad y también pensábamos que el tema de derecho a la educación y libertad de enseñanza iba a ser un tema importante. En todos estos hemos convocado a profesores de la universidad en algunos casos con expertos y expertas externos a la universidad, para desarrollar estos temas e intentar contribuir a la discusión que se va a venir a la Convención. O sea, esto viene antes de que se levantara la polémica de estos días cuando se decidió no incorporar el tema de la libertad de enseñanza dentro del temario que finalmente se va a discutir”.

La educación en la Convención

El tema educacional no ha estado fuera del debate constitucional. El pasado martes fue el propio Presidente, Sebastián Piñera quien por medio de su cuenta de Twitter aseguró que “los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia”. 

Las declaraciones del Mandatario se dan luego de que en los últimos días de agosto, la Comisión del Reglamento de la Convención rechazara la iniciativa impulsada por Vamos por Chile sobre la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que posteriormente se trataría en la comisión de Derechos Fundamentales. El debate también incluyó la intervención del vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa quien pidió al jefe de Gobierno “no desinformar a la ciudadanía”. 

Ante los hechos y la connotación que ha desatado en el ámbito educacional, Ignacio Irarrázaval dice que la Convención todavía no ha entrado en el fondo y que va a existir una discusión mucho más profunda sobre los derechos sociales que según espera, comience en octubre próximo. Sin embargo, considera que es una señal omitir el concepto dentro del temario de lo que abordarán las comisiones.

“Yo diría que todas las reacciones han sido un poco para ponerse en alerta, prevenir sobre la señal que se ha dado. La economía y la política está dada por señales. De alguna manera la Convención no ha normado ni ha acordado aún -espero no lo haga- el omitir la libertad de enseñanza, pero omitirla dentro del temario de los contenidos que se van a tratar da una señal que es preocupante” expresa.

“Nosotros creemos que el derecho de la educación y de la libertad de enseñanza deben garantizar este pluralismo, el Estado también es garante de estos derechos, obviamente que no se desconoce para nada, tiene un rol muy importante de garantizar y promover estos derechos. Ahí, hay un pilar bien fundamental en el rol del Estado como garante de estos”, señala el director del Centro de Políticas Públicas UC.

El académico agrega que la aprobación es un aspecto vital: “El tema de la libertad de enseñanza viene prácticamente desde el año 1874, o sea, este tema se incorporó en la Constitución de 1833. Hay toda una tradición en nuestro país que no se puede borrar”.

El rol del Estado como “garante de la libertad de elección y en el financiamiento”

Los antecedentes históricos fueron parte de la elaboración de la propuesta de la UC. Según explica el documento, las primeras constituciones de Chile solo se referían a la educación pública desde la perspectiva del deber estatal de proveer o proveer “preferentemente” -según los textos de 1833 en adelante-. “Sin embargo, la educación no fue reconocida como un derecho fundamental de las personas sino hasta 1980, con la promulgación de la actual Carta Magna”, dice el texto.

El análisis de los antecedentes y la discusión posterior llevó al grupo de académicos a proponer siete materias que deberían estar presentes en una nueva Constitución: El derecho a la educación y al aprendizaje; Protección de la libertad de enseñanza; Libertad de elección; Financiamiento como garantía de la libertad de elección; Participación de la comunidad educativa; Reserva legal en materias de mayor relevancia, y una cláusula que evite antinomias interpretativas.

De alguna manera la Convención no ha normado ni ha acordado aún -espero no lo haga- el omitir la libertad de enseñanza, pero omitirla dentro del temario de los contenidos que se van a tratar da una señal que es preocupante” expresa Ignacio Irarrázaval.

“Es muy difícil aislar a uno del otro”, dice Irarrázaval. Asimismo, desde el Centro de Políticas Públicas consideran que para que se haga efectivo el resguardo del derecho a la educación, libertad de enseñanza y libertad de educación “se requiere un rol del Estado como garante de la libertad de elección y eso tiene que ver con financiamiento, creemos que también se requiere y es conveniente asegurar la participación de la comunidad educativa. Es decir, el funcionamiento conjunto de las propuestas mencionadas”. 

“No se debe disolver esta triada. A veces pareciera ser que la educación y el derecho a esta compite con la libertad de enseñanza y nosotros decimos todo lo contrario, uno garantiza al otro”, agrega.

La experiencia internacional es una de las bases del documento. Para plantear la necesidad de consagrar el derecho a la educación y el aprendizaje aluden al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) y sugieren especificar que “la educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona, tal como ocurre en Brasil, Ecuador, España, Portugal”. Además, consideran que “debiera aludir a algunos de sus fines colectivos, como el pluralismo en el sistema educativo (público y privado), el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos, así como se hace en Argentina, Bélgica, Colombia, Ecuador, España y Portugal”. 

Sobre la valoración y adhesión de la ciudadanía a mantener dichas garantías consagradas en el Desc, el académico reconoce que es difícil medir el nivel de consenso, pero creen que hay bastante: “El acuerdo del 15 de noviembre se compromete a respetar los tratados internacionales que Chile ha firmado. Chile se adhirió al pacto de los Derechos Económicos y Sociales que ha sido ratificado por más de 180 países, entonces, nosotros creemos que lo más evidente es que estos derechos deberían ser consagrados, probablemente ampliados”.

Frente a la expansión de los derechos, proponen el derecho al aprendizaje, que según comenta Irarrázaval ya está en la Constitución de Argentina y en la de otros países. “Es bien interesante porque una cosa es el derecho a la educación como acceso, la libertad de enseñanza como posibilidad de elección, pero también el niño o el joven tiene derecho a aprender y ese aprender tiene que ver con contextos, realidades. Es interesante, es un concepto novedoso para Chile porque no estaba en la Constitución actualmente, viene de otras” explica.

¿Dónde estaría la función del Estado? El director del Centro de Políticas Públicas UC enfatiza en que el Estado tiene un rol muy importante de garantizar y promover todos los derechos mencionados. Para que las propuestas funcionen, considera que el Estado debe tomar un rol protagónico como garante de la libertad de elección y en el financiamiento. En este sentido, considera que el financiamiento público a proyectos privados es lo que permite la libertad de elección y de enseñanza donde afirma que el Estado en su rol de garante, va a definir ciertos criterios. 

Asimismo, asegura que puede haber proyectos privados que respeten los criterios como la libertad de enseñanza, miradas que constituyen el pluralismo y “ahí puede haber una formación más religiosa, de una cierta cultura, que pone énfasis en las características de los pueblos indígenas, etc. Y, para esos proyectos educativos a lo mejor el Estado no tiene la capacidad”. 

“Eso ha sido en el caso chileno porque más de la mitad de la matrícula es de carácter particular subvencionado, entonces tiene el deber de financiar para garantizar esta libertad de elección”, subraya.

Irarrázaval destaca que dicha función y aporte del Estado al financiamiento de la educación particular subvencionada es muy antiguo. “No olvidemos, el derecho a la educación también conlleva asegurar una diversidad de proyectos educativos y esta se afirma con la libertad de enseñanza. En ese sentido, el financiamiento del Estado no es un financiamiento porque sí, es parte del rol de garante de este derecho a la educación”, enfatiza.

Pincha acá para leer el completo el documento Contribuciones a la discusión constitucional: libertad de enseñanza y derecho a la educación

 

 

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